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Mujer, niña y ciencia

Rosa Irene de Castro Díaz (*)

El Ateneo de Granada Republicana UCAR / El Independiente de Granada

02/03/2021

Este mes, el 11 de febrero, se ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con multitud de actos y homenajes. La ONU proclamó este día en 2015 para destacar la importancia del acceso de las mujeres y niñas a la educación en igualdad, permitiéndoles un acceso pleno a la investigación científica, la tecnología y la innovación, destacando así el papel de la mujer en la transformación democrática y económica global. Este acceso igualitario a la formación en todos los niveles y áreas de conocimiento por parte de las mujeres y las niñas, es condición sine qua non en la evaluación de avances democráticos y progresistas de cualquier estado, y así fue incluido en la Agenda del Desarrollo Sostenible 2030, aprobada en 2015 por todos los países miembros, incluido España.

Ahora bien, cabe preguntarse si en España este ambicioso proyecto, revolucionario en su planteamiento, entendiendo la palabra revolucionario en este contexto y como el germen de la  transformación de estructuras y órganos de poder patriarcales, es producto sólo de la evolución del pensamiento contemporáneo y de lo políticamente correcto, o es un cambio que tiene precedentes contrastados en nuestro país; cambio que además, se hace imprescindible para avanzar en una profundización realmente democrática del aparato del Estado.  Quienes creemos que esta transformación es posible y necesaria, también pensamos que sólo en un estado republicano se podría abordar este reto con garantías realmente democráticas y de progreso.

Y sí, tiene un precedente en el S. XX en nuestro país: la Institución Libre de Enseñanza, la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) y la Residencia de Señoritas. Esta última entidad, fundada en 1915 por la JAE dentro de la Residencia de Estudiantes, fue la primera institución para impulsar la participación de la mujer en la ciencia, dotando de becas para el estudio universitario a mujeres, facilitando estancias en EEUU y financiando un laboratorio de química en sus instalaciones.

Si bien es en estos años del primer tercio del S. XX (la llamada edad de plata de la ciencia española del S. XX) cuando comenzó tímidamente el impulso de la investigación en nuestro país, con distintos gobiernos liberales, no fue hasta la 2a. República cuando se produjo el despegue de la ciencia moderna, gracias al respaldo institucional del Estado a la JAE, a través de financiación y dotación de medios con vocación de continuidad, condición indispensable para el avance en la formación e investigación científicas.

El gobierno de la 2a. República permitió, con recursos, una estructura para el desarrollo científico técnico: campus en los alrededores del Museo de Ciencias Naturales y la Residencia de Estudiantes; auditórium para el intercambio científico y cultural; nuevos laboratorios; construcción y dotación necesaria para el sostenimiento del Instituto Nacional de Química y Física; amplió las becas a estudiantes y científicos para su formación en el extranjero; construyó el Instituto Cajal de Biología, aprobado desde los años 20 pero materializado en 1932; abordó la modernización de las Universidades incidiendo en su papel en la formación y la investigación científicas. Es, además, en el Instituto de Química y Física, donde iniciaron sus carreras varias de las primeras científicas españolas (algunas colaboraron con Marie Curie).

Esta apuesta del gobierno republicano por el reforzamiento de la ciencia y la educación obedecía a un concepto profundamente democrático de participación en igualdad, de laicismo e independencia intelectual respecto de los poderes conservadores y eclesiásticos de nuestro país, que dominaban la educación y universidades.

Pese al poco tiempo que duró la 2a. República, consiguió impulsar e imbuir en el ámbito académico y científico los preceptos de la Institución Libre de Enseñanza, estableciendo las bases que todavía perduran en la concepción del papel que la ciencia y la educación han de jugar en la sociedad.

También a los valores republicanos debemos el papel protagonista de la mujer en la ciencia, impulsado decididamente por José Castillejo, secretario de la JAE y estrecho colaborador del Ministerio de Instrucción Pública, al exigir que hubiera mujeres en los programas implementados, llegando a tener un 22% de presencia femenina.

Lamentablemente, el exilio forzado en 1939 de nuestros mejores pensadores y el anonimato forzado de estas brillantes mujeres, debido al golpe de estado y a la Dictadura franquista, sigue siendo una factura que estamos aún hoy, pagando en nuestro país.

Parte sustancial de esta factura es la deficitaria participación de la mujer en la estructura de la ciencia y en puestos importantes de las universidades españolas. Continúa la brecha de género, que ha sido puesta de manifiesto en distintos estudios actuales. Así, el porcentaje de mujeres que consiguen finalizar con éxito sus carreras científicas y académicas es mucho menor de las que empiezan; a medida que avanza su carrera, son los hombres quienes logran mejores éxitos científicos y puestos económica y socialmente más valorados, quedando invisibilizadas en muchas ocasiones las aportaciones de las mujeres científicas a esos éxitos.

Queda mucho camino para lograr la integración femenina plena y su papel en el sistema de ciencia y tecnología de nuestro país, pero la participación cada vez más creciente de la mujer y su concienciación política, cuestionan de facto las limitaciones que el Régimen Monárquico del 78 ha establecido, haciendo que la necesidad de estructuras democráticas y de empoderamiento sean cada vez más demandadas socialmente; estructuras que sólo tienen cabida en una concepción republicana del estado.

(*) Rosa Irene de Castro Díaz, gestora de proyectos de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), es socia de la asociación Granada Republicana UCAR.

http://www.elindependientedegranada.es/politica/mujer-nina-ciencia

Poética republicana y pragmatismo político

Francisco José Segovia Ramos (*)

El Ateneo de Granada Republicana UCAR / El Independiente de Granada

28/01/2021

En tiempos convulsos como los que vivimos, el debate sobre el sistema jurídico, político e incluso estatal sale a la palestra con más virulencia que en épocas más calmas para el sistema imperante.

De nuevo, la cuestión de la forma de estado, monarquía o república, es puesta sobre la mesa por asociaciones, partidos políticos o personalidades de diferentes ámbitos, como si el mero cambio de un régimen por otro fuera la panacea de todos los males que afectan a la democracia española.

No es la monarquía actual ―por ende, ninguna en cualquier momento de nuestra historia contemporánea― ni la solución a problemas endémicos del país ni, por supuesto, la imagen donde el común de los mortales pueda verse reflejado sin vergüenza ni sonrojo. La alternativa que se plantea, pues, no es otra que la vuelta a la república.

Que una institución que se ha demostrado inepta, corrupta en muchas ocasiones, derrochadora de medios y recursos, ajena a los problemas cotidianos de los ciudadanos a los que representa e incapaz de tener un discurso que represente cada sensibilidad del país, no garantiza per se que la deseada por muchos de nosotros república vuelva. ¡Ojalá fuera tan sencillo como plantearla como cura y remedio para los males heredados de cuarenta años de dictadura y otros tantos de silencio cómplice en los cuales han medrado los mismos que alabaron dictadores e hicieron genuflexiones a sus sucesores! Es una idea idealista, poética, si cabe, pero irreal.

La república no llegará a España por mucho que los que abogamos por su implantación critiquemos y hagamos públicas las corruptelas, líos de faldas, tarjetas irregulares y demás negocios poco claros de la monarquía. Adláteres del actual rey, y de su padre, medios de comunicación y entes corporativos seguirán sosteniendo el sistema mientras le venga bien a sus intereses y mantenga sus prebendas.

En el mundo de hoy, donde la información de los más importantes medios de comunicación se equipara en muchos momentos a la tergiversación, es difícil, cuando no imposible, convencer a la ciudadanía de la necesidad de un debate república/monarquía con meros componentes utópicos de cambios maravillosos de un día para otro. No bastan enarbolar banderas tricolores o cantar himnos de Riego si quedan en mera nostalgia de lo que fue y, por desgracia, quedó abortado casi nada más nacer.

