* Postal diseñada por el compañero Pablo Jones Medina.

Juan Pablo Segovia Gutiérrez (*)

El Ateneo de Granada Republicana UCAR / El Independiente de Granada

23/11/2021

Dos décadas atrás, la mayor parte de la información que recibía la sociedad sobre política, ciencia o salud provenía esencialmente de tres fuentes: diarios impresos, radio y televisión. Con la mejora de Internet en cuanto a accesibilidad y velocidad de navegación, se abrió un abanico inmenso de alternativas a la hora de buscar información sobre cualquier tema: diarios digitales, blogs, canales de información a través de plataformas como YouTube, etc. Además, el uso masivo de las redes sociales (RRSS) facilitó que pudiésemos contactar con personas de todas las regiones del país y, en general, de todos los rincones del mundo instantáneamente.

Los beneficios de estas nuevas vías de intercambio de información son claros e innegables. Por ejemplo, han servido para exponer situaciones de injusticia, de violencia, situaciones que requieren de atención y que por los medios convencionales quizás nunca se hubiesen conocido. También han servido para agilizar y organizar protestas sociales o fomentar actos solidarios. Sin embargo, hay otra cara de la moneda: los bulos y la manipulación de la información.

Últimamente, la difusión de bulos e información manipulada a través de las RRSS ha crecido exponencialmente, tanto que cada día se pueden encontrar decenas de ejemplos. Este hecho ha promovido la creación de agencias mediáticas, en principio imparciales, que se dedican a desmentir los bulos de forma eficaz. Pero la realidad, muchas veces, refleja un resultado distinto: los bulos, aun siendo desmentidos, acaban por calar en parte de la sociedad. Y esto último es bastante preocupante y peligroso.

En un contexto como el actual, con el virus todavía presente y con una situación socioeconómica muy dura, los bulos y la desinformación han estado a la orden del día desde casi el inicio de esta crisis. Cuando estalló la pandemia en marzo de 2020, todo era incertidumbre y miedo y lo cierto es que la sociedad en nuestro país, en general, respondió con responsabilidad. Con el paso del tiempo, debido al miedo y a la incertidumbre, la desesperación empezó a dar lugar a elucubraciones de todo tipo. Y así pasó y sigue pasando en todo el mundo a día de hoy.

Detrás de todo esto hay, a mi parecer, varios motivos. Uno de ellos es el ya mencionado miedo o incertidumbre a lo desconocido. Un segundo motivo importante es la difusión de bulos, que acaban llegando a casi cualquier teléfono móvil mediante miles de reenvíos a través de la mensajería instantánea. Por último y, para mí, el más preocupante, es la desconfianza palpable en la ciencia. Esta desconfianza, por supuesto, se ha visto agravada por la situación emocional actual y por la difusión masiva de bulos sobre remedios alternativos para el virus, microchips en las vacunas o hasta la negación de la existencia de la pandemia, entre otras. Pero una raíz fundamental del problema, de la desconfianza en la ciencia, tiene un origen ideológico en el caso de España.

Durante las primeras décadas del siglo XX, en nuestro país empezaba a florecer el apoyo a la ciencia de una manera muy importante, tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, a esa época se la conoce como la Edad de Plata de las letras y las ciencias españolas. Durante la Segunda República, la pretensión de los diferentes gobernantes fue justamente la de impulsar las diferentes disciplinas científicas y darles apertura internacional mediante colaboraciones e intercambios entre instituciones de diferentes países. Esto hubiera supuesto, además, avances importantes a nivel económico y social, pudiendo haberse establecido las bases de una sociedad moderna y progresista, sostenida en parte por el pensamiento científico. Sin embargo, todo quedó paralizado por el inicio de la Guerra Civil en 1936.

Durante el franquismo se produjeron avances científicos muy importantes, pero el peso del pensamiento nacional-católico, que se incrustó en la población y que se perpetúa hasta hoy en cierta medida, eclipsó grandemente la conexión entre el mundo científico y el resto de la sociedad. Además, la situación socioeconómica, con un porcentaje muy grande de la población pasando necesidades y con el único objetivo de sobrevivir a diario, complicaba aún más el crecimiento de esa conexión. Lamentablemente, esto supuso un retroceso de décadas.

La llegada de la democracia trajo consigo aperturismo e internacionalización científica. Se presentaban nuevas oportunidades. A pesar de ello, las inversiones públicas se mantuvieron siempre bastante por debajo de otros países del entorno. Y esto llega hasta nuestros días. Aun así, nuestro país es, actualmente, referente en varias modalidades, entre ellas la biomedicina. Sin embargo, algo se dejó de lado otra vez: la búsqueda de la conexión ciencia-sociedad.

El pensamiento retrógrado, como dije antes, sigue incrustado socialmente y es comprobable simplemente visitando las RRSS, analizando los mensajes que se difunden masivamente y reflexionando sobre los intereses que hay detrás. Además, en esas mismas redes de difusión es precisamente donde comienzan muchos bulos y desde donde se difunde cierta información manipulada. Actualmente, parte de esos mensajes masivos está relacionada con temas de salud, como mencioné antes, sobre las vacunas, sobre remedios alternativos o sobre la negación de la propia pandemia. Y ante el desbordamiento para frenar este virus de la desinformación, queda una única vía: empezar desde ya, por la base de la educación reglada, con el fomento del pensamiento crítico y de la búsqueda de la conexión perdida entre el mundo científico y el resto de la sociedad. Quizás no salvemos nuestro presente, pero sí el futuro.

(*) Juan Pablo Segovia Gutiérrez es doctor en Física Aplicada, investigador científico en Alemania y miembro del colectivo ciudadano Granada Republicana UCAR.

http://www.elindependientedegranada.es/politica/ciencia-bulos-20

Antonio Molina Guerrero (*)

El Ateneo de Granada Republicana UCAR / El Independiente de Granada

28/10/2021

La memoria es el pilar de la identidad. Somos quienes somos, en parte, porque recordamos los hechos importantes que nos influyeron, nos determinaron, nos empujaron unas veces y nos arrastraron otras hasta llegar a donde estamos, a elegir lo que elegimos y a defender esa elección ante nosotros mismos y ante los demás.

Si creemos lo que escribe Schopenhauer sobre la causalidad, entonces, de volver a estar en las mismas situaciones, volveríamos a elegir las mismas opciones, a cometer los mismos errores y aciertos, a volver a ser nosotros mismos con nuestros defectos y algunas virtudes; porque lo que nos influyó o determinó en su momento, volvería a hacerlo en la misma medida si nada más cambia, con las mismas consecuencias. Y así volveríamos a llegar a ser quienes somos ahora, a partir de lo que fuimos antes y buscando ser mejores en un futuro. Nuestra memoria es también el hilo conductor de nuestro tránsito, de nuestro esfuerzo por progresar y perdurar, de nuestra esperanza por construir entre todos algo mejor.

Lo hemos visto muchas veces ya: hay pocas situaciones que sean tan tristes, dolorosas y desoladoras como que tus seres queridos pierdan la memoria, desvaneciendo su identidad, dejando poco a poco de ser como eran, disolviéndose como un reloj de arena que se vacía hasta convertirse en un frasco trasparente, tangible, apreciado, querido, pero donde ya no queda casi nada de lo que fue… Esa esencia que procuraremos guardar en nuestra memoria porque la suya claudicó. Porque la memoria es el puntal de nuestra identidad, el soporte que relaciona nuestro pasado con nuestro futuro. Porque en cierta manera, nuestra memoria es nuestro espíritu y somos nosotros mismos.

En España tenemos un problema serio con la memoria y se debe, en buena parte, a que tenemos un problema serio con la historia. Se debe a que es difícil reivindicar a los héroes y los inocentes asesinados en la tapia de un cementerio sin que sus verdugos se avergüencen, si les queda algo de humanidad, o muestren al mundo que no la tienen. En cualquier caso, su situación en ambas opciones es desagradable y expuesta ante la opinión pública. Así que es algo que tratarán de evitar por todos los medios.

Sigamos con el futuro y la manera de conquistarlo:

Maslow estableció una pirámide de necesidades y objetivos vitales a satisfacer que es muy interesante, y que pone en su base los elementos necesarios de pura supervivencia. Si la simple supervivencia física no está garantizada, todos los recursos accesibles se dedicarán a lograrlo, y sólo después de hacerlo nos plantearemos subir por la escala de las motivaciones hasta la cúspide. Desde arriba se puede renunciar a algunas de las necesidades más básicas por un ideal, pero después de haberlas conquistado. Antes es mucho más complicado.

La mayoría de la población tiene como objetivo fundamental sobrevivir, transmitir algo que consiga a alguien a quien ame y que le dejen en paz. Bastante dura es ya una parte de la existencia sin necesidad de más problemas. Así que los más interesados en que todo siga igual fomentarán por tierra, mar y aire un mensaje de caos, riesgo, incertidumbre, dolor, sacrificio y sufrimiento. De “vale más el mal menor” aunque este sea inimputable, evada impuestos y cobre comisiones con ambas manos; aunque se trate de un ejemplar parasitario de una familia de vividores protegida por un círculo cortesano de comisionistas. Lo vemos continuamente y no necesitamos más pistas.

Y en este punto crítico, es donde los defensores de un statu quo de estamentos nobiliarios van a esforzarse por asociar de forma intensa al movimiento memorialista con el movimiento democrático que impulsa la Tercera República. Es imposible construir una República sin un amplio movimiento popular que la respalde. Y es imposible construir un movimiento popular amplio que se base sólo en ejemplos derrotados.

Debemos apoyar con todas nuestras fuerzas los trabajos de las organizaciones memorialistas por lo que hacen para honrar a todos los que defendieron la justicia y la democracia en el siglo pasado. Se merecen toda nuestra admiración y reconocimiento. Pero debemos recordar que ese apoyo es independiente del trabajo por promover y fomentar a muchos más defensores de la justicia y de la solidaridad este siglo. A largo plazo, nadie querría estar en el lado perdedor por mucha razón que tenga. No se puede construir un movimiento masivo únicamente sobre figuras admirables de mártires que tenían razón y fueron derrotados. No hay un solo movimiento social en la historia que lo haya conseguido. O buscamos modelos de éxito y orgullo que presentar, o el desgaste de la realidad actual será suficiente para laminar las iniciativas democráticas.

El movimiento republicano debe basarse en un ideal de futuro, de lo que se quiere conseguir. Debe promover un ideal de Estado cuyas instituciones (y su funcionamiento) den lugar a sentir orgullo de pertenencia por muchas razones diferentes (sólo unas pocas no serían suficientes para vencer la inercia de la costumbre, o la presión de un poder ya establecido).

Debemos plantear una República que sea una potencia de investigación y desarrollo de tecnología de vanguardia. Que sea una potencia científica, y por ello, una potencia tecnológica: el conocimiento es el único bien que puede crecer exponencialmente con independencia de los límites en los recursos. Que sea un referente sanitario y un referente educativo, como ya lo fue otra República anterior con un desarrollo extraordinario de la educación pública. Y que fomente el bienestar de muchos por encima de los privilegios de unos cuantos, ya que cuanto mejores sean las condiciones básicas de vida para todos, más interés tendremos en pensar más, en buscar más objetivos que perseguir y realizar.

En espacios de opinión como este Ateneo de Granada Republicana UCAR, los compañeros del movimiento republicano han propuesto sistemas y planteamientos que mejorarían notablemente la vida de la mayoría de la población. Debemos estudiarlos e integrarlos para promoverlos con sus ventajas. Y debemos pensar en mecanismos que protejan esas condiciones para que un grupito de corruptos que quiera desmontarlas por una comisión suiza no pueda lograrlo.

Los más interesados en que todo siga como hasta ahora (porque a ellos les ha ido bastante bien) nos dirán que esos caminos ya se intentaron y fracasaron. Y entonces les preguntaremos por todas las veces que ellos mismos intentaron caminar y cayeron, o tropezaron, o les empujaron… Y si eso impidió que volvieran a ponerse en pie otra vez. Si utilizaron su memoria del fracaso y del objetivo para reflexionar, cambiar algo y volver a intentarlo hasta lograrlo. Y sabemos que sí, que lo volveremos a intentar siempre porque nunca olvidaremos nuestros valores, nuestros objetivos y nuestros errores.

La memoria es el pilar de la identidad. Constituye lo que somos y guía a nuestra voluntad hacia lo que queremos ser. Es un largo camino a recorrer desde la situación actual, pero cada nuevo intento será mejor que el anterior y expandirá nuestro horizonte democrático. Se añadirá a la memoria que conformamos entre todos y servirá de nuevo punto de apoyo para sucesivos impulsos democráticos. Y en cada uno de ellos mejoraremos. Merecerá la pena.

(*) Antonio Molina Guerrero es psicólogo, técnico en prevención de riesgos laborales y vocal de la Ejecutiva de la asociación Granada Republicana UCAR.

http://www.elindependientedegranada.es/politica/memoria-futuro

El reto de la atención a las personas en situación de dependencia

Carmen Rodríguez Pardo (*)

El Ateneo de Granada Republicana UCAR / El Independiente de Granada

28/09/2021

En Andalucía viven más de 1.2 millones de personas mayores de 65 años, de las cuales más de 200.000 son mayores de 80 años, según datos de la Consejería de Salud y Familia. Andalucía es, además, la Comunidad Autónoma con más falta de plazas en residencias. Harían falta más de 28.000 plazas para alcanzar la ratio de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años.

