El lugar de la verdad, la justicia y la reparación

Baltasar Garzón Real

El País

31/03/2012

Están frescas aún las palabras del Tribunal Supremo por las que, en forma de
sentencia, se me “absolvía”, después de casi dos años de suspensión de funciones
debido en gran parte a injustificadas paralizaciones del proceso, de un supuesto
delito de prevaricación por haber intentado investigar, y que lo hicieran otros
jueces territorialmente competentes, los crímenes del franquismo como crímenes
contra la humanidad. Esta investigación no debería quedar enterrada como lo
están más de 100.000 personas desaparecidas en los campos españoles, cuyos
restos recuerdan la dignidad de quienes exigen justicia, frente a la indignidad
de quienes lo hicieron y la indiferencia de quienes permiten que la justicia
siga ausente, asumiendo la vergüenza internacional del olvido y el silencio.

Aquella sentencia, en alguno de sus renglones, alude a la legítima aspiración
de las víctimas a saber lo que sucedió, cómo y por qué, pero considera que la
verdad histórica no es del mundo de la justicia y con ello desconoce el derecho
humano de las mismas a la verdad, la justicia y la reparación, y da la espalda a
la comunidad internacional que, en materia de derechos humanos, establece
exactamente el principio contrario. Con esta decisión, de hecho, tales derechos
han quedado arrinconados y destruidos, y las víctimas escasamente compensadas al
permitírseles algunos testimonios conmovedores en el juicio seguido contra mí;
pero incluso eso ha tenido que ser cuestionado por un voto particular ejemplo de
lo que la justicia no puede ni debe ser en un marco democrático y de
derecho.

El auto de la misma sala del pasado 29 de marzo (dictado, entre otros, por el
magistrado Luciano Varela y el presidente Juan Saavedra, que mantuvieron,
insistentemente, mi supuesto actuar delictivo por intentar investigar los
crímenes del franquismo y proteger a las víctimas) resuelve la competencia en
favor de los jueces de instrucción territoriales para la apertura de las fosas y
recuperación de los cuerpos, algo que quedó perfectamente claro y diáfano en mi
resolución de inhibición de 26 de diciembre de 2008, que ni siquiera mencionan.
Visto el tenor de aquella resolución (“… en presencia de indicios objetivables
de la existencia de restos de posibles víctimas de delitos susceptibles de
localización (sic) —salvo cuando de la propia noticia contenida en la
denuncia o querella se derive la inexistencia de responsabilidad penal
actualmente exigible (sic)— pueda instarse del juez de instrucción
competente, según el artículo 14,2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la
práctica de las diligencias dirigidas a datar aquellas acciones criminales y, si
fuera necesario, a la identificación de los afectados”), no garantizan, ni
siquiera el supuesto mínimo de reparación al no exigir, como deberían, la
realización de aquel derecho indiscutible y universal de las víctimas,
limitándose a citar normas internacionales que, de hecho, no aplican.

En todo caso, quedan otras vías para que se reconozca el derecho actual a la
justicia a las víctimas, como son las del Comité de Derechos Humanos de Naciones
Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En ningún caso el olvido puede
ser el resultado. No mientras queden fuerzas a quienes consideramos que la
respuesta judicial es un derecho de las víctimas que no puede eliminarse por
razones de oportunidad o un mal entendido principio de legalidad que obligaría
exactamente a lo contrario, es decir, a satisfacer mínimamente aquel
derecho.

Tampoco debe olvidarse que en nuestra Constitución está regulado el derecho
de iniciativa legislativa en el artículo 87 que prevé la posibilidad de que los
ciudadanos/as puedan impulsar la aprobación de leyes, como sería la que regulara
la creación y desarrollo de una Comisión de la Verdad, por encima de las
opiniones de los predicadores de la intolerancia y el desastre y asumiendo una
realidad a todas luces imposible de ocultar: la falta de respuesta desde el
Estado por la desaparición de más de 150.000 personas entre 1936 y 1951 en
España como consecuencia directa de la represión franquista, hiciera un trabajo
serio y exhaustivo y diera respuesta a todos los interrogantes que aún penden
sobre ese periodo de nuestra historia reciente.

