Atención a la dependencia desde la igualdad republicana

El reto de la atención a las personas en situación de dependencia

Carmen Rodríguez Pardo (*)

El Ateneo de Granada Republicana UCAR / El Independiente de Granada

28/09/2021

En Andalucía viven más de 1.2 millones de personas mayores de 65 años, de las cuales más de 200.000 son mayores de 80 años, según datos de la Consejería de Salud y Familia. Andalucía es, además, la Comunidad Autónoma con más falta de plazas en residencias. Harían falta más de 28.000 plazas para alcanzar la ratio de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años.

Según la OCU, el tiempo de espera para conseguir una plaza en residencias es de 57 días en residencias privadas, 163 en residencias concertadas y de 209 días para una pública, que pueden llegar hasta los dos años (731 días) en el caso de Andalucía.

La desigualdad entre las diferentes Comunidades Autónomas es significativa tanto en el número de plazas como en la calidad de estas. Queramos o no, no es lo mismo una plaza en una residencia pública, concertada o privada, ya que la desigualdad entre estas se hace patente tanto por el precio de la plaza como por la atención recibida, que es directamente proporcional al número de trabajadores y profesionalidad del centro.

En nuestra Comunidad el 70% de las gerocultoras y gerocultores que trabajan en residencias públicas deben tener titulación de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería o Técnico en Atención Sociosanitario. Esto hace que este tipo de centros cuenten con mucho más personal especializado que los concertados o los privados.

La falta de plazas públicas hace que las familias muchas veces se vean abocadas a contratar plazas privadas, que conllevan un gasto que muy pocas de ellas pueden permitirse, o, en el peor de los casos, a contratar en régimen de “esclavitud” a personas desprotegidas o sin papeles.

Otro servicio que ofrece la Ley de Dependencia es el servicio de ayuda a domicilio, cuya finalidad es permitir a los mayores poder seguir viviendo en sus hogares, reforzando su autonomía y sin tener que ser apartados de su entorno y relaciones sociales. Esto nos lleva a plantearnos si es suficiente el actual servicio de ayuda a domicilio, sobre todo en los casos en los que los cuidadores no cuentan con un apoyo familiar continuo.

Otro aspecto a tener en cuenta es la rentabilidad del servicio. Según Gustavo García Herrero, en su artículo “El servicio de la ayuda a domicilio en la encrucijada”, un mayor que reciba una atención superior a 25 horas semanales resulta más caro que una plaza de residencia por lo que no podemos plantearlo como una única solución, sin pensar en implementar otros servicios que garanticen la correcta atención de estas personas.

Somos esclavos del “baby boom” de los años 60, ya que será a partir del 2025 cuando la población superior a 65 va a tomar un mayor protagonismo desde el punto de vista demográfico y, por tanto, también electoral y político. Entonces se abrirá una ventana a la oportunidad de repensar nuestro estado como un régimen federal y republicano.

Posiblemente, la generación que más ha luchado (y conseguido) los derechos que hoy disfrutamos (en este caso, la Ley de Atención a la Dependencia), aunque sea solo en el marco del papel mojado de la Constitución del 78, se verá privada de ellos por la ruptura del principio de igualdad, que en una constitución republicana deberíamos plantear con muchas más garantías para el ciudadano.

(*) Carmen Rodríguez Pardo, antigua auxiliar de enfermería en una residencia concertada, forma parte de la entidad cívica Granada Republicana UCAR.

http://www.elindependientedegranada.es/politica/atencion-dependencia-igualdad-republicana

El Proyecto de Ley de Memoria Democrática: otra oportunidad perdida

Guillermo Portilla Contreras (*)

El Ateneo de Granada Republicana UCAR / El Independiente de Granada

29/07/2021

La dictadura franquista esbozó y ejecutó un Derecho penal vindicativo con la intención de destruir cualquier vestigio de República. Un plan basado en el aniquilamiento físico, desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales y la desposesión de cargos y bienes de los vencidos.