El debate, como decía al principio, está ahí por mucho que los continuos sucesos y noticias lo soslayen o intenten enviarlo al limbo de lo poco importante. Y eso es lo que queda en el imaginario colectivo: que decidir entre monarquía y república es una cuestión baladí, innecesaria porque no es de interés general y porque, además, la mayoría sigue siendo monárquica (aunque el propio CIS lleva años sin preguntar en sus encuestas sobre la valoración de la figura real y la posibilidad de un cambio constitucional).

Pero dejemos la poética republicana a un lado y miremos al futuro. Llegarán épocas mejores a poco que la pandemia se convierta en un mero pero terrible recuerdo, y quizá vivamos una crisis económica antes de poder remontar en unos años y volver a creer que estamos en el mejor de los mundos, y la monarquía seguirá estando ahí, como una arcaica institución que resiste al paso de los siglos y a las razones de la historia. Y ahí es en donde el republicanismo tiene que fortalecerse, armarse de razones sólidas y contundentes, convencerse de que sí es posible implantar una república en España, y, lo más importante, convencer a la ciudadanía de que ese cambio de modelo estatal será mejor para el país.

¿En qué razones ha de fundamentarse esa aseveración? ¿Qué hace a una república superior a una monarquía? Por supuesto, el mismo hecho de que es una institución democrática en la que cualquiera puede llegar a ser su presidente y en la que los privilegios de la herencia dinástica y el patrimonio del estado no pasen de padres a hijos o hijas. Pero también la hace mejor su tradición histórica basada en la razón y las tres palabras hasta entonces imposibles que nacieron durante la revolución francesa: libertad, igualdad, fraternidad.

Ser republicano significa entender la democracia como la participación de todos en todos los ámbitos de la vida social, judicial y política, sin que puedan primar los privilegios de una casta que lo son simplemente por herencia genética. Hay que hacer comprender a la ciudadanía que de ellos ha de depender cada institución del estado: que con sus votos, sus manifestaciones, sus recogidas de firmas o sus opiniones se pueden cambiar las cosas que no funcionan. La república, que no es sino una “cosa del pueblo”, se convierte así no en un referente inmaterial, inasible, que pertenece a “otros” (llámense congresistas, alcaldes o ministros), sino en un marco donde se desarrolle una auténtica vida democrática, sin falsos clichés, alabanzas a próceres que no lo merecen y sin las reticencias a cambios necesarios para acabar con las desigualdades e injusticias que ahora existen.

Y entonces nos deberá dar igual los símbolos que se usen. Olvidémonos de la poética heredada de 1931 e intentemos que una misma bandera, un mismo himno, un mismo sentido de estado, llene hasta la última esquina de la vieja piel de toro. De lo contrario, el péndulo cambiará de lado, pero no garantizará que no volvamos a sufrir otra restauración.

(*) Francisco José Segovia Ramos, escritor y funcionario del Ayuntamiento granadino, forma parte del colectivo ciudadano Granada Republicana UCAR. Su última novela es “Cuatro días de julio” (Ediciones en Huida, 2020).

http://www.elindependientedegranada.es/politica/poetica-republicana-pragmatismo

Publicación de la novela “Cuatro días de julio”

 Nuestro compañero Francisco José Segovia Ramos, socio de Granada Republicana UCAR, acaba de publicar “Cuatro días de julio” (Ediciones en Huida, 2020), una magnífica novela ambientada en la Granada de 1936, concretamente en las jornadas en las que triunfó el golpe fascista contra la II República.

Como aperitivo de su lectura os ofrecemos el prólogo del libro, escrito por José María García Labrac, presidente de la asociación.

Podéis adquirir la novela entrando en https://www.edicionesenhuida.es/producto/cuatro-dias-de-julio/. De camino, os podéis dar un paseo por el Mapa de la Memoria Histórica de Granada, un espacio para conocer a fondo la ciudad que retrata Paco Segovia en “Cuatro días de julio”: https://www.mapamemoriagranada.es.

Así no, estimados representantes

Laura Rodríguez Mejías (*)

El Ateneo de Granada Republicana UCAR / El Independiente de Granada

08/12/2020

Cuando me ofrecieron que escribiera este artículo, lo primero que pensé es que no sería capaz de hacerlo, que no estoy centrada en estos momentos, que las ideas que rondan mi cabeza son dispersas, y que lo que escribiera no iba a conseguir expresar lo que estaba tratando de contar.

