El Estado de derecho también se acaba en España cuando alguien mira bajo la alfombra de la dictadura. “¿Cómo se explicaría, por ejemplo, en Alemania, que se tramitara una querella del partido neonazi contra un juez que hubiera intentado investigar los crímenes del nazismo?”, se pregunta el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez Fresneda. La respuesta no es nada retórica: Spain is tan different que aquí las perdices disparan a las escopetas, y son los herederos políticos de los criminales quienes procesan al que se atreve a investigar aquellos crímenes. Para dar ejemplo.
Pero la nueva querella de Falange también tiene su lado bueno: un enorme valor simbólico. Ha dejado en evidencia al Tribunal Supremo, que la recibió el 1 de septiembre, pero ha tardado meses en responder porque ninguna opción era buena. No podía rechazarla porque es casi idéntica a la que presentaron las organizaciones ultras Manos Limpias y Libertad e Identidad. Pero aceptarla, como finalmente ha hecho, es casi peor para esos magistrados que comparten la toga con la Hermandad del Valle de los Caídos. La venganza es más eficaz cuando se disfraza de justicia ciega.
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