Tras la rebelión militar de 1936 se generó un Derecho penal de excepción de inspiración nacionalsocialista que se tradujo en los Consejos de guerra sumarísimos de urgencia; los procesos de depuración (1936); de incautación de bienes (1937); Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939 (LRP); Ley sobre Represión de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940 (LRMC); Ley de Seguridad del Estado de 29 de marzo de 1941 (LSE). Un sistema estructurado en torno a la interconexión permanente entre los diversos tribunales: Consejos de Guerra, Comisiones Liquidadoras de Bienes, Comisiones de Depuración, Tribunales de Responsabilidades Políticas, Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo.

Esta maquinaria inquisitorial permitió que todos los actos cometidos en zona republicana fueran descritos, analizados en la “Causa General” y juzgados y condenados como delitos de rebelión en los procesos judiciales que le siguieron. Incluso para el periodo previo a la rebelión militar se creó una “Comisión de la Verdad”, la Comisión sobre la ilegitimidad de los poderes actuantes durante la II República (diciembre de 1938, por orden de Serrano Suñer).

A diferencia de lo que ocurrió con las acciones de los republicanos, jamás se juzgaron los crímenes del franquismo. Lo incomprensible es que a día de hoy se siga sin exigir responsabilidades y, lo que es peor, sin conocer el verdadero alcance de la represión. Es cierto que existen obstáculos jurídicos para juzgar los delitos de la dictadura: los problemas ocasionados por la irretroactividad de la ley penal (los delitos de lesa humanidad se crean con posterioridad al primer franquismo), la prescripción del delito y la Ley de Amnistía de 1977. La sensación de fracaso es absoluta cuando tampoco se ha logrado, por la vía de los recursos de amparo y revisión, la anulación de las sentencias caracterizadas por eludir todas las garantías que caracterizan un proceso penal justo: los supuestos de sentencias firmes y contradictorias entre sí; los casos de duplicidad de sentencias en diferentes instancias jurídicas sobre los mismos hechos; la retroactividad de las garantías constitucionales en procesos penales carentes de las mismas, etc.

De ahí la urgencia y necesidad de una ley que reivindique por fin la memoria democrática, que declare la nulidad de todas las sentencias franquistas emitidas por los tribunales “especiales”, que establezca el derecho a la indemnización por tales condenas y que instaure una Comisión de la Verdad.

Precisamente el pasado 20 de julio de 2021, el Gobierno presentó el Proyecto de Ley de Memoria Democrática en el que, como hacía el Anteproyecto, declara el carácter radicalmente nulo de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, durante la Guerra Civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura. En definitiva, el Proyecto reconoce la nulidad de todas las sentencias, a diferencia de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que únicamente aludía a la ilegitimidad de las sanciones. Sin embargo, sorprendentemente, esta declaración de nulidad no va acompañada del reconocimiento del deber de indemnizar a las víctimas por el perjuicio ocasionado y la pérdida de todos sus bienes a través de las Comisiones de Incautación de Bienes y el Tribunal de Responsabilidades Políticas. De ese modo, España deja pasar otra oportunidad histórica, en lugar de adoptar el sistema indemnizatorio alemán establecido en la Ley de Rehabilitación e Indemnización de las víctimas de resoluciones penales contrarias al Estado de derecho (29 de octubre de 1992), o en la Ley para la Eliminación de las Sentencias Nacionalsocialistas Injustas en la Administración de Justicia Penal (25 de agosto de 1998), se decanta por la entrega de diplomas y la realización de homenajes.

Asistimos a un estéril, ridículo y resignado alegato sobre la ilegitimidad, injusticia y nulidad de las sanciones sin ninguna consecuencia económica. De esta manifestación simbólica de principios la única secuela directa es que se permite a las víctimas solicitar una Declaración de reparación y reconocimiento personal de naturaleza estrictamente moral.