La Transición no abordó ninguno de los temas relacionados con los crímenes
franquistas y su sanción, ni se habló de verdad, justicia o reparación. La
falsedad en la que vivimos respecto de aquellos crímenes ha sido potenciada
ahora por la sentencia del Tribunal Supremo que habla de la dificultad de
compaginar los principios del sistema penal de enjuiciamiento con “la
declaración de la verdad histórica de un hecho tan poliédrico como el de la
Guerra Civil y la subsiguiente posguerra”.

Realmente es difícil asumir que la dictadura franquista fuera algo diferente
de una pura y dura dictadura, y que a la falta de derechos, la persecución, el
asesinato, la desaparición, la sustracción de menores a sus legítimas familias y
la tortura contra miles de personas, se les denomine “hecho poliédrico”, pero
más difícil todavía es, tratar de explicarlo fuera de España. Ni los más
benevolentes lo entienden. ¿Acaso se investigaron aquellos crímenes o ha
existido voluntad de investigarlos después, hasta el intento frustrado del juez
que fue formalmente acusado y juzgado por ello? ¿Acaso una ley de amnistía se
puede aplicar genéricamente sin determinación de autores ni de hechos y hacerlo
además para amparar crímenes contra la humanidad? ¿Acaso se ha permitido la
investigación que se proponía sobre los perpetradores vivos? ¿Acaso el actual
Gobierno ha mostrado algún interés en aplicar hasta sus últimas consecuencias la
raquítica Ley de Memoria Histórica? ¿Acaso tiene alguna justificación que se
persiga a las víctimas por manifestarse ante el Tribunal Supremo en demanda de
justicia? Son cuestiones, cuyo simple planteamiento demuestra que la epidermis
de muchos políticos españoles y de una parte considerable de la sociedad es
gruesa e impermeable para estos “temas menores”.

Después de lo sucedido en noviembre de 2011, el panorama conservador de
España, las opiniones y decisiones que cuestionan avances democráticos evidentes
y que van en contra de una opción vertebradora de la sociedad civil, son
abundantes e inquietantes.

Bajo el paraguas de la crisis y la necesidad de salir de ella, se están
orillando intencionadamente cuestiones cuyo planteamiento y solución afectan a
la propia esencia de la convivencia democrática. La tendencia, claramente
manifiesta ya, de obviar fórmulas alternativas de salida de la propia crisis,
basadas en el crecimiento y no en los recortes; permitir el deterioro de la
enseñanza y la cobardía institucional para afrontar una reforma que todos
demandan; asumir la vaciedad del discurso político, que, huyendo del análisis de
fondo, se queda en la descalificación y el insulto; huir de la reforma en
profundidad de la justicia, que la haga verdaderamente transparente y eficaz;
renunciar al cambio de modelo de participación ciudadana, que obligue a los
representantes a ganarse el puesto más allá de las estructuras burocráticas de
los partidos; amparar la lenidad en la persecución de la corrupción, que ha
hecho, junto con la falta de compromiso de la clase política, que nos
encontremos en una situación económica comatosa; destruir la cooperación
internacional que aleja a España de lo que siempre le dio fuerza en el mundo;
imponer un modelo económico que hunde a los trabajadores y exige demasiado poco
a los causantes del desastre; o propiciar la negación de la memoria, la justicia
y la reparación a las víctimas, que coloca a España en el furgón de cola de los
países democráticos, son ejemplos que demuestran la degradación del nivel ético
en un pueblo, auspiciado desde las propias instituciones con discursos fatuos y
engañosos y que evidencian la necesidad de que un verdadero y definitivo cambio
de paradigmas se produzca.

Es hora de dinamizar a todos los/as que todavía sienten la necesidad de
comprometerse en la legítima lucha para superar el modelo de sociedad adormecida
en favor del que representa una sociedad dinámica, solidaria y comprometida con
la consolidación de aquellos valores de transparencia, participación,
recuperación ética y defensa de los débiles, combatiendo a quienes, desde la
soberbia y la negación, quieren imponer un modelo fracasado y obligar a mantener
el más ominoso silencio.

