La ola de transparencia no alcanza al patrimonio de la monarquía ni a sus
actividades “privadas”
Pere Rusiñol
Público
02/01/2012
Desde el 10 de abril de 2006, el presidente del Gobierno, los ministros y los
altos cargos están obligados a desnudarse: tienen que aportar a un
registro sus declaraciones de renta y de patrimonio y una completa radiografía
de sus inversiones, sus bienes y sus participaciones societarias. Para los
ministros, el desnudo es integral: tal cual llega, se publica en el
Boletín Oficial del Estado.

El objetivo de esta ley, cuyo espíritu se ha extendido luego en distintos
grados de exigencia a las Cortes, a varias comunidades y parlamentos
autonómicos, viene fijado en el preámbulo y nada tiene que ver con el morbo:
“Prevenir situaciones que puedan originar conflictos de intereses”. Y, como
todas las leyes, lleva la rúbrica del jefe de Estado, el rey Juan Carlos I, que,
sin embargo, queda al margen de los deberes que impone.
La Casa del Rey desveló la semana pasada por vez primera en 32 años a qué
destina el monarca la asignación pública anual, que en 2011 ascendió a 8,4
millones de euros. El PP, el PSOE y los medios monárquicos han celebrado como un
gran hito de transparencia el gesto de la monarquía, que empieza a equipararse
así con sus pares europeas, pero que sigue lejos de los estándares de
transparencia que afrontan el resto de servidores públicos de alta
responsabilidad en España.
De un lado, el desglose de esta partida supone apenas una mínima parte del
gasto público que se destina a la monarquía y que, según la estimación de
Público, asciende a un mínimo de 59 millones al año si se agregan las
partidas que sufragan los ministerios. Del otro, la luz no ha llegado aún al
ámbito privado de la Casa del Rey, que sigue moviéndose en la más absoluta
oscuridad y sin norma legal que la regule al no haberse aprobado ninguna ley ni
Estatuto sobre los derechos y los deberes de la Corona y sus miembros.
“La Casa Real ha dado un paso, pero es muy incompleto”, advierte Antonio
Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED experto en la
monarquía. Y añade: “En lo que respecta a los fondos públicos, hay que afinar y
desglosar, por ejemplo, las aportaciones a la reina y las infantas. Pero hay que
abordar también todo el aspecto privado: conocerlo, aunque sea a grandes rasgos,
y regularlo jurídicamente”.
“Los tiempos empujan hacia la transparencia y no se puede hacer nada para
detener una tendencia imparable, razonable y democrática”, concluye Del Moral,
quien al mismo tiempo se muestra comprensivo si se “espacian los tiempos” para
que no parezca “un acoso”.
Pero la izquierda minoritaria no ha dejado pasar ni un segundo: ya ha
anunciado que inundará el Congreso y el Senado de iniciativas para seguir
escarbando tras años en que muchas de sus preguntas sobre la monarquía ni
siquiera eran aceptadas por la Mesa. Cuando, hace tres años, ERC intentó conocer
el desglose de la asignación pública a la Casa del Rey justo lo que ha desvelado
ahora el propio monarca, la Mesa le devolvió indignada la iniciativa, sin ni
siquiera registrarla, y los republicanos acudieron al Tribunal de Estrasburgo,
que aún no se ha pronunciado.
“Buena parte de la culpa de la falta de transparencia es del PP y el PSOE,
que con su actitud genuflexa han acostumbrado mal al rey, lo que ha acabado
causándole problemas”, subraya Iñaki Anasagasti, histórico dirigente del Partido
Nacionalista Vasco y autor de Una Monarquía protegida por la censura
(Foca).
Ahora, Esquerra ha presentado cien preguntas para “acabar con la opacidad de
la Casa Real” que abordan sobre todo los aspectos privados aún guardados a cal y
canto (ver recuadro anexo). IU prepara una doble batería: para conocer el dinero
público que destinan los ministerios a la Casa del Rey y para aclarar el
patrimonio y las actividades económicas privadas del jefe de Estado. E ICV
pretende, al hilo de la imputación de Iñaki Urdangarin, impedir que cualquier
miembro de la Casa Real con asignación pública tenga actividades privadas
retribuidas.
LA FORTUNA

Misterio millonario


Nadie sabe a cuánto asciende la fortuna del jefe del Estado y de su familia.
Ni qué la integra. Ni de dónde procede.
“El patrimonio personal y cómo se gestiona es algo completamente privado y
familiar, ajeno por tanto a la institución”, explica un portavoz de la Casa del
Rey.
El origen del patrimonio fue necesariamente modesto, como a menudo han
evocado ante biógrafos oficiales el propio rey y también la reina, como
consecuencia de pasar los Borbones 44 años apartados del trono, primero por la
II República y luego por la ambigüedad de un franquismo formalmente monárquico
que aspiraba a someter a la familia real.
Y, sin embargo, en 2002, la revista Eurobusiness, en un ranking sobre
los ricos europeos, cifraba la fortuna del jefe de Estado en 1.790 millones de
euros. El entonces embajador en Londres remitió una misiva de protesta a la
revista, que firmó como marqués de Tamarón, considerando “disparatada” la cifra:
“Sólo se puede explicar por haber entendido ustedes, erróneamente, que los
bienes públicos propiedad del Patrimonio Nacional, del Estado español, son
propiedad privada de Su Majestad el Rey, lo cual es evidentemente inexacto”.
Como recuerda Anasagasti, Eurobusiness trascendía necesariamente a
Patrimonio Nacional, porque aludía sin dar pistas a propiedades “desparramadas
por toda Europa” y a un supuesto fondo en el exterior creado por monárquicos
durante el franquismo. Sin embargo, la polémica murió con la revista misma: el
dueño, el magnate de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone, echó el cierre poco
después, en 2004.
El periodista José García Abad contó, en La soledad del rey (Esfera de
los libros), que el testamento de don Juan a sus hijos Juan Carlos, Pilar y
Margarita, incluía un chalet en Puerta de Hierro, parte de un edificio de
oficinas de la Gran Vía de Madrid, un apartamento en Estoril y 36.000 euros en
una cuenta en Suiza.
Supuestamente, estas propiedades fueron vendidas y sólo la familia real y su
entorno saben si el monarca ha adquirido privadamente otras propiedades. Tampoco
se sabe si el supuesto fondo en el extranjero que citaba Eurobusinessy la
teórica cuenta suiza siguen operativos. Para los portavoces oficiales de la Casa
Real, la respuesta sobre la fortuna real y su actividad privada es siempre la
misma: “No tenemos ni idea, porque se trata de un asunto estrictamente privado:
manejan sus asuntos como cualquier familia y pagan todos los impuestos que les
corresponde”.
Los portavoces oficiales tampoco aportan detalles sobre los impuestos, más
allá de una proclamación rotunda: a diferencia de la tradición de la realeza
europea, aquí los pagan todos: IRPF, Patrimonio, IVA, circulación, etcétera.
Pero las cuantías que permitirían tener una idea aproximada de la fortuna son
aún materia reservada.
Desde 2008, Forbes publica también un listado sobre la riqueza de las
casas reales y la monarquía española no aparece nunca entre las 15 más
adineradas. Cada año, el artículo acaba subrayando explícitamente que el listado
no incluye a las casas reales de España ni de Japón “porque no hansuperado el
corte”.
En 2011, el “corte” eran cien millones de euros y el listado sólo incluía dos
monarquías de la UE: la británica (le atribuía una fortuna personal de 500
millones de euros) y la holandesa (220).
LOS REGALOS