Este Proyecto no solo entierra cualquier posibilidad de indemnizar a las víctimas y familiares de los republicanos por las condenas ilegítimas y la desposesión de todos sus bienes, sino que tampoco menciona la creación de una Comisión de la Verdad. Desobedeciendo, olvidando y alejándose de las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria (Doc. 10737.4 de noviembre de 2005); Asamblea General de Naciones Unidas, 2 de julio de 2014; Informe del Relator oficial sobre promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, de 22 de julio de 2014. En todas ellas se insta al Gobierno español a constituir un comité nacional para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen franquista.

La instauración de una Comisión de la Verdad sería una conquista básica, siempre y cuando se implanten garantías de calidad procedimental en la elección de sus miembros, que se logre un consenso en su designación y exista la posibilidad real de acceso a los Archivos sin las limitaciones actualmente existentes. Una Comisión que permita la reconstrucción de aquel Leviatán, que haga posible conocer, no una verdad objetiva e inmutable, sino aquellos mínimos históricos que deben ser conocidos por las futuras generaciones al objeto de evitar el nacimiento de nuevos fascismos.

(*) Guillermo Portilla Contreras es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Jaén y socio del colectivo ciudadano Granada Republicana UCAR.

http://www.elindependientedegranada.es/politica/proyecto-ley-memoria-democratica-otra-oportunidad-perdida

El Sahara, intercambio de cartas entre dos monarquías

Loïc Javier Molinete Silván (*)

El Ateneo de Granada Republicana UCAR / El Independiente de Granada

29/06/2021

Estas últimas semanas estamos viviendo el momento de mayor tensión política visto entre Marruecosi y España, desde la crisis sufrida en 1975 cuando el actual rey emérito, Juan CarIos I, firmó con el entonces rey de Marruecos, Hasán II, un acuerdo por el que cedía a nuestro vecino marroquí el último territorio de soberanía española, el Sahara Occidental. En aquel entonces nuestro país abandonó a su suerte a 70.000 españoles que residían en la zona, sin tener en cuenta la opinión de la población española ni saharaui. Se limitó a una decisión tomada entre dos monarquías, y sobre la que no hubo grandes algaradas mediáticas, como las que podemos ver hoy día por parte de la derecha patria en el conflicto catalán. Los mismos que defienden hoy la soberanía nacional, y el derecho de la población española a decidir en el conflicto catalán, obvian que en el Sahara fueron solo dos personas las que decidieron el futuro de los saharauis, una población que tenía DNI español.

Desde entonces, las décadas han ido pasando bajo el mandato de unos gobernantes que han obviado su responsabilidad como antigua potencia colonizadora, mirando hacia otro lado mientras se violaban los derechos humanos en las fronteras de nuestro país, a la vez que untaban los bolsillos de una monarquía corrupta y tirana como la de Mohamed VI, a cambio de su silencio con respecto a otros territorios como Ceuta, Melilla o Canarias. Comprábamos la defensa de nuestras fronteras o sosteníamos sus servicios secretos con “acuerdos antiterroristas”. Y mientras, el Reino de Marruecos se consolidaba por las zonas más ricas de la excolonia española a la vez que maltrataba a la población autóctona, que no abandonó su hogar pese a la guerra y a las amenazas.

El resultado del paso de estos 45 años es el fortalecimiento de nuestro vecino fronterizo, a través de su ejército, de la construcción de un muro infranqueable y la creación de un importante lobby en Washington, por no hablar de su alianza con Francia. Mientras ellos se hacían fuertes exteriormente, nosotros preferíamos confiar en nuestra posición dentro de Europa, en la OTAN, en nuestra capacidad de disuasión y, sobre todo, confiábamos en la relación entre las dos monarquías, la borbónica y la alauí, que compartían, por encima de religiones, algo mucho más profundo como son los mismos principios de enriquecimiento familiar. Llegaban a llamarse mutuamente “hermanos”, un parentesco que podría venir de la forma de concebir la nación como parte de su propiedad, aprovechando un estatus que les permitía enriquecer a sus cortes.