Es que, en resumen, lo que quiero decir es que todo sigue igual, aunque nada es lo mismo. No es lo mismo porque todos tenemos más presente la amenaza de una enfermedad o, incluso, la posibilidad de perder a un ser querido o ser nosotros mismos quienes podemos morir en cualquier momento. No es que antes no lo tuviéramos presente, pero tal vez, no con tanta intensidad.

Y no es lo mismo porque nos han limitado el derecho de libre circulación en pro de la salud de todos, con lo que ello conlleva. Pero, en cambio, todo sigue igual porque la evidencia ante esta situación distinta y urgente, hace que, en general, los ciudadanos volvamos a concluir que, desde las distintas instancias políticas, las cosas no se están haciendo lo bien que se debieran, por decirlo de un modo “suave”.

Distinta normativa (reales decretos, resoluciones, órdenes…) ha venido a regular en los últimos meses el estado de alarma, y principalmente, la limitación de movimiento de la población, qué actividades pueden seguir prestando sus servicios al público por ser “esenciales” y cuáles tienen que cerrar por no serlo, etc., y con ello muchas cuestiones colaterales, que serán brevemente expuestas. Pero quiero dejar claro que quien suscribe nada tiene que objetar al respecto, ya que no soy experta en salud pública y quiero pensar que nuestros representantes están debidamente asesorados por las personas que entienden a estos niveles del alcance y las actuaciones que deben seguirse para frenar o parar esta pandemia.  En cambio, sí voy a opinar sobre algunos aspectos jurídicos de la norma, sin entrar en muchos detalles, ya que el principal de cualquier norma es la finalidad por la que se aprueba la misma. Y en este caso, la finalidad no es otra que el mantenimiento de la salud pública, con el objetivo de frenar la expansión del COVID-19, así como impedir el colapso del sistema sanitario, de modo que pueda prestarse una atención sanitaria adecuada a la población.

Así las cosas, me niego a aceptar que las fuerzas encargadas de velar por el orden público irrumpan en un autobús de línea de un municipio, en el horario en que muchísimas mujeres de la comarca se desplazan a la capital a trabajar en tareas de limpieza, “a echar horas en casas” para entendernos todos. La norma sí que permite los desplazamientos por motivos laborales y profesionales, pero estas mujeres, como todos conocemos, difícilmente están dadas de alta en la Seguridad Social, y no por ello no van efectivamente a trabajar. La finalidad de la norma es preservar la salud pública, permitiendo los desplazamientos por motivos de trabajo, pero estas señoras no tienen un “papel” que lo acredite, porque al no estar dadas de alta, nadie va a firmarles un justificante. La norma no persigue el fraude a la Seguridad Social, persigue que no existan desplazamientos que no sean por motivos laborales, al objeto de incidir en la población para que permanezca en casa y no tenga contactos evitables con otras personas. Y la conclusión se salda con la mayoría absoluta de las usuarias del autobús multadas, con el comentario casi unánime de “y si me embargan, qué me van a quitar”, pero con el susto en el cuerpo, y un “a ver qué pasa”.

Tampoco se ha considerado por nuestros representantes, a la hora del confinamiento por términos municipales, que no todos los municipios son iguales ni tienen los mismos servicios, consiguiendo el efecto contrario a la norma en gran cantidad de ellos. Es decir, si lo que se pretende evitar es la acumulación de la población en un espacio pequeño y cerrado, ya me contarás cómo se hace en un municipio en el que hay 3 tiendas y un supermercado mediano. Pues nada, todos juntos de nuevo, y quien vaya a partir de las 11 horas ya no tiene productos frescos; al día siguiente que vaya más temprano o se bata en duelo con su vecino por una bandeja de hamburguesas para sus niños. Esto por no contar que, por ejemplo, la mayoría de productos para personas con intolerancia no se comercializan en estos establecimientos, así es que, o el progenitor de turno se la juega para adquirirlos fuera del término municipal, o a esperar mejores tiempos… Claro que también se puede hacer la compra por internet. Pero todo el mundo no tiene internet, y una tarjeta que le permita hacer dicha compra. Y es que aquello del principio de solidaridad entre todos los territorios que contiene el artículo 2 de la Constitución Española del 78, tampoco es una realidad hoy día, y ustedes lo saben bien, estimados representantes, no todos somos iguales ni tenemos los mismos servicios, aunque la bandera de España vuelva a colgarse en muchos balcones y ventanas del país…

Y cómo hacer que se comprenda por el legislador que la finalidad de los servicios sociales no es controlar que el NIE o el pasaporte de una persona esté en vigor. La finalidad de los servicios sociales es atender una necesidad vital en un supuesto de exclusión social y de falta de medios económicos para atender necesidades vitales. Pues claro que no tienen su documentación identificativa en vigor, si la tuvieran no tendrían tantas trabas, pero no le pongan ustedes más para que puedan acceder a derechos humanos; déjenle esa función a la policía de aduanas, pero no a los servicios sociales, por favor, no desnaturalicen sus funciones.

Que la Administración española, y quiénes estén al frente de ella al máximo nivel, no debieran ni siquiera insinuar que no hay un techo y una comida caliente para las personas sin hogar. Que no se puede consentir que se ejecute un desahucio a una familia, o a una persona, para que el inmueble pase a manos de un “fondo buitre” o de una entidad bancaria.

Que la finalidad de la norma es otra, y que su regulación de desarrollo no debe y, por tanto, no puede contener la tergiversación correspondiente y permanecer vigente hasta que alguien invierta parte de su vida y su dinero en que un tribunal la declare nula. Que hay que tener más decencia.

Que a usted le cierran su centro deportivo, que ha adoptado todas las medidas de higiene, ha suprimido clases colectivas, impide el acceso a personas respetando el aforo máximo para mantener las distancias, que consigue que gente mayor tenga una actividad y se mueva, y personas con dolencias crónicas hagan deporte para mejorar fortaleciendo y no tengan que acudir a centros hospitalarios, etc., etc. Pero no se preocupe, que usted puede comprar tabaco en los estancos (que es actividad esencial), que ya la cajetilla le indica que “fumar mata”.

Que la participación política en esta España nuestra, como cantaba Cecilia, a través de los partidos políticos, que son democráticos por definición, ha sido tan complicada para toda una generación, que muchísimos no han tenido ni la oportunidad de estrenarse y otros salieron “por peteneras” porque entendían que la sumisión hasta cierto grado era más propia de la vida monástica que de la participación política democrática. Y así se cubrieron cuotas como la de Juventud y Deportes, o Juventud y Mujer, en alguien joven, en principio hombres (a veces, no era tan joven ni había hecho deporte en su vida). Después, con la igualdad, se promocionó a la mujer, y de este modo “mataban dos pájaros de un tiro”, tirando de familiares, “hijas de” o parejas sentimentales, y lo digo con carácter general. Siempre hay excepciones y que nadie se dé por aludido/a. Pero, normalmente, a la “agraciada” para algún puesto, joven y mujer, entre que llegaba y se enteraba (y no voy a entrar en más detalles), se le habían pasado los cuatro años de legislatura o mandato, pasando a ser la “desgraciada”, porque de la noche a la mañana se veía de ser tratada de “Ilustrísima” a verse en el paro, siendo sustituida por una nueva mujer, joven y preparada. Y vuelta a empezar. A aquellos jóvenes, hombres y mujeres con principios, que se negaron a la ejecución de determinadas acciones, los aburrieron hasta la eternidad. Aquella generación, decían que la más preparada de la historia de España, difícilmente ha tocado puestos de decisión política. Y como siempre sucedió, a quien tuvo principios y supo decir que “no”, se le condenó al olvido tras pasar la travesía del desierto.

