José Manuel Lechado
Web UCR
19/07/2012
La Constitución española vigente, votada en referéndum en diciembre de 1978, se
ha ido convirtiendo en la guinda del pastel de un cuerpo normativo obsoleto. En
tanto que refundición maquillada o más bien reconversión de las Leyes
Fundamentales de la dictadura franquista, esta norma suprema del ordenamiento
legal español, si bien continúa siendo útil a la clase dominante, ha dejado de
servir al pueblo, ya que no garantiza sus derechos ni sus libertades ni asegura
la soberanía nacional.

La Constitución de 1978 es en la
actualidad un obstáculo para la democracia. Con un articulado vetusto, fuera de
época y gestionado por una clase política corrupta e incompetente y una
judicatura mayoritariamente conservadora cuando no fascistoide, la única reforma
sensata que admite esta mal llamada Carta Magna, si de verdad se desea un cambio
y un futuro para España, es su completa derogación.
Por eso la reivindicación primera
de cualquier movimiento ciudadano no debería centrarse en reformas parciales o
cambios concretos del articulado, sino exigir el arranque de un nuevo proceso
constituyente. Proceso que no ha de quedar, como el de 1978, en manos de la
oligarquía más inculta de Europa, su clase política sometida y sus obedientes
jueces, sino que habrá de ser iniciado, impulsado, dirigido y ejecutado por la
ciudadanía. El debate de este proceso constituyente debería ser abierto y
flexible y no quedar, en ningún momento, en manos de «profesionales».
Como orientación general, el nuevo
ordenamiento español debería considerar las siguientes propuestas, mínimas, pero
imprescindibles.
-Forma del Estado republicana por
cuestiones tanto éticas como estéticas. En el mundo actual es intolerable que se
privilegie a una familia con la máxima magistratura del Estado sólo por
cuestiones genéticas.
-Separación de poderes real y
efectiva, no como en la actualidad. En este sentido los tres poderes deberían
ser elegidos directamente por el pueblo y de forma independiente cada uno.
Medidas imprescindibles en este sentido serían la supresión del Ministerio de
Justicia y la creación de un órgano de gobierno judicial elegido por el
pueblo.
-Instauración de un sistema
plebiscitario en virtud del cual las grandes decisiones tengan que ser siempre
refrendadas por el pueblo.
-Limitación legal del carácter
«representativo» de los cargos electos, para evitar la justificación de
cualquier acto de gobierno por el mero hecho de contar con cierto respaldo en
forma de votos.
-Supresión del Senado e
instauración de un legislativo monocameral.
-Supresión del tribunal de
excepción conocido como Audiencia Nacional.
-Nueva redacción de los códigos
legales y sus reglamentos, buscando la simplicidad y la comprensión, así como
evitar las contradicciones y las trampas de ley.
-Creación de una ley de
responsabilidad política y financiera para los cargos electos en el ejercicio de
sus funciones. En particular, los programas electorales deberían tener valor
contractual y su vulneración ser considerada delito. Si no puedes cumplir las
promesas, dimite y convoca nuevas elecciones.
-Nuevo reglamento electoral que
suprima las diferencias del valor del voto por regiones. Cambio del sistema
D´Hondt por otro procedimiento de reparto más justo y equitativo.
-Nueva ley de partidos. Supresión
de las subvenciones por voto recibido y por escaño. Eliminación de las
limitaciones legales para participar en los comicios. Severo control de la
financiación de los partidos. Los objetivos principales son la supresión del
bipartidismo, de la corrupción y del clientelismo.
-Reforma del sistema penitenciario
para que cumpla una función reintegradora, no vengativa.
-Nueva legislación impositiva que
aumente la presión fiscal sobre los más ricos y dé lugar a una distribución
equitativa de la renta.
-Lucha decidida contra el fraude
fiscal y la evasión de capitales. Supresión de las sicav y otras argucias que
permiten a las grandes fortunas evitar sus responsabilidades fiscales y la
participación en el fondo común.