En estos momentos, Marruecos ha asegurado su soberanía en el Sahara tras el reconocimiento de Estados Unidos, a cambio del apoyo marroquí al gobierno de Israel. Vemos otro juego de cartas más del rey de Marruecos contra la voluntad de su pueblo, claramente próximo a la población palestina. Mientras, nuestra situación geopolítica se está complicando tras las declaraciones de Marruecos, desde finales del 2020, en las que ya señalan Ceuta y Melilla (no descartemos a Canarias en un futuro) como territorios “marroquíes igual que el Sahara”ii . Ya, no solo somos el último escollo que se interpone en sus reclamaciones territoriales, sino su próximo objetivo para lograr el “Gran Marruecos”.

Sin embargo, nuestra postura en el conflicto sigue siendo la misma desde hace más de 40 años. Lamentablemente, no hemos sabido leer la jugada de intereses que Marruecos estaba desplegando en Washington, ni hemos tejido nuevas alianzas con países como Argelia. A pesar de todo, entre nuestra rápida reacción y la torpe jugada del régimen marroquí (quien no ha calculado bien los costes de poner en riesgo a su población), la Unión Europea ha reaccionado al conflicto. Es hora de trazar una estrategia a medio y largo plazo que repare los errores del pasado con otro pueblo abandonado y utilizado por su rey en 1975, como es el caso del pueblo saharaui.

i Aclarar que, en este artículo, nos referimos al Gobierno de Marruecos, representado en la figura de su monarca, por lo que no hacemos responsable de los hechos a su pueblo, con el que tenemos una buena relación (si bien esta puede verse alterada por los acontecimientos actuales).
ii Declaraciones del primer ministro de Marruecos, Saadeddine El Othmani, en diciembre de 2020.

(*) Loïc Javier Molinete Silván, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, es vocal de la Junta Directiva de la asociación Granada Republicana UCAR.

https://www.elindependientedegranada.es/politica/sahara-intercambio-cartas-dos-monarquias

Elecciones madrileñas, en los límites del espanto

Salmerón-21 (*)

El Ateneo de Granada Republicana UCAR / El Independiente de Granada

12/05/2021

Comencé a escribir este artículo poco antes de las elecciones madrileñas del infausto 4-M, pero decidí completarlo tras conocer los resultados. Y aunque mi enfoque inicial ya era bastante pesimista, sin embargo ni en la peor de mis pesadillas podía imaginar el inmenso desastre que acarrearía esa consulta.

Es innegable que la campaña del PSOE ha sido mala de solemnidad; que la división de las izquierdas en nada ha beneficiado a las clases populares, y que la campaña de intoxicación de estirpe puramente fascista, desplegada por tierra mar y aire desde las tenebrosas factorías del trumpismo, de la prensa cavernaria y de la ultraderecha, no presagiaba nada bueno para los partidos democráticos (ni para las capas decentes de la sociedad).

Pues la realidad ha resultado mucho peor que cualquier pesadilla. La Comunidad de Madrid ha premiado con un respaldo masivo a un partido (el PP) y a una candidata (la Sra. Ayuso) cuya gestión viene a ser la suma de los siguientes elementos: los peores datos pandémicos de España se miren como se miren (excluidas Melilla y Ceuta, que son municipios sin término municipal); la catarata de muertes en residencias de ancianos con la prohibición de que estos fueran derivados a hospitales; junto con la irresponsabilidad de fomentar actividades festeras, hosteleras y callejeras de probado efecto contagioso (toros y bares).

Si atendemos al perfil de la candidata Ayuso, comprobaremos que su formación y su bagaje político son tan fértiles y floridos como el desierto de Tabernas. Sus argumentos intelectuales son tan complejos como el mecanismo de un sonajero. Su discurso ha consistido en culpabilizar compulsivamente al gobierno central de sus propios errores, mentir continuamente sobre todo lo que podamos imaginar, y tratar de superar a Vox en sus vertientes más ultramontanas. También traicionó a sus socios de Ciudadanos al convocar unilateralmente las elecciones. Y, como dato pintoresco, ha dado en condecorar a un personaje como Cristina Cifuentes (sin palabras). En el aspecto personal y familiar estamos esperando que se aclaren los escándalos de Avalmadrid y el “pisito” que le (¿prestó?) su amigo Sarasola para reponerse del Covid.

Pues bien, a fin de comprender cómo una cantidad tan grande de personas ha votado al dúo PP-Ayuso, no se me ha ocurrido nada mejor que consultar con la Biblia, y en el Eclesiastés (I,15) he leído: Numerus stultorum infinitus est (“el número de los tontos es infinito”). Santa palabra.

(*) Salmerón-21 es el seudónimo de un veterano republicano almeriense, integrante del colectivo cívico Granada Republicano UCAR.

http://www.elindependientedegranada.es/politica/elecciones-madrilenas-limites-espanto

Fernando Padilla de Toro, entre la cruz y la tricolor

 Fernando Padilla de Toro en Yátor (ilustración del maestro Joaquín López Cruces, dibujada expresamente para este homenaje, después de no haber podido localizar ninguna foto del protagonista).

José María García Labrac (*)

Foro de la Memoria / El Independiente de Granada

08/05/2021

Fernando Padilla de Toro fue asesinado en el Barranco de Víznar, en la madrugada del 25 de agosto de 1936, por los mismos verdugos que habían fusilado a Federico García Lorca, apenas unos días antes, en aquellos parajes de la Sierra de Huétor. Le faltaba menos de un mes para cumplir 32 años.

Paradójicamente, los golpistas, sublevados contra la República Española de la mano de las altas jerarquías de la Iglesia Católica, mataron esa noche a un hombre de Dios, un cristiano convencido que había formado parte de la Compañía de Jesús.

Fernando nació en Yátor, una aldea de la Alpujarra Baja granadina, el 21 de septiembre de 1904, en el seno del hogar formado por María Trinidad de Toro Vela y Antonio Padilla Cano. El parto se produjo en el domicilio familiar de entonces, la vivienda situada en el número 2 del callejón de la Plaza, una pintoresca vía rematada por un característico tinao alpujarreño.

María Trinidad de Toro Vela, la madre de Fernando, una ávida lectora del Quijote que perdió a dos hijos más durante la guerra, Eduardo y Sebastián.

En la época en la que Fernando vino al mundo, la mayoría de la población masculina de Yátor trabajaba en los yacimientos del distrito minero jiennense de Linares-La Carolina, ubicado en Sierra Morena. No tenemos datos de que su padre se dedicara temporalmente a la minería (en la partida de nacimiento de Fernando figura como labrador), aunque sabemos que varios de sus tíos maternos sí que llegaron a prestar servicios para las empresas mineras del norte de la provincia de Jaén (la ausencia de agua en la Alpujarra Baja, mucho más seca y estéril que la Alta, empujó a sus habitantes a buscarse la vida a tantos kilómetros de distancia).

El callejón de la Plaza de Yátor. Aquí nació Fernando Padilla en 1904 (fotografía de Sonia Montes Mata, tomada el 2 de abril de 2021).

Otra perspectiva del callejón de la Plaza (imagen de Sonia Montes Mata, 2 de abril de 2021).

Antonio Padilla y Trinidad de Toro tuvieron nueve hijos. Fernando era uno de los mayores, ya que nació solo un lustro después del matrimonio de sus padres, celebrado el 8 de mayo de 1899, en la iglesia parroquial de la localidad, consagrada a la Inmaculada Concepción. La economía de la familia no debía de ser demasiado boyante, a pesar de que Trinidad y todos sus hermanos sabían leer y escribir, de lo que se deduce una cierta posición cómoda de la rama materna. Es posible que esta precaria situación contribuyera a la vocación temprana de Fernando, que aliviaba a los suyos respondiendo a la llamada divina: una boca menos que alimentar para sus progenitores y el porvenir personal prácticamente asegurado.

