Así no, estimados representantes
Laura Rodríguez Mejías (*)
El Ateneo de Granada Republicana UCAR / El Independiente de Granada
08/12/2020
Cuando me ofrecieron que escribiera este artículo, lo primero que pensé es que no sería capaz de hacerlo, que no estoy centrada en estos momentos, que las ideas que rondan mi cabeza son dispersas, y que lo que escribiera no iba a conseguir expresar lo que estaba tratando de contar.
Es que, en resumen, lo que quiero decir es que todo sigue igual, aunque nada es lo mismo. No es lo mismo porque todos tenemos más presente la amenaza de una enfermedad o, incluso, la posibilidad de perder a un ser querido o ser nosotros mismos quienes podemos morir en cualquier momento. No es que antes no lo tuviéramos presente, pero tal vez, no con tanta intensidad.
Y no es lo mismo porque nos han limitado el derecho de libre circulación en pro de la salud de todos, con lo que ello conlleva. Pero, en cambio, todo sigue igual porque la evidencia ante esta situación distinta y urgente, hace que, en general, los ciudadanos volvamos a concluir que, desde las distintas instancias políticas, las cosas no se están haciendo lo bien que se debieran, por decirlo de un modo “suave”.
Distinta normativa (reales decretos, resoluciones, órdenes…) ha venido a regular en los últimos meses el estado de alarma, y principalmente, la limitación de movimiento de la población, qué actividades pueden seguir prestando sus servicios al público por ser “esenciales” y cuáles tienen que cerrar por no serlo, etc., y con ello muchas cuestiones colaterales, que serán brevemente expuestas. Pero quiero dejar claro que quien suscribe nada tiene que objetar al respecto, ya que no soy experta en salud pública y quiero pensar que nuestros representantes están debidamente asesorados por las personas que entienden a estos niveles del alcance y las actuaciones que deben seguirse para frenar o parar esta pandemia. En cambio, sí voy a opinar sobre algunos aspectos jurídicos de la norma, sin entrar en muchos detalles, ya que el principal de cualquier norma es la finalidad por la que se aprueba la misma. Y en este caso, la finalidad no es otra que el mantenimiento de la salud pública, con el objetivo de frenar la expansión del COVID-19, así como impedir el colapso del sistema sanitario, de modo que pueda prestarse una atención sanitaria adecuada a la población.
Así las cosas, me niego a aceptar que las fuerzas encargadas de velar por el orden público irrumpan en un autobús de línea de un municipio, en el horario en que muchísimas mujeres de la comarca se desplazan a la capital a trabajar en tareas de limpieza, “a echar horas en casas” para entendernos todos. La norma sí que permite los desplazamientos por motivos laborales y profesionales, pero estas mujeres, como todos conocemos, difícilmente están dadas de alta en la Seguridad Social, y no por ello no van efectivamente a trabajar. La finalidad de la norma es preservar la salud pública, permitiendo los desplazamientos por motivos de trabajo, pero estas señoras no tienen un “papel” que lo acredite, porque al no estar dadas de alta, nadie va a firmarles un justificante. La norma no persigue el fraude a la Seguridad Social, persigue que no existan desplazamientos que no sean por motivos laborales, al objeto de incidir en la población para que permanezca en casa y no tenga contactos evitables con otras personas. Y la conclusión se salda con la mayoría absoluta de las usuarias del autobús multadas, con el comentario casi unánime de “y si me embargan, qué me van a quitar”, pero con el susto en el cuerpo, y un “a ver qué pasa”.
Tampoco se ha considerado por nuestros representantes, a la hora del confinamiento por términos municipales, que no todos los municipios son iguales ni tienen los mismos servicios, consiguiendo el efecto contrario a la norma en gran cantidad de ellos. Es decir, si lo que se pretende evitar es la acumulación de la población en un espacio pequeño y cerrado, ya me contarás cómo se hace en un municipio en el que hay 3 tiendas y un supermercado mediano. Pues nada, todos juntos de nuevo, y quien vaya a partir de las 11 horas ya no tiene productos frescos; al día siguiente que vaya más temprano o se bata en duelo con su vecino por una bandeja de hamburguesas para sus niños. Esto por no contar que, por ejemplo, la mayoría de productos para personas con intolerancia no se comercializan en estos establecimientos, así es que, o el progenitor de turno se la juega para adquirirlos fuera del término municipal, o a esperar mejores tiempos… Claro que también se puede hacer la compra por internet. Pero todo el mundo no tiene internet, y una tarjeta que le permita hacer dicha compra. Y es que aquello del principio de solidaridad entre todos los territorios que contiene el artículo 2 de la Constitución Española del 78, tampoco es una realidad hoy día, y ustedes lo saben bien, estimados representantes, no todos somos iguales ni tenemos los mismos servicios, aunque la bandera de España vuelva a colgarse en muchos balcones y ventanas del país…
Y cómo hacer que se comprenda por el legislador que la finalidad de los servicios sociales no es controlar que el NIE o el pasaporte de una persona esté en vigor. La finalidad de los servicios sociales es atender una necesidad vital en un supuesto de exclusión social y de falta de medios económicos para atender necesidades vitales. Pues claro que no tienen su documentación identificativa en vigor, si la tuvieran no tendrían tantas trabas, pero no le pongan ustedes más para que puedan acceder a derechos humanos; déjenle esa función a la policía de aduanas, pero no a los servicios sociales, por favor, no desnaturalicen sus funciones.
Que la Administración española, y quiénes estén al frente de ella al máximo nivel, no debieran ni siquiera insinuar que no hay un techo y una comida caliente para las personas sin hogar. Que no se puede consentir que se ejecute un desahucio a una familia, o a una persona, para que el inmueble pase a manos de un “fondo buitre” o de una entidad bancaria.
Que la finalidad de la norma es otra, y que su regulación de desarrollo no debe y, por tanto, no puede contener la tergiversación correspondiente y permanecer vigente hasta que alguien invierta parte de su vida y su dinero en que un tribunal la declare nula. Que hay que tener más decencia.
Que a usted le cierran su centro deportivo, que ha adoptado todas las medidas de higiene, ha suprimido clases colectivas, impide el acceso a personas respetando el aforo máximo para mantener las distancias, que consigue que gente mayor tenga una actividad y se mueva, y personas con dolencias crónicas hagan deporte para mejorar fortaleciendo y no tengan que acudir a centros hospitalarios, etc., etc. Pero no se preocupe, que usted puede comprar tabaco en los estancos (que es actividad esencial), que ya la cajetilla le indica que “fumar mata”.
Que la participación política en esta España nuestra, como cantaba Cecilia, a través de los partidos políticos, que son democráticos por definición, ha sido tan complicada para toda una generación, que muchísimos no han tenido ni la oportunidad de estrenarse y otros salieron “por peteneras” porque entendían que la sumisión hasta cierto grado era más propia de la vida monástica que de la participación política democrática. Y así se cubrieron cuotas como la de Juventud y Deportes, o Juventud y Mujer, en alguien joven, en principio hombres (a veces, no era tan joven ni había hecho deporte en su vida). Después, con la igualdad, se promocionó a la mujer, y de este modo “mataban dos pájaros de un tiro”, tirando de familiares, “hijas de” o parejas sentimentales, y lo digo con carácter general. Siempre hay excepciones y que nadie se dé por aludido/a. Pero, normalmente, a la “agraciada” para algún puesto, joven y mujer, entre que llegaba y se enteraba (y no voy a entrar en más detalles), se le habían pasado los cuatro años de legislatura o mandato, pasando a ser la “desgraciada”, porque de la noche a la mañana se veía de ser tratada de “Ilustrísima” a verse en el paro, siendo sustituida por una nueva mujer, joven y preparada. Y vuelta a empezar. A aquellos jóvenes, hombres y mujeres con principios, que se negaron a la ejecución de determinadas acciones, los aburrieron hasta la eternidad. Aquella generación, decían que la más preparada de la historia de España, difícilmente ha tocado puestos de decisión política. Y como siempre sucedió, a quien tuvo principios y supo decir que “no”, se le condenó al olvido tras pasar la travesía del desierto.