La Comisión de la Verdad sobre los crímenes franquistas, que se propone,
debería, con un carácter integrador e independiente, acoger los testimonios no
solo de las víctimas que aún viven y que arrastran sus maltrechos cuerpos
reivindicando con entereza y valor su derecho a ser oídas, en demanda de una
respuesta del Estado, hasta ahora inexistente, sino también los testimonios de
los que causaron el dolor y de los expertos. Y, con todo ello, contribuir, a
través de sus conclusiones, a fijar, no solo la verdad histórica, sino la
reparación personal y colectiva que se debe a las víctimas. Con ello se
conseguiría cerrar definitivamente la herida que aún sigue abierta y divide a
los españoles/as.

Una sociedad se fortalece a sí misma reconociendo lo que aconteció en un
momento dramático de su historia, así como los hechos que propiciaron su ruptura
y la sumisión a la voluntad del dictador. Y, en este sentido, no son el silencio
y el olvido, ni la impunidad surgida de esa impúdica unión, los que deben
prevalecer en la memoria de un pueblo, sino las decisiones que hicieron posible,
la verdad, la justicia y la reparación de quienes sufrieron la represión y el
dolor por parte de quienes tenían la obligación de protegerles y no lo
hicieron.

La búsqueda de 500.000 firmas para hacer la petición al Congreso es el mínimo
ético que debe mover a un pueblo para reencontrarse con la dignidad que otros le
robaron y debe ser la piedra de toque para comprobar hasta dónde estamos
preparados para afrontar con firmeza los tiempos difíciles que nos han tocado
vivir, en forma diferente a la del seguidismo que otros nos marcan. Las
generaciones que vivimos, en todo o en parte, el franquismo, le debemos este
esfuerzo a los que no lo conocieron y que aún no saben el precio que se pagó, ni
pueden valorar la pérdida de dignidad que supone la indiferencia de la que se
hace gala con demasiada frecuencia.

El juez sudafricano Richard Goldstone, que en 1991 firmó el informe sobre la
violencia en su país, declaró en 1999, en referencia a la Comisión de la Verdad
y Reconciliación de Sudáfrica: “Una Comisión de la Verdad en España es necesaria
y si quienes tienen la obligación de construirla y desarrollarla no lo hacen,
tendrá que ser la misma sociedad la que la impulse para recuperar esa dignidad
que las víctimas nunca perdieron y poder construir un futuro que se sienta en
paz con el pasado y que no se apoyé en decenas de miles de cadáveres a la espera
de que la historia se repita”.

Cuando la presentación de firmas en el Congreso se produzca, espero y deseo
que su presidente, que tanto boato y trascendencia dio a la propuesta taurina de
hace unos días, reciba con honores de Estado a las víctimas que acudan a
depositar aquella iniciativa y les ofrezca su apoyo incondicional como
representante de la soberanía popular, para dar prioridad a una demanda, cuya
realización, amén de ser justa, nos reconciliaría verdaderamente a todos.

Decía Nelson Mandela, en una carta fechada el 1 de abril de 1985 y dirigida a la activista antiapartheid de mujeres blancas en Sudáfrica: “Puede que los ideales que albergamos, nuestros sueños más anhelados y nuestras más fervientes esperanzas no lleguen a cumplirse mientras vivimos. Pero eso no importa. Saber que en tu día cumpliste con tu deber y estuviste a la altura de las expectativas de tus congéneres es por sí misma una experiencia gratificante y un logro magnífico”. Esta cita viene al caso, porque la semana pasada, en el programa Parlamento de TVE, vi a un grupo de personas, representando a los toreros, aficionados y empresarios taurinos que presentaba una iniciativa legislativa, avalada por 590.000 firmas, para que los diputados discutan y aprueben una ley que regule de forma global a nivel nacional, la fiesta taurina, como forma de proteger las tradiciones populares y el patrimonio cultural patrio. El presidente del Congreso, los recibió con todo el protocolo y, sonriente, dijo que le parecía una iniciativa magnífica. No sé bien, porque mecanismo mental recordé el artículo recientemente publicado en este diario de Reyes Mate, en el que comparando el caso israelí y el español decía: “En España también hay que derribar un muro de silencio, pero desde una sensibilidad decididamente opuesta, en el caso de los herederos del franquismo, o prudencialmente distanciada, en el caso de los protagonistas de la transición. Ahora bien, lo que piden los testigos es ser escuchados y que se les haga justicia, aunque sea bajo la forma modesta del reconocimiento de una injusticia. No venganza, sino piedad. Pero ni eso”.