El joven yatero ingresó en la orden de los jesuitas, según se atestigua en la hemeroteca histórica del diario Ideal, en algún momento indeterminado de los años 20 (su expediente se ha perdido y no aparece en ninguno de los archivos de la Compañía). Su etapa en el instituto religioso habría de servirle para alcanzar un nivel cultural nada común en la España de los estertores de la Restauración, azotada por unas terribles tasas de analfabetismo.

El “arco romano” de Yátor, un monumento bajo el que el antiguo jesuita tuvo que pasar en muchas ocasiones (Sonia Montes Mata, 2 de abril de 2021).

La memoria familiar relata que, al convertirse en jesuita, Fernando dejó Yátor, mudándose a Granada capital, probablemente a la residencia de Gran Vía, 28, sita junto a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, también gestionada por la orden fundada por San Ignacio de Loyola. Sin embargo, nunca dejó de visitar su pueblo en vacaciones y fiestas de guardar, paseándose por sus calles vestido con la sotana negra de la Compañía de Jesús. Los vecinos del lugar le respetaban y estimaban, valorando su capacidad intelectual y su dedicación sincera a la comunidad de Cristo, manifestada mediante sus enfrentamientos verbales con los caciques y propietarios de la zona, defendiendo siempre los derechos retributivos de jornaleros y peones.

Su compromiso con el Evangelio le fue acercando progresivamente a la causa socialista, entendiendo que uno de sus obligaciones cristianas era ayudar a hacer realidad el reino de Dios en la tierra. Paralelamente, la evolución ideológica que estaba experimentando le empezó a granjear problemas dentro de la orden jesuítica.

El 23 de enero de 1932, la II República, el régimen democrático que sustituyó a la corrupta y caduca Monarquía alfonsina, ordenó la disolución de la Compañía de Jesús, en función de lo establecido en la Constitución de 1931. Las órdenes religiosas con voto de obediencia absoluta al papa de Roma, un jefe de Estado extranjero desde la firma de los Pactos de Letrán (1929), no tenían cabida en el nuevo ordenamiento jurídico español. Los jesuitas tuvieron que abandonar el país para seguir ejerciendo sus ministerios en otras partes del globo.

Actas de las elecciones generales de febrero de 1936, en las que figura Fernando como primer votante de su pueblo (Archivo de la Diputación de Granada).

Parece ser que Fernando aprovechó la coyuntura para dejar la Compañía y regresar a la vida seglar. Sus superiores le ofrecieron un traslado a Argentina, pero él prefirió salir de la orden y volver a Yátor con su familia (sus últimos tiempos como “soldado de Dios” no habían sido cómodos y ahora necesitaba emprender otro rumbo, esperanzado por el cambio político en marcha).

Tras retornar a la Alpujarra, el muchacho se afilió al PSOE y fue elegido secretario de la agrupación socialista de Yátor. Seguía siendo muy querido entre sus paisanos, algunos de los cuales confiaron en él para encabezar la izquierda local, liderando la oposición al Ayuntamiento, gobernado por las derechas (Yátor conservó su independencia municipal hasta 1972, cuando se incorporó a Cádiar). A la vez que dirigía el socialismo yatero, Fernando faenaba en el campo como jornalero.

El 9 de noviembre de 1933, con motivo de las elecciones generales cuya primera vuelta se iba a celebrar pocos días después, el jesuita exclaustrado participó en un mitin en su pueblo, presentando a distinguidos oradores del PSOE, como Antonio Pretel Fernández, futuro diputado a Cortes en representación del PCE (y padre del también dirigente comunista Damián Pretel Martínez). Ideal publicó una reseña del acto en su edición del 14 de noviembre [1], resaltando la intervención en el mismo del “ex afiliado a la Orden de los Jesuitas, hoy secretario del Centro socialista local, camarada Fernando Padilla”. El periódico, portavoz provincial oficioso de la CEDA, señalaba públicamente al antiguo clérigo, en el marco de una crónica despectiva y jocosa sobre el evento izquierdista. La derecha católica no olvidaba ni perdonaba su “traición” a la Santa Madre Iglesia.

Francisco Padilla de Toro, Frasco, hermano menor de Fernando, faenando por los campos yateros (foto de agosto del 67, cedida por Mª Carmen de Toro Ortiz).

Desconocemos los resultados de los comicios legislativos de 1933 en la localidad alpujarreña, pero sí que hemos conseguido las actas de los posteriores, los de febrero de 1936, en los que venció el Frente Popular. Fernando Padilla de Toro fue el votante más madrugador de la aldea, el primero que ejerció su derecho al sufragio.

El alzamiento franquista del 18 de julio de 1936 selló el destino del Fraile, como le llamaban sus conciudadanos (jamás lo fue porque los jesuitas no tienen la condición de frailes). El día 24, ante las preocupantes noticias que llegaban de Granada, los partidarios del Frente Popular asaltaron el Ayuntamiento de Yátor y destituyeron al alcalde, miembro del partido derechista Acción Popular, una formación integrada en la CEDA y que se había sumado al golpe de Estado contra la democracia. A continuación, los republicanos, constituidos en Comité de Guerra, eligieron alcalde interino a Fernando. Su mandato sería corto y accidentado.

Desde su nombramiento como regidor provisional, lo sucedido con nuestro protagonista resulta un misterio difícil de explicar. Los testimonios orales que hemos recabado cuentan que viajó a la ciudad de la Alhambra en busca de armas y de alimentos, engañado por los caciques locales, que le aseguraron que la rebelión había fracasado en la capital de la provincia. ¿Por qué creyó a aquella gente? ¿Quizás algún amigo íntimo le traicionó? Es imposible saberlo. Lo cierto es que se presentó en Granada como alcalde de Yátor, siendo inmediatamente detenido por las autoridades golpistas y encarcelado en la antigua prisión de la avenida de Madrid.

En la madrugada del 25 de agosto, a requerimiento de un juez militar, lo sacaron de su celda, lo subieron a un camión y lo llevaron al Barranco de Víznar, en donde fue fusilado por un piquete de guardias de asalto, junto a otros dieciséis compañeros de infortunio, casi todos también militantes del PSOE (conforme a lo detallado en “García Lorca y Víznar. Memorias del general Nestares”, el libro de Federico Molina Fajardo). Uno de sus hermanos de muerte sería el histórico líder socialista y ugetista José Raya Hurtado, un personaje fundamental en la secuencia de acontecimientos que llevaron a la proclamación de la República en Granada (además, esa noche asesinaron, entre otros, a Enrique García Cappa, Enrique García Fernández, Ricardo Mendoza Calvo, Pedro Domínguez Mazo, Juan de Dios Rodríguez Adarve, José García Esteban, Evaristo Olalla Morales, Pedro Márquez Ortiz, Antonio García Nuño o Antonio Espigares Ortiz).

Fernando fue enterrado en una fosa común del Barranco, por un grupo de masones presos en La Colonia (así se menciona en “Los últimos días de García Lorca”, la investigación de Eduardo Molina Fajardo). Sus restos mortales nunca han sido encontrados. En la actualidad, una campaña de excavaciones, impulsada por la Universidad de Granada y la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (AGRMH), se está llevando a cabo en Víznar, en el entorno en el que se cometieron los crímenes. ¿Aparecerán los huesos del mártir cristiano ignorado por la Iglesia Católica, cómplice y sostén de las fechorías facciosas? La familia espera y desea que se encuentren e identifiquen sus restos, para poder enterrarlos en el cementerio de Yátor, en la misma tumba en la que descansan los de su madre. La pobre falleció, casi centenaria, con el único consuelo de imaginar que su hijo compartía sepultura con el genio de Fuente Vaqueros.

Encarna Padilla Alonso, sobrina de Fernando Padilla de Toro (hija de Gabriel, otro de sus hermanos pequeños).