Por cierto, en la función pública sucede más o menos igual, a pesar de que la norma pretende que la estabilidad en el empleo conlleve que el funcionario cumpla la ley, por encima de cualquier otro mandato. Aquel empleado público que ose decir “no” a la elaboración de un informe en un sentido determinado o, incluso, se niegue a aceptar un puesto de libre designación, pasa un calvario, cruz y raya, y el correspondiente sambenito, y, con suerte, únicamente le destituyen del puesto que ocupaba, con la merma de las correspondientes retribuciones. En el peor de los casos, le abren un expediente disciplinario y le sancionan o le buscan una causa falsa para que se entretenga unos años en defenderse. Aunque después demuestre su inocencia, el daño ya estará hecho para siempre.

Y volviendo a la pandemia, casualidad o no, durante la misma hemos asistido a la huida del monarca emérito a otros lares, y a resoluciones del poder judicial sobre distintas causas con repercusión en España en el plano político, y no ha habido ninguna responsabilidad digna de mención. Todos absueltos. La responsabilidad no es de nadie, bueno sí, de la señora de la limpieza que va a echar horas a una casa, sin estar dada de alta…

(*) Laura Rodríguez Mejías, técnica de Administración General en el Ayuntamiento de la ciudad de los cármenes, fue presidenta del colectivo Granada Republicana UCAR (2013-2014).

http://www.elindependientedegranada.es/politica/asi-no-estimados-representantes

Sociología y taxi

Pedro Garrido Clares (*)

El Ateneo de Granada Republicana UCAR / El Independiente de Granada

24/11/2020

Dicen que la sociología es la ciencia social que se encarga del análisis científico de la sociedad humana o población regional. Estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos, dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos.

La verdad es que yo no soy ningún científico, pero soy taxista. Cuando comencé a trabajar en este servicio público, no me imaginaba lo ligadas que iban a estar ambas dedicaciones.

Lo primero que aprendí al enfrentarme ante la vorágine del tráfico diario de una ciudad como Granada, es que toda la circulación funciona mejor con un solo ingrediente: SOLIDARIDAD. Cuando el conductor aparta el egoísmo y conduce pensando también en facilitar la tarea a los demás, todo comienza a fluir.

Empecé mi carrera profesional como conductor de taxi cuando más fuertes eran las consecuencias de la crisis económica mundial que comenzó en 2008. No tardé en darme cuenta de la importancia que la solidaridad tenía no solo en el tráfico. Un servicio que empezó a convertirse en habitual fue el de algún que otro abuelo que utilizaba el taxi para ir a recoger a sus nietos, a la salida de los colegios. Igualmente, los veía llevándolos a médicos o jugando con ellos en los parques.

Además, esa época fue una toma de contacto para mí con un actor tan importante en el funcionamiento de esta ciudad: el turismo. Me sorprendió enormemente que una pareja procedente del Líbano viniese precisamente a Granada para poder visitar, en Fuente Vaqueros, la casa natal del poeta Federico García Lorca. Así mismo me llamó la atención la reacción que tuvo un turista americano cuando le comenté que no existía ninguna tumba del poeta granadino, ya que sus restos nunca han sido encontrados.

Por otra parte, he visto cambios producidos por el turismo en la ciudad que me dejan sensaciones un poco encontradas. A lo largo de este tiempo he percibido, en sitios como el Albaicín, una transformación que no deja de alarmarme. Percibo cada vez menos carreras del vecino de toda la vida del barrio. Veo como muchos comercios se transforman para dejar de dar servicio a estos y enfocarse a los turistas. Llevé a una arquitecta a la cuesta del Chapiz que me comentó que más del 75% de las obras que había entonces en el barrio estaban relacionadas con el fenómeno de los apartamentos turísticos (con o sin permiso de actividad, según reconoció en voz baja).

Y es que el taxi, como dijeron una vez, es una “burbuja de intimidad” en el que alguna gente se desinhibe dialécticamente. Muchos trabajadores y trabajadoras, que llevo a comenzar sus jornadas a las zonas de influencia turística de la ciudad, aprovechan para comentarme cuáles son las condiciones en que las realizan. He llevado a una camarera de pisos que tenía que medicarse para poder soportar los dolores que acarreaba, debido al estresante minutaje por habitación que le exigía la subcontrata que le daba trabajo.