Registro privado

Si un político acepta un regalo importante, se arriesga a que lo acusen al
menos de cohecho. Pero el principio no afecta al jefe de Estado, que
teóricamente no incide en la elaboración de las leyes y que en su reinado ha
recibido una auténtica lluvia de regalos valiosísimos, sobre todo procedentes de
círculos empresariales.
La primera gran colecta para Juan Carlos I empezó incluso mucho antes
de que arrancara su reinado, en 1962, con motivo de su boda, por iniciativa del
banquero Lluís Valls i Taberner, que reunió entre empresarios 20 millones de
pesetas para los novios.
Pero el fenómeno ha tenido muchísimos episodios públicos, porque en España
sólo la izquierda minoritaria lo ha considerado peligroso. La diferencia con
Suecia es abismal: en 2010, la monarquía se tambaleó al trascender que la
princesa heredera había aceptado que un empresario costeara su luna de miel y
evitó la investigación por soborno porque goza de inviolabilidad.
Los regalos a la Corona española han incluido coches de lujo: en 1988, el
polémico financiero Javier de la Rosa obsequió al jefe de Estado en nombre de un
grupo de empresarios catalanes con un lujoso Porsche deportivo; viviendas: el rey
Hussein de Jordania regaló al monarca una mansión en Lanzarote y yates, una de
las grandes debilidades de la familia: el primer Fortuna que disfrutó, en
1976, fue gentileza del rey Fahd, su hermano saudí; y el Fortuna
moderno fue una joya que pudo costar hasta 40 millones de euros y que pagaron a
escote empresarios mallorquines y catalanes con el paraguas de la Fundació
Turística y Cultural de les Illes Balears, cuyo patronato encabezaba Jaume
Matas, hoy imputado en el caso que ha desencadenado la investigación sobre el
yerno del rey.
También Mario Conde llegó a encargar un yate de superlujo para el rey, según
descubrió el periodista Ernesto Ekaizer, autor de Vendetta (Plaza y
Janés, 1996). Tras desencriptar el acta de varias reuniones, Ekaizer averiguó
que el regalo incluía el pedido de turbinas de gran potencia a General Electric.
En el proyecto, que no llegó a culminarse, participaron una representante de la
firma Global Reach (EEUU) y tres íntimos del rey: Manuel Prado y Colón de
Carvajal, Francisco Sitges (Asturiana del Zinc) y José Ignacio López de
Arriortúa (Volkswagen).
Como no existe un registro público de los regalos, la nebulosa ha alimentado
todo tipo de leyendas más o menos desmentidas, como las maletas con mil millones
de pesetas que José María Ruiz Mateos dijo haber entregado al rey en la década
de 1980 sin que nadie investigara si era cierto ni le denunciara por injurias.
La última, difundida por uno de los periodistas que mejor conoce la Casa del
Rey, aseguraba que un jeque árabe había regalado al rey un coche bañado en
oro.
“Se dicen muchas mentiras, como la del coche de oro y que el rey tiene 70
coches privados. Son muchísimos menos”, afirma un portavoz de la Casa Real, sin
precisar la cifra del parque móvil privado del monarca. El portavoz asegura que,
aunque no existe registro público de regalos, todos los obsequios constan en el
registro de entrada y que los importantes se donan a Patrimonio Nacional. “El
criterio utilizado es el sentido común: un barco es inventariado y va a
Patrimonio Nacional, un caballo, al registro de semovientes, y una gallina,
quizá a la cocina”, explica.

LAS INVERSIONES

La ‘Casa bis’

Antes, todo el mundo sabía que de los negocios privados del rey se encargaba
Manuel Prado y Colón de Carvajal, que se ganó el malicioso apodo de Jefe de
la Casa bis.
Pero Prado, muerto en 2009, quedó abrasado en dos de los
escándalos judiciales más espectaculares de la década de 1990: la caída de los
financieros Javier de la Rosa y Mario Conde.
De ambos casos, la Casa del Rey salió indemne, pese a que De la Rosa aseguró
que cien millones de pesetas del agujero de KIO habían ido a parar a la
Corona y que, según reveló Ekaizer en Vendetta (Plaza & Janés), con
la intervención de Banesto se descubrieron dos cuentas a nombre del rey: una con
un descubierto de 150 millones de pesetas y otra con aportaciones para la
ampliación del capital del banco.
Los escándalos económicos han rozado otras veces La Zarzuela sin impactarla
jamás: desde el crédito de cien millones de pesetas, sin intereses y
reiteradamente renovado, que Arabia Saudí otorgó supuestamente a su
hermano español y del que se hace eco García Abad, hasta la declaración,
en sede judicial francesa, del expresidente de Elf LoïkLe Floch-Prigent, que,
antes de ser condenado, dijo haber abonado comisiones pensando que se dirigían
al monarca en la compra de Ertoil.

Desde que cayó Prado, nadie sabe quién se encarga de la Casa
bis
ni cómo opera. El rey ha mostrado un poco sus cuentas públicas, pero el
viento de transparencia no ha alcanzado las privadas.
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