Según la OCU, el tiempo de espera para conseguir una plaza en residencias es de 57 días en residencias privadas, 163 en residencias concertadas y de 209 días para una pública, que pueden llegar hasta los dos años (731 días) en el caso de Andalucía.

La desigualdad entre las diferentes Comunidades Autónomas es significativa tanto en el número de plazas como en la calidad de estas. Queramos o no, no es lo mismo una plaza en una residencia pública, concertada o privada, ya que la desigualdad entre estas se hace patente tanto por el precio de la plaza como por la atención recibida, que es directamente proporcional al número de trabajadores y profesionalidad del centro.

En nuestra Comunidad el 70% de las gerocultoras y gerocultores que trabajan en residencias públicas deben tener titulación de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería o Técnico en Atención Sociosanitario. Esto hace que este tipo de centros cuenten con mucho más personal especializado que los concertados o los privados.

La falta de plazas públicas hace que las familias muchas veces se vean abocadas a contratar plazas privadas, que conllevan un gasto que muy pocas de ellas pueden permitirse, o, en el peor de los casos, a contratar en régimen de “esclavitud” a personas desprotegidas o sin papeles.

Otro servicio que ofrece la Ley de Dependencia es el servicio de ayuda a domicilio, cuya finalidad es permitir a los mayores poder seguir viviendo en sus hogares, reforzando su autonomía y sin tener que ser apartados de su entorno y relaciones sociales. Esto nos lleva a plantearnos si es suficiente el actual servicio de ayuda a domicilio, sobre todo en los casos en los que los cuidadores no cuentan con un apoyo familiar continuo.

Otro aspecto a tener en cuenta es la rentabilidad del servicio. Según Gustavo García Herrero, en su artículo “El servicio de la ayuda a domicilio en la encrucijada”, un mayor que reciba una atención superior a 25 horas semanales resulta más caro que una plaza de residencia por lo que no podemos plantearlo como una única solución, sin pensar en implementar otros servicios que garanticen la correcta atención de estas personas.

Somos esclavos del “baby boom” de los años 60, ya que será a partir del 2025 cuando la población superior a 65 va a tomar un mayor protagonismo desde el punto de vista demográfico y, por tanto, también electoral y político. Entonces se abrirá una ventana a la oportunidad de repensar nuestro estado como un régimen federal y republicano.

Posiblemente, la generación que más ha luchado (y conseguido) los derechos que hoy disfrutamos (en este caso, la Ley de Atención a la Dependencia), aunque sea solo en el marco del papel mojado de la Constitución del 78, se verá privada de ellos por la ruptura del principio de igualdad, que en una constitución republicana deberíamos plantear con muchas más garantías para el ciudadano.

(*) Carmen Rodríguez Pardo, antigua auxiliar de enfermería en una residencia concertada, forma parte de la entidad cívica Granada Republicana UCAR.

http://www.elindependientedegranada.es/politica/atencion-dependencia-igualdad-republicana

Guillermo Portilla Contreras (*)

El Ateneo de Granada Republicana UCAR / El Independiente de Granada

29/07/2021

La dictadura franquista esbozó y ejecutó un Derecho penal vindicativo con la intención de destruir cualquier vestigio de República. Un plan basado en el aniquilamiento físico, desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales y la desposesión de cargos y bienes de los vencidos.

Tras la rebelión militar de 1936 se generó un Derecho penal de excepción de inspiración nacionalsocialista que se tradujo en los Consejos de guerra sumarísimos de urgencia; los procesos de depuración (1936); de incautación de bienes (1937); Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939 (LRP); Ley sobre Represión de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940 (LRMC); Ley de Seguridad del Estado de 29 de marzo de 1941 (LSE). Un sistema estructurado en torno a la interconexión permanente entre los diversos tribunales: Consejos de Guerra, Comisiones Liquidadoras de Bienes, Comisiones de Depuración, Tribunales de Responsabilidades Políticas, Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo.

Esta maquinaria inquisitorial permitió que todos los actos cometidos en zona republicana fueran descritos, analizados en la “Causa General” y juzgados y condenados como delitos de rebelión en los procesos judiciales que le siguieron. Incluso para el periodo previo a la rebelión militar se creó una “Comisión de la Verdad”, la Comisión sobre la ilegitimidad de los poderes actuantes durante la II República (diciembre de 1938, por orden de Serrano Suñer).

