Juristas y profesores ven a la sociedad madura para cerrar definitivamente las heridas de la guerra
Diego Barcala

Público

24/10/2010

Diez años después de la primera exhumación forense de un fusilado en la represión franquista, las víctimas del fascismo creen que la sociedad tiene la madurez suficiente para cerrar las tareas pendientes de la Transición. Jueces y profesores universitarios reunidos en Ponferrada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) reclamaron ayer que el camino abierto con las exhumaciones sirva para democratizar los poderes del Estado anclados en el pasado.

“Los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de la Memoria dicen que una vez abierta la fosa se debe dar cuenta a la autoridad judicial competente. No creo que se refieran a llamar al juez para poner flores”, ironiza el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. En su opinión, los argumentos jurídicos utilizados para rebatir las peticiones de las víctimas de Franco demuestran que la Transición fue continuista con el Estado dictatorial.

Nulidad de sentencias

“Cuando el Tribunal Supremo ha impedido la nulidad de las sentencias de los tribunales militares franquistas ha argumentado que se trata de justicia militar y que era la legalidad vigente. Me pregunto si matar a un maestro es justicia castrense y si es legítimo el sistema judicial de una dictadura. Si un juez alemán considera válida la legislación nazi, lo meten en la cárcel”, añade Martín Pallín.

El proceso abierto al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por intentar investigar los crímenes del franquismo a instancias del sindicato ultraderechista Manos Limpias y Falange Española fue mencionado reiteradamente como el ejemplo de que España no ha acabado su camino a la democracia. “Es una vergüenza y es bochornoso. ¿Cómo se puede decir que la Transición fue modélica? Se podrá argumentar que no se pudo hacer otra, pero no que fue modélica”, explicó el profesor de Ciencia Política de la Universitat Pompeu Fabra Vicenç Navarro.

El autor de El subdesarrollo social de España demostró en su ponencia la relación que, según sus estudios, existe entre el proceso abierto por las víctimas del fascismo en favor de la memoria histórica y las carencias sociales del Estado del bienestar en España. “La gente os dirá que os ocupáis de los muertos, pero yo os aseguro que para ocuparse de los vivos hay que saber por qué murieron los muertos. Estáis desenterrando la historia de España y eso no es el final del capítulo sino el inicio. Cuando la derecha dice que no se opone a que cada uno entierre a su familiar como quiera -faltaría más- os están diciendo: ‘Desenterradlos y no molestéis más’. Es una vergüenza. ¿Cómo se puede pedir que alguien desentierre a la víctima de un asesinato y no sepa quién es el culpable? ¿Cómo se puede honrar a los muertos sin denunciar a sus asesinos?”, enfatizó.

Los familiares de víctimas del golpe de 1936 aplaudieron con fuerza a Navarro cuando deshizo un mito heredado de la dictadura al asegurar que la guerra en España “la ganaron los malos”.

“He escuchado al periodista Javier Pradera en un documental decir que las sociedades de Francia y EEUU siguen influenciadas por sus respectivas guerras civiles al igual que en España. Lo que no dice es que en el caso de EEUU ganaron los buenos y ahora en las escuelas se estudian los valores democráticos del presidente Lincoln. En la revolución francesa también ganaron los buenos, pero en España ganaron los malos y eso hay que decirlo”, explicó.

Orgullosos de sus padres

Navarro dejó en su ponencia una puerta abierta a la esperanza. “Vuestra lucha sirve y tiene sus frutos. Os lo explico con un dato: el 30% de los votantes del PP no está de acuerdo con el proceso abierto a Garzón. Es todo un avance si tenemos en cuenta que todos los dirigentes de ese partido han aplaudido su procesamiento”, ejemplificó.

Por su parte, Martín Pallín recordó que la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada en 1983 obliga a los jueces a acudir a las fosas comunes. “A ver si van a pensar como Franco, que llamaba a no despertar los viejos demonios familiares. Serían los suyos, desde luego”, denunció el magistrado.

La conferencia de Navarro y Martín Pallín se celebró en el marco del aniversario de la exhumación del abuelo de Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que comparte, después de diez años, el diagnóstico de déficit democrático en la sociedad española. “Pongo un ejemplo: ¿Cómo es posible que los historiadores estén debatiendo a estas alturas sobre las causas de la Guerra Civil? Sólo se explica que alguien justifique en 2010 el golpe de Estado a la legalidad republicana desde una falta de cultura de derechos humanos”, señaló.

“Estos diez años han estado cargados de dignidad”, resume el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid Juan Carlos Monedero. “Siguen pendientes en España todos los debates que no hemos tenido. Tenemos una Constitución que no fue debatida. Criticamos a muchos países que llamamos bananeros pero que debatieron sus constituciones por las esquinas”, añade Monedero.

Las afirmaciones de Navarro, Martín Pallín o Monedero coincidieron en denunciar la falta de ruptura con el pasado que supuso la Transición. Y en la crítica no se salvó nadie. Ni siquiera el rey, alzado a los altares de la democracia por los protagonistas de aquella etapa histórica.

El papel del rey

“Franco murió en la cama pero la dictadura murió en la calle. En el periodo entre 1974 y 1978 hubo en España más huelgas que en cualquier país de Europa. Pero eso no se cuenta. Se prefiere decir que fue el rey el que trajo la democracia”, explicó Navarro. “He asesorado a gobiernos de Suecia, Reino Unido y EEUU. En los tres hubo críticas feroces a los jefes de Estado y no pasaba nada. Aquí Carod Rovira llamó ignorante, con razón, al rey y el fiscal general del Estado le amenazó con llevarle a los tribunales”, añadió Navarro, que fue asesor de Salvador Allende en Chile o de Bill Clinton, en EEUU.

Siempre apoyado en los datos, Navarro recordó las advertencias del entonces embajador de EEUU al rey Juan Carlos I sobre su distanciamiento con la clase obrera en España, según los documentos desclasificados del Gobierno estadounidense.

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