24/09/2019
Nuevamente están convocadas las elecciones generales en nuestro país. Dicen que por la incapacidad de los partidos políticos de conformar un gobierno, aunque creo más acertado decir que se repiten las elecciones en gran medida por la incapacidad de nuestro sistema político, una Monarquía Parlamentaria con un sistema electoral determinado, de permitir conformar un gobierno que no responda a resultados electorales con mayorías absolutas de algún partido. Un sistema donde la Jefatura del Estado la ostenta el monarca de turno.
Se ha puesto en evidencia la contradicción entre dos términos: “Monarquía” que define un régimen hereditario y vitalicio, al margen de la voluntad del pueblo, y “Parlamentario” que define un régimen democrático donde el poder político reside en el parlamento elegido y que es expresión de la voluntad de la ciudadanía.
Nuestro régimen político, producto de la “Transición” pactada de 1977-1978 y en el que se impuso, por el poder oligárquico que apoyó el franquismo, el mantenimiento de la monarquía heredera de la dictadura, ha vuelto a demostrar su inutilidad para abordar soluciones estructurales en nuestro país; y lo que es peor, supone una restricción del poder ciudadano democrático, ya que la monarquía española está fuera del control y jurisdicción de los órganos legislativos y judiciales emanados de la voluntad popular.
Claro que es mejor (desde el punto de vista democrático) una monarquía parlamentaria como la nuestra (sin que el rey ostente ningún poder político), que una monarquía donde el rey tuviera algún poder político. Eso sí lo limitaron y acotaron las fuerzas de izquierda en la Constitución de 1978, pero no deja de ser un régimen claramente anacrónico, y que, en mi opinión, la actual situación política de nuestro país, con varios meses de gobierno interino, ha puesto de relieve en estos días.
Así las cosas, el llamado “Régimen del 78” con un sistema electoral basado en primar y beneficiar partidos mayoritarios ha hecho aguas. Y el sistema de alternancia de mayorías absolutas para conformar gobiernos, el llamado “bipartidismo”, también.
En estos días hemos asistido a una suerte de sainete, donde se esperaba el “sí quiero” de los partidos que podían formar gobierno como si de una telenovela se tratara, radiado y televisado al minuto. Se ha puesto de manifiesto, que un parlamento conformado por distintas fuerzas políticas en que no tienen ninguna de ellas mayoría absoluta, han sido incapaces de formar gobierno precisamente porque nuestro sistema de Monarquía Parlamentaria y su ley electoral a medida, requiere o bien esa mayoría absoluta, o bien la voluntad particular de los partidos políticos de hacerlo; estos últimos, además, sujetos a intereses partidistas y de acceso a cotas de poder. El voto, la voluntad popular, no cuenta. La decisión de la ciudadanía, expresada en las elecciones del mes de abril, y que dio la representación que quiso a las distintas fuerzas políticas ha quedado en nada, en agua de borrajas, pese a lo proclamado por la Constitución del 78 de que la soberanía reside en el pueblo. En nuestro sistema, si no hay voluntad individual de los partidos y actores, no hay gobierno, y el pueblo español, otra vez a las urnas… ¿hasta cuándo?
En este contexto político, vuelve a tomar fuerza la necesidad para nuestro país de un nuevo régimen político, en forma de República, donde pueda caber una Jefatura de Estado electa y democrática, esto es, una Presidencia de la República que, entre otras funciones, juegue un papel decisivo en el impulso y conformación de un gobierno, respondiendo ambos (Gobierno y Presidente) ante el Parlamento democráticamente elegido y el Presidente también ante el pueblo que con su voto lo eligió.
Hay distintos modelos sobre el papel que debe jugar la Presidencia de la República, pero tienen la característica de que su intervención tiene un papel activo legitimado por las urnas.
Hagamos política ficción: en nuestro caso, si estuviéramos en la III República Española, la tarea de nuestro Presidente hubiera sido de búsqueda de soluciones políticas para la conformación de un gobierno, más allá de los intereses partidistas. Su papel en la Jefatura de Estado consistiría en representar al país, velar por sus ciudadanos y las instituciones democráticas, y colaborar activamente en la solución de problemas de gobernabilidad. Ese papel institucional sólo lo puede legitimar el refrendo en las urnas, el ostentar la representación de la ciudadanía más allá de las opciones políticas concretas. Si España fuera una República y tuviéramos un Presidente, nos habríamos ahorrado el desfile por La Zarzuela de los partidos políticos en una suerte de “besamanos” donde el papel del Rey como Jefe del Estado es conocer qué quiere hacer el partido mayoritario y “saber” si va a formar gobierno o no; o si hay acuerdo de otros para formar gobierno. Entonces, realiza el “encargo” de formar gobierno.
Nuestro Presidente de la República Española habría tenido un papel más activo y determinante y quizá no tendríamos que volver a las urnas. Mientras, hasta que se configure el nuevo parlamento, el abordar los problemas de las personas de nuestro país, en stand by.
(*) Rosa de Castro Díaz, gestora de proyectos de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), forma parte de la asociación ciudadana Granada Republicana UCAR.
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