Ojalá logremos que Fernando regrese a la Alpujarra, a la vera de los suyos, desandando el camino que lo condujo al abismo. Lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas, como homenaje póstumo a él y a sus compañeros de suerte, que entregaron sus vidas por un mundo mejor, encarnado en España por el régimen constitucional de la II República.

Agradecimientos

– A Encarna Padilla Alonso, sobrina carnal de Fernando, por descubrirme la desconocida historia de su tío.

– A Joaquín López Cruces, ilustrador e historietista, por hacer realidad la loca idea de representar a Fernando en un dibujo.

– A Silvia González Alcalde, vocal de Investigación y Familias de la AGRMH, por su inestimable ayuda documental, imprescindible para escribir este artículo.

– A los hermanos De Toro Ortiz, Fernando y Mari Carmen, por acercarme a nuestro pasado yatero.

– A Sonia Montes Mata, por sus fotografías de Yátor y por la edición de otras de las imágenes que acompañan este texto.

– A María Trinidad de Toro Vela, la madre coraje de Fernando, por impedir que el recuerdo de su hijo se perdiera en el olvido.

Anexo

[1] Reseña que apareció en la edición del diario Ideal del 14 de noviembre de 1933:

FRACASO SOCIALISTA EN YÁTOR

El día 8 del corriente no pudo celebrarse el anunciado mitin que los camaradas socialistas Tovar, Pretel y otro cuyo nombre desconocemos, intentaron realizar en Yátor, pues a pesar de hacer cuantos esfuerzos les fueron posibles los correligionarios locales por traer personas que les oyeran, hubieron de marcharse ante el desaire del vecindario, que espontáneamente demostró con su ausencia la indiferencia ante las ideas del partido, renunciando incluso a oírlas.

Al día siguiente, y no dándose por aludidos de tan marcado desprecio, volvieron nuevamente con el mismo objeto y, por fin, después de dos largas horas en espera de público, hubieron de decidirse a decir algo ante el grupo de chiquillos, mujeres y curiosos que, unidos a los adictos del partido, llegarían escasamente a 50; esto es, contando con un ocurrente amigo que, montado en su burra, se acercó al grupo, personificando el sentido irrisorio que ofreció el acto. Sin llegar a hacerse el silencio y entre constantes interrupciones por murmullo del personal, que, desde lejos, presenciaba el espectáculo, hicieron uso de la palabra los citados oradores y por el orden en que fueron presentados por el ex afiliado a la Orden de los Jesuitas, hoy secretario del Centro socialista local, camarada Fernando Padilla.

Las conferencias se redujeron a remachar donde saben que duele: asegurar que el partido socialista es Católico apostólico; que ellos no son culpables de la situación económica de la Nación, ni del despilfarro de sus presupuestos, y, por último, ante no sentir la más leve prueba de aprobación, aludieron a la olvidada triquiñuela de que, triunfando ellos, habría pan, mucho pan, lo cual les mereció el aplauso de una contada decena de oyentes.

Hay que convencerse de que en Yátor son de más aceptación las caricaturas de Miranda, en IDEAL, que las profecías socialistas.

El autor junto a la iglesia de Yátor, situada a la entrada de la localidad alpujarreña (Sonia Montes, 2 de abril de 2021).

(*) José María García Labrac es el presidente de la asociación ciudadana Granada Republicana UCAR y el creador de la serie Leyendas de los Nuestros, un espacio literario dedicado a la memoria íntima y colectiva de Granada.

Fernando Padilla de Toro era primo hermano de su abuela paterna, Teresa Jiménez de Toro (1927-2014). La madre de Fernando, Trinidad, fue una de las hermanas mayores de Loreto de Toro Vela (1891-1975), bisabuela del autor.

Otro primo de Fernando, retoño de Loreto y tío abuelo de José Mª, José Jiménez de Toro (1912-1970), destacó por su defensa de la legalidad republicana en el seno de la Guardia Civil.

http://www.elindependientedegranada.es/ciudadania/fernando-padilla-toro-cruz-tricolor

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