Editorial
07/09/2012
Cuando el capitalismo entra en su fase de crisis terminal, surge el fascismo
para convencer a la población de que la culpa de todo no la tienen los
verdaderos culpables sino los inmigrantes, los políticos, los sindicalistas, los
judíos, los intelectuales, los musulmanes, los obreros, los homosexuales, los
negros o todo aquel que no sea gran empresario o banquero.
Lo pudimos comprobar con la crisis de 1929.
Así pues, una de las características fundamentales del fascismo es la que
podríamos denominar como “politofobia”, es decir, odio visceral hacia los
políticos que ejercen tareas de representación democrática.
El caldo de cultivo idóneo para que la politofobia pueda propagarse es una
sociedad políticamente inculta y permanentemente dispuesta a responsabilizar de
todos los males al capataz y no al dueño de la finca.
Quizá como causa, quizá como consecuencia de esta estrategia, los políticos
son ya el tercer problema para los españoles. Y subidos a este carro, algunos
políticos (de esos que cuando culminan su labor institucional son fichados como
consejeros por grandes empresas para que “aconsejen”) han comenzado a lanzar
demagógicos discursos contra los políticos.
El punto máximo del aroma fascistoide lo alcanzó ayer la presidenta de
Castilla–La Mancha, Dolores de Cospedal, cuando propuso suprimir las
remuneraciones de los diputados autonómicos en su territorio, para que éstos se
dediquen por completo a sus respectivas actividades profesionales, y destinen
sólo algunos de sus ratos libres a las labores institucionales.
Tras el desplazamiento de los políticos castellano–manchegos hacia esta
especie de voluntariado institucional surge una pregunta: ¿quién se encargará de
la cosa pública cuando los políticos no se vean remunerados por su dedicación
exclusiva? La respuesta del poder económico está clara: el Dinero gestionará lo
que quede del Estado, por lo que, cuantos menos testigos haya, mejor.
En la España del siglo XIX, los caciques eran quienes componían los
ayuntamientos, los parlamentos y las diputaciones, mientras se dedicaban a sus
respectivos negocios ¿Es este el modelo que pretende implantar Cospedal? ¿Su
propuesta de reducir el número de parlamentarios en Castilla–La Mancha tiene
alguna otra finalidad, aparte de reforzar el bipartidismo decimonónico?
Evidentemente, es preciso racionalizar el gasto público y acabar con el
mamoneo que se ha producido en muchas instituciones de nuestro país, pero eso no
quiere decir que “los políticos” sean los culpables de la actual situación
económica. De hecho, sólo a una pequeña parte de ellos que ha ejercido grandes
tareas de gobierno, cabría imputarle una parte de la responsabilidad por el
fracaso al que nos ha conducido la fallida ideología neoliberal.
Además, el volumen de gasto público destinado a pagar las retribuciones, los
coches oficiales o los escoltas de los representantes institucionales del pueblo
soberano es infinitamente menor que el que se ha dedicado y se va a dedicar a
pagar los platos que rompieron un puñado de constructores, promotores y
banqueros durante la época dorada del ladrillo.
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, aceptas el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad