José María García Labrac*
Ideal
12/04/2013
España se encuentra en situación de emergencia nacional. La recesión económica mundial se ha ensañado especialmente con nuestro país, arrojando al paro a millones de españoles, arruinando miles de pequeños negocios y expulsando a multitud de familias de sus hogares. La crisis ha desencadenado a su vez un terremoto de insospechables consecuencias en las principales instituciones del Estado, dinamitando los consensos de la Transición y llevándose por delante incluso la mismísima Constitución, antaño intocable y sacrosanta, convertida ahora en papel mojado por expreso deseo de la troika.
Vivimos el fin de una época: el ocaso del régimen de 1978. El ciclo histórico del juancarlismo se está agotando, curiosamente, de manera paralela a la decadencia física del propio titular de la Corona. Los dos principales partidos dinásticos se hunden en las encuestas, acosados por la corrupción (Gürtel, Bárcenas, EREs, Campeón), mientras el “affaire Urdangarin” apunta directamente al entorno del monarca, relacionado también con los turbios manejos empresariales de la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein.
Aprovechando la coyuntura y actuando al dictado de los mercados, los Gobiernos de Zapatero y Rajoy (con particular contundencia este último), han emprendido una cruzada contra nuestro raquítico Estado de Bienestar, precarizando al máximo las relaciones laborales, recortando la sanidad, la educación y el transporte y favoreciendo la privatización de todos los servicios públicos esenciales. Con el mismo ímpetu y a una velocidad inusitada, acudieron al rescate de los bancos y las cajas de ahorros, abandonando en la estacada, sin embargo, a las víctimas de los desahucios (o de las preferentes).
La descomposición del régimen ha propiciado también el órdago soberanista de la burguesía catalanista, respaldado por gran parte de la sociedad catalana. La cuestión territorial, sempiterno problema irresuelto de la España moderna, ha vuelto a aparecer en escena, revelando la artificialidad del apaño autonómico.
Del análisis anterior podemos extraer las siguientes conclusiones:
– La oligarquía financiera, a través de sus agentes del PPSOE**, ha puesto en marcha su propio proceso constituyente, con vistas a configurar un nuevo marco institucional, de carácter neoliberal y antikeynesiano. Se pretende imponer una versión extremista del modelo anglosajón, derogando las conquistas sociales del movimiento obrero y jibarizando los mecanismos de participación ciudadana. El objetivo final es la legalización de la dictadura encubierta que nos gobierna.
– Constatado el descrédito de la Monarquía Juancarlista, determinados sectores de la clase dominante, han querido forzar la abdicación del rey, entendiendo que la coronación del príncipe de Asturias podría suponer el punto de partida (y el revulsivo) para una Segunda Transición (hacia la tiranía absoluta de los mercados), asegurando además el futuro de la Casa Real, en peligro desde el incidente de Botsuana. La reciente imputación de la infanta Cristina viene a demostrar la caída en desgracia de la institución, hasta hace poco incuestionable para la opinión pública.
– Paralelamente, otra facción de la oligarquía, desengañada del bipartidismo actual, está utilizando toda la artillería mediática a su alcance para potenciar a las opciones populistas que podrían servirle de recambio.
– El nacionalismo conservador catalán ha roto el pacto autonómico, apostando fuerte por un rediseño de las relaciones de Cataluña con el resto de España, aspirando más a emular el ejemplo puertorriqueño que a constituir un estado-nación propio.
– La formidable irrupción en el debate público nacional de la PAH, espoleada por el goteo constante de suicidios, ha abierto una brecha considerable en la hegemonía cultural del bloque dominante (prueba de ello es la furibunda campaña de criminalización que ha originado).
La sombra de Lampedusa ronda las trastiendas del poder. Ha llegado la hora de que nos atrevamos a conjurarla.
Al rescate de la ciudadanía
Desde la muerte de Franco, la eventualidad de la Tercera República Española nunca había sido tan real. La quiebra de la inmunidad mediática de la Monarquía ha estimulado el republicanismo entre la ciudadanía, hastiada de la podredumbre de la Segunda Restauración Borbónica.
El movimiento republicano debe de estar a la altura de las circunstancias. Tenemos que pelear por un proceso constituyente radicalmente democrático, emancipado de servidumbres y tutelas, protagonizado únicamente por el pueblo. Un proceso constituyente que desemboque en la constitución de la República del bien común, un régimen de libertad y justicia al servicio de los intereses generales de los españoles.
Una República que tendrá que ser federal y solidaria, capaz de solventar nuestra centenaria problemática territorial mediante el diálogo y la comprensión. Un proyecto de país soberano que ponga coto a la corrupción y decida serenamente sobre nuestra permanencia en la Unión Europea. Una España donde sólo se desahucie a los Borbones de la Jefatura del Estado.
Ése es nuestro desafío: la articulación de la marea tricolor, una marea de mareas que, transformada en tsunami, desborde las atrofiadas estructuras del Reino de España, provocando la toma del poder por la mayoría.
* El autor es presidente de Unidad Cívica Andaluza por la República (UCAR-Andalucía), asociación cultural que conmemora estos días en Granada el 82 aniversario de la proclamación de la Segunda República.
** En la edición impresa de Ideal apareció, por error, “PSOE” donde debía aparecer “PPSOE”.
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