A diferencia de lo que ocurrió con las acciones de los republicanos, jamás se juzgaron los crímenes del franquismo. Lo incomprensible es que a día de hoy se siga sin exigir responsabilidades y, lo que es peor, sin conocer el verdadero alcance de la represión. Es cierto que existen obstáculos jurídicos para juzgar los delitos de la dictadura: los problemas ocasionados por la irretroactividad de la ley penal (los delitos de lesa humanidad se crean con posterioridad al primer franquismo), la prescripción del delito y la Ley de Amnistía de 1977. La sensación de fracaso es absoluta cuando tampoco se ha logrado, por la vía de los recursos de amparo y revisión, la anulación de las sentencias caracterizadas por eludir todas las garantías que caracterizan un proceso penal justo: los supuestos de sentencias firmes y contradictorias entre sí; los casos de duplicidad de sentencias en diferentes instancias jurídicas sobre los mismos hechos; la retroactividad de las garantías constitucionales en procesos penales carentes de las mismas, etc.

De ahí la urgencia y necesidad de una ley que reivindique por fin la memoria democrática, que declare la nulidad de todas las sentencias franquistas emitidas por los tribunales “especiales”, que establezca el derecho a la indemnización por tales condenas y que instaure una Comisión de la Verdad.

Precisamente el pasado 20 de julio de 2021, el Gobierno presentó el Proyecto de Ley de Memoria Democrática en el que, como hacía el Anteproyecto, declara el carácter radicalmente nulo de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, durante la Guerra Civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura. En definitiva, el Proyecto reconoce la nulidad de todas las sentencias, a diferencia de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que únicamente aludía a la ilegitimidad de las sanciones. Sin embargo, sorprendentemente, esta declaración de nulidad no va acompañada del reconocimiento del deber de indemnizar a las víctimas por el perjuicio ocasionado y la pérdida de todos sus bienes a través de las Comisiones de Incautación de Bienes y el Tribunal de Responsabilidades Políticas. De ese modo, España deja pasar otra oportunidad histórica, en lugar de adoptar el sistema indemnizatorio alemán establecido en la Ley de Rehabilitación e Indemnización de las víctimas de resoluciones penales contrarias al Estado de derecho (29 de octubre de 1992), o en la Ley para la Eliminación de las Sentencias Nacionalsocialistas Injustas en la Administración de Justicia Penal (25 de agosto de 1998), se decanta por la entrega de diplomas y la realización de homenajes.

Asistimos a un estéril, ridículo y resignado alegato sobre la ilegitimidad, injusticia y nulidad de las sanciones sin ninguna consecuencia económica. De esta manifestación simbólica de principios la única secuela directa es que se permite a las víctimas solicitar una Declaración de reparación y reconocimiento personal de naturaleza estrictamente moral.

Este Proyecto no solo entierra cualquier posibilidad de indemnizar a las víctimas y familiares de los republicanos por las condenas ilegítimas y la desposesión de todos sus bienes, sino que tampoco menciona la creación de una Comisión de la Verdad. Desobedeciendo, olvidando y alejándose de las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria (Doc. 10737.4 de noviembre de 2005); Asamblea General de Naciones Unidas, 2 de julio de 2014; Informe del Relator oficial sobre promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, de 22 de julio de 2014. En todas ellas se insta al Gobierno español a constituir un comité nacional para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen franquista.

La instauración de una Comisión de la Verdad sería una conquista básica, siempre y cuando se implanten garantías de calidad procedimental en la elección de sus miembros, que se logre un consenso en su designación y exista la posibilidad real de acceso a los Archivos sin las limitaciones actualmente existentes. Una Comisión que permita la reconstrucción de aquel Leviatán, que haga posible conocer, no una verdad objetiva e inmutable, sino aquellos mínimos históricos que deben ser conocidos por las futuras generaciones al objeto de evitar el nacimiento de nuevos fascismos.