Después de escuchar este tipo de testimonios, me surge una reflexión que siempre me hago cuando alguien utiliza el tópico de que “este país vive del turismo”: ¿no será el turismo el que vive de este país?

Hablando de tópicos, son cientos los que envuelven al mundo del taxi. Para mí, no se limita a ser la manera de ganarme la vida. También me proporciona las herramientas para intentar comprender la sociedad en la que vivo. En este caso, a diferencia de lo que haría un sociólogo, será el lector el que tenga que sacar sus propias conclusiones.

(*) Pedro Garrido Clares es taxista y afiliado de la entidad ciudadana Granada Republicana UCAR.

http://www.elindependientedegranada.es/politica/sociologia-taxi

En la partida de Arturo Lens Closas

Acabamos de saber que el maldito coronavirus nos ha arrebatado a nuestro apreciado afiliado Arturo Lens Closas (1937-2020), obrero metalúrgico jubilado y veterano militante socialista.

Damos el pésame a sus familiares y amistades, lamentando profundamente la partida del inolvidable republicano que nunca dejó de luchar por la libertad de España y por el progreso de la clase trabajadora.

Junta Directiva de la asociación Granada Republicana UCAR

COVID-19: La sanidad española frente al espejo

Fernando Pleguezuelos Baca (*)

El Ateneo de Granada Republicana UCAR / El Independiente de Granada

28/10/2020

Entre las cuestiones básicas e irrenunciables para poder construir una sociedad republicana, el derecho a una prestación de servicios sanitarios gratuitos y universales se encuentra en un lugar preeminente por su alto sentido social, redistributivo y solidario. Por tanto, una gestión sanitaria sujeta a las leyes del mercado, donde prime el beneficio económico, tal como la que propone el sistema neoliberal, implica la discriminación efectiva de la inmensa mayoría de la ciudadanía, imposibilitando que la sanidad pueda cumplir la función social que se le presupone. 

La situación de crisis provocada por el COVID-19 nos ha puesto frente al espejo de la realidad, descubriendo grandes fallos en lo que se nos vendía como uno de los mejores sistemas sanitarios del planeta, tanto más evidentes en los subsistemas regionales más colonizados por conciertos y privatizaciones o dotados de sistemas de gestión público-privados. 

Se decía que esta pandemia no entendía de clases sociales, lo que es incierto tal como han demostrado estos últimos meses, ya que el virus ha afectado de forma más agresiva a las clases y a los estamentos más desprotegidos. De ahí la gran trascendencia de medidas de carácter social, laboral y fiscal. 

Sin entrar en más debates podríamos hacer unos apuntes de lo que, a nuestro juicio, ha pasado y como se podría estar mejor preparados de cara al futuro, pues es previsible que crisis de este tipo se vuelvan a repetir, dado el deterioro del medio ambiente y los fenómenos de globalización de la movilidad. 

Antecedentes

1.-Criminal política de recortes desde muchos años atrás, que dejó el sistema descapitalizado y falto de recursos, cuando no poniendo los medios en manos de la gestión privada, o incluso dando cabida a los denominados “fondos buitre”. 

2.-Nefasta gestión de recursos humanos y política salarial: infradotación y contratación de corta duración, lo que afecta a la calidad de atención, por un lado, y por otro, se tradujo en fuga de personal sanitario hacia otros países y desequilibrio entre Comunidades. 

3.-Política de formación desequilibrada respecto a las necesidades reales, lo que unido al punto anterior agrava la situación: la inversión formativa beneficia a terceros países. 

4.-Atención Primaria, puerta de entrada y contención, se encuentra infradotada de personal y medios, cuando no en vías de desmantelar en alguna que otra Comunidad. 

5.-Ausencia de políticas unificadoras y de coordinación jerarquizada de ámbito nacional e interterritorial, así como de legislación de soporte actualizada en lo referente a gestión de estados de alerta o crisis sanitaria. 

6.-Poca cobertura pública a la atención institucionalizada de la población geriátrica y nulo control de los establecimientos privados, donde también las aseguradoras y los “fondos buitre” encuentran gran filón de negocio. 