-Lucha decidida contra la
corrupción y el despilfarro en la administración pública.
-Supresión del acceso a puestos
públicos por libre designación y por concurso-oposición.
-Limitación intensa del número de
cargos públicos electos. La administración podría funcionar de hecho sin apenas
cargos electos, por lo que sería interesante reducir su presencia (y el peso que
suponen para las arcas públicas) al mínimo imprescindible.
-Reorganización de los recursos
públicos para asegurar su máxima eficacia y quitar facilidades para la
corrupción y el despilfarro.
-Reorganización del cuerpo de
funcionarios del Estado para distribuir y aprovechar con la máxima eficiencia el
trabajo de las personas.
-Revisión del Estado de las
Autonomías. Referéndum para elegir entre una organización federal de verdad u
otro sistema. Abolición de la doctrina del “café para todos”: implantación de
gobiernos autónomos sólo donde la población lo desee realmente (que es lo que se
planteó tras la muerte de Franco y fue rechazado de plano por los españolistas
acérrimos).
-Supresión de las leyes de
privilegio. Por ejemplo, los tratamientos de respeto para ciertos cargos, las
exenciones de impuestos a ciertos colectivos, las prebendas y la impunidad de
ciertos cargos electos, el delito de atentado a la autoridad o la propia
existencia de una familia real.
-Reforma a gran escala de la
policía y el ejército. La fuerza armada, tanto policial como militar, debe estar
al servicio del ciudadano y no actuar como pretorianos a las órdenes de los
ricos y sus políticos a sueldo. En este sentido sería interesante que las
funciones policiales dejaran de depender del Ministerio del Interior y fueran
asumidas por los ayuntamientos (seguridad ciudadana, tráfico, proximidad, etc.)
y el poder judicial (investigación criminal, etc.). El ejército, a su vez,
debería contar con una mayor integración en la sociedad, no vivir aislado en sus
cuarteles, e integrar a toda la población en la defensa nacional. Las unidades
dedicadas al control social, como la UIP (antidisturbios), o las decorativas
(caballería, guardia real, etc.) deberían ser disueltas.
-Revisión en profundidad de la
relación de España con la Unión Europea. Establecimiento de una política que
permita la recuperación de la soberanía nacional. Esto debería incluir un
riguroso análisis sobre la conveniencia o no de mantener en España la moneda
internacional denominada euro.
-Revisión en profundidad de la
deuda pública, dividiéndola en legítima e ilegítima y anulando el pago de esta
última. En particular el nuevo Estado Español debería incluir en su carta
constitucional una mención expresa contra las políticas criminales del Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial y los dudosos dictámenes de las
agencias de calificación financiera.
-Estricto control público de la
actividad financiera, bursátil y bancaria. Imposición de normas y regulaciones
que impidan la especulación, la creación de burbujas, las estafas y la
proliferación de productos y derivados de carácter dudoso o poco
ético.
En fin, sólo algunas sugerencias
para solucionar los gravísimos problemas creados por la avaricia de los ricos y
la incompetencia y mediocridad de los políticos profesionales que les
sirven.
Sin embargo, salir de la eterna
crisis requiere algo más: una acción decidida sobre el gran pilar carcomido de
la sociedad, que no es otro que la pasividad cómplice del pueblo. Si siempre
miramos hacia otro lado dejando pasar las cosas y sólo nos movilizamos cuando
nos tocan el bolsillo, no vamos a ninguna parte. Tampoco si, al llegar las
elecciones, un gran número de ciudadanos irresponsables, interesados o mal
informados siguen apostando por los dos partidos dinásticos: PP y
PSOE.
La democracia no es fácil, como no
lo es la justicia. La democracia requiere esfuerzo y dedicación, además de
vigilancia. La pereza sólo proporciona esa tranquilidad que otorgan al esclavo
sus cadenas y su ignorancia.
* Ilustración de Diego Mena.
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