(*) Guillermo Portilla Contreras es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Jaén y socio del colectivo ciudadano Granada Republicana UCAR.

http://www.elindependientedegranada.es/politica/proyecto-ley-memoria-democratica-otra-oportunidad-perdida

Loïc Javier Molinete Silván (*)

El Ateneo de Granada Republicana UCAR / El Independiente de Granada

29/06/2021

Estas últimas semanas estamos viviendo el momento de mayor tensión política visto entre Marruecosⁱ y España, desde la crisis sufrida en 1975 cuando el actual rey emérito, Juan CarIos I, firmó con el entonces rey de Marruecos, Hasán II, un acuerdo por el que cedía a nuestro vecino marroquí el último territorio de soberanía española, el Sahara Occidental. En aquel entonces nuestro país abandonó a su suerte a 70.000 españoles que residían en la zona, sin tener en cuenta la opinión de la población española ni saharaui. Se limitó a una decisión tomada entre dos monarquías, y sobre la que no hubo grandes algaradas mediáticas, como las que podemos ver hoy día por parte de la derecha patria en el conflicto catalán. Los mismos que defienden hoy la soberanía nacional, y el derecho de la población española a decidir en el conflicto catalán, obvian que en el Sahara fueron solo dos personas las que decidieron el futuro de los saharauis, una población que tenía DNI español.

Desde entonces, las décadas han ido pasando bajo el mandato de unos gobernantes que han obviado su responsabilidad como antigua potencia colonizadora, mirando hacia otro lado mientras se violaban los derechos humanos en las fronteras de nuestro país, a la vez que untaban los bolsillos de una monarquía corrupta y tirana como la de Mohamed VI, a cambio de su silencio con respecto a otros territorios como Ceuta, Melilla o Canarias. Comprábamos la defensa de nuestras fronteras o sosteníamos sus servicios secretos con “acuerdos antiterroristas”. Y mientras, el Reino de Marruecos se consolidaba por las zonas más ricas de la excolonia española a la vez que maltrataba a la población autóctona, que no abandonó su hogar pese a la guerra y a las amenazas.

El resultado del paso de estos 45 años es el fortalecimiento de nuestro vecino fronterizo, a través de su ejército, de la construcción de un muro infranqueable y la creación de un importante lobby en Washington, por no hablar de su alianza con Francia. Mientras ellos se hacían fuertes exteriormente, nosotros preferíamos confiar en nuestra posición dentro de Europa, en la OTAN, en nuestra capacidad de disuasión y, sobre todo, confiábamos en la relación entre las dos monarquías, la borbónica y la alauí, que compartían, por encima de religiones, algo mucho más profundo como son los mismos principios de enriquecimiento familiar. Llegaban a llamarse mutuamente “hermanos”, un parentesco que podría venir de la forma de concebir la nación como parte de su propiedad, aprovechando un estatus que les permitía enriquecer a sus cortes.

En estos momentos, Marruecos ha asegurado su soberanía en el Sahara tras el reconocimiento de Estados Unidos, a cambio del apoyo marroquí al gobierno de Israel. Vemos otro juego de cartas más del rey de Marruecos contra la voluntad de su pueblo, claramente próximo a la población palestina. Mientras, nuestra situación geopolítica se está complicando tras las declaraciones de Marruecos, desde finales del 2020, en las que ya señalan Ceuta y Melilla (no descartemos a Canarias en un futuro) como territorios “marroquíes igual que el Sahara”ⁱⁱ . Ya, no solo somos el último escollo que se interpone en sus reclamaciones territoriales, sino su próximo objetivo para lograr el “Gran Marruecos”.

Sin embargo, nuestra postura en el conflicto sigue siendo la misma desde hace más de 40 años. Lamentablemente, no hemos sabido leer la jugada de intereses que Marruecos estaba desplegando en Washington, ni hemos tejido nuevas alianzas con países como Argelia. A pesar de todo, entre nuestra rápida reacción y la torpe jugada del régimen marroquí (quien no ha calculado bien los costes de poner en riesgo a su población), la Unión Europea ha reaccionado al conflicto. Es hora de trazar una estrategia a medio y largo plazo que repare los errores del pasado con otro pueblo abandonado y utilizado por su rey en 1975, como es el caso del pueblo saharaui.

i Aclarar que, en este artículo, nos referimos al Gobierno de Marruecos, representado en la figura de su monarca, por lo que no hacemos responsable de los hechos a su pueblo, con el que tenemos una buena relación (si bien esta puede verse alterada por los acontecimientos actuales).
ii Declaraciones del primer ministro de Marruecos, Saadeddine El Othmani, en diciembre de 2020.

(*) Loïc Javier Molinete Silván, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, es vocal de la Junta Directiva de la asociación Granada Republicana UCAR.

https://www.elindependientedegranada.es/politica/sahara-intercambio-cartas-dos-monarquias