7.-Visión partidista en la gestión de cargos y nombramientos, incluso a niveles básicos, que no garantiza eficacia y aptitud. 

8.-Nula infraestructura industrial en la producción de bienes y servicios de carácter estratégico, con dependencia del mercado exterior. 

9.-Brecha social en aumento, tras la anterior crisis no resuelta aún, y las políticas neoliberales aplicadas en economía, empleo, etc.

Sin ser “técnico en pandemias”, profesión mediática que prolifera en los últimos tiempos casi tanto como la de entrenador de fútbol, se hace evidente que analizando los síntomas encontraremos algunas soluciones, solo que, caminando en sentido contrario. 

1.-Medidas presupuestarias 

-Presupuesto sanitario finalista en términos porcentuales de PIB, con tendencia a igualar a los países de nuestro entorno (6’34 < 9’55). 

-Revertir los recortes sufridos. 

-Reparto Primaria / Especializada garantizando al menos un 20/80. 

2.-Medidas organizativas

-Reforzar la Atención Primaria. 

-Recuperar la cohesión territorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), dentro del marco competencial de las Autonomías. 

-Gestión sanitaria no sujeta a los avatares electorales y los ciclos políticos. 

-Paralizar privatizaciones y recuperar lo privatizado. 

-Plan integral de residencias geriátricas. 

-Política de personal y formación acorde a las necesidades. Desarrollo de una carrera profesional de la gestión sanitaria y acceso por mérito y capacidad. 

-Plan estratégico de producción y autoabastecimiento de bienes y servicios sanitarios esenciales, con especial atención a la industria farmacéutica y el constante chantaje que ejerce sobre el propio Estado. 

-Investigación debidamente presupuestada. Potenciar las Escuelas de Salud Pública. 

-Creación de una estructura oficial, transparente y permanente para el asesoramiento científico gubernamental. 

3.-Medidas legislativas 

-Cambios normativos que permitan, de forma inequívoca, la aplicación y delimitación de las medidas necesarias en las distintas áreas competenciales. 

-Modificaciones legislativas que garanticen la prestación de atención sanitaria universal y gratuita. 

-Desarrollar normativa que permita al Estado, en caso de crisis, supeditar al bien común los medios necesarios de cualquier titularidad. 

-Establecer un blindaje legal de salvaguarda de las bases del Sistema Sanitario Público. 

4.-Medidas sociales, laborales y fiscales

No es pretensión de este artículo incidir en los aspectos de vivienda, laborales y económicos en general que afectan directamente a la salud de las personas y, por consiguiente, al desarrollo de esta crisis. Sin embargo, no se nos escapa la gran importancia de acciones de protección social y de apoyo al sistema productivo, por lo que la instauración de un salario mínimo de subsistencia, la mejora de la protección por desempleo, la regulación del mercado laboral o la protección del derecho a la vivienda, entre otras, pueden ser tan vitales como las estrictamente sanitarias. 

Así mismo, estimamos necesarias medidas fiscales que colaboren en la financiación de la sanidad española, comenzando por las orientadas a lograr que las grandes fortunas y los grandes patrimonios (incluido el eclesiástico) tributen debidamente y de forma uniforme en todas las Comunidades, sin descartar un impuesto extraordinario, tal como se hizo en algunos países tras la Segunda Guerra Mundial. 

Reivindicamos, no obstante, que “la Salud va por delante de la Economía”, sin que exista contradicción, si tenemos en cuenta que el concepto neoliberal, imbuido a la sociedad actual, entiende Economía como instrumento al servicio de la cuenta de resultados, y no como actividad al servicio de la sociedad para el desarrollo armónico de sus miembros, tal cual es el fin de la misma en un contexto republicano.

(*) Fernando Pleguezuelos Baca es enfermero recientemente jubilado del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y miembro de la asociación Granada Republicana UCAR y de la Mesa para la Defensa de la Sanidad Pública de Granada.

https://www.elindependientedegranada.es/politica/covid-19-sanidad-espanola-frente-espejo


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