Por cierto, en la función pública sucede más o menos igual, a pesar de que la norma pretende que la estabilidad en el empleo conlleve que el funcionario cumpla la ley, por encima de cualquier otro mandato. Aquel empleado público que ose decir “no” a la elaboración de un informe en un sentido determinado o, incluso, se niegue a aceptar un puesto de libre designación, pasa un calvario, cruz y raya, y el correspondiente sambenito, y, con suerte, únicamente le destituyen del puesto que ocupaba, con la merma de las correspondientes retribuciones. En el peor de los casos, le abren un expediente disciplinario y le sancionan o le buscan una causa falsa para que se entretenga unos años en defenderse. Aunque después demuestre su inocencia, el daño ya estará hecho para siempre.
Y volviendo a la pandemia, casualidad o no, durante la misma hemos asistido a la huida del monarca emérito a otros lares, y a resoluciones del poder judicial sobre distintas causas con repercusión en España en el plano político, y no ha habido ninguna responsabilidad digna de mención. Todos absueltos. La responsabilidad no es de nadie, bueno sí, de la señora de la limpieza que va a echar horas a una casa, sin estar dada de alta…
(*) Laura Rodríguez Mejías, técnica de Administración General en el Ayuntamiento de la ciudad de los cármenes, fue presidenta del colectivo Granada Republicana UCAR (2013-2014).
http://www.elindependientedegranada.es/politica/asi-no-estimados-representantes
Sociología y taxi
Pedro Garrido Clares (*)
El Ateneo de Granada Republicana UCAR / El Independiente de Granada
24/11/2020
Dicen que la sociología es la ciencia social que se encarga del análisis científico de la sociedad humana o población regional. Estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos, dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos.
La verdad es que yo no soy ningún científico, pero soy taxista. Cuando comencé a trabajar en este servicio público, no me imaginaba lo ligadas que iban a estar ambas dedicaciones.
Lo primero que aprendí al enfrentarme ante la vorágine del tráfico diario de una ciudad como Granada, es que toda la circulación funciona mejor con un solo ingrediente: SOLIDARIDAD. Cuando el conductor aparta el egoísmo y conduce pensando también en facilitar la tarea a los demás, todo comienza a fluir.
Empecé mi carrera profesional como conductor de taxi cuando más fuertes eran las consecuencias de la crisis económica mundial que comenzó en 2008. No tardé en darme cuenta de la importancia que la solidaridad tenía no solo en el tráfico. Un servicio que empezó a convertirse en habitual fue el de algún que otro abuelo que utilizaba el taxi para ir a recoger a sus nietos, a la salida de los colegios. Igualmente, los veía llevándolos a médicos o jugando con ellos en los parques.
Además, esa época fue una toma de contacto para mí con un actor tan importante en el funcionamiento de esta ciudad: el turismo. Me sorprendió enormemente que una pareja procedente del Líbano viniese precisamente a Granada para poder visitar, en Fuente Vaqueros, la casa natal del poeta Federico García Lorca. Así mismo me llamó la atención la reacción que tuvo un turista americano cuando le comenté que no existía ninguna tumba del poeta granadino, ya que sus restos nunca han sido encontrados.
Por otra parte, he visto cambios producidos por el turismo en la ciudad que me dejan sensaciones un poco encontradas. A lo largo de este tiempo he percibido, en sitios como el Albaicín, una transformación que no deja de alarmarme. Percibo cada vez menos carreras del vecino de toda la vida del barrio. Veo como muchos comercios se transforman para dejar de dar servicio a estos y enfocarse a los turistas. Llevé a una arquitecta a la cuesta del Chapiz que me comentó que más del 75% de las obras que había entonces en el barrio estaban relacionadas con el fenómeno de los apartamentos turísticos (con o sin permiso de actividad, según reconoció en voz baja).
Y es que el taxi, como dijeron una vez, es una “burbuja de intimidad” en el que alguna gente se desinhibe dialécticamente. Muchos trabajadores y trabajadoras, que llevo a comenzar sus jornadas a las zonas de influencia turística de la ciudad, aprovechan para comentarme cuáles son las condiciones en que las realizan. He llevado a una camarera de pisos que tenía que medicarse para poder soportar los dolores que acarreaba, debido al estresante minutaje por habitación que le exigía la subcontrata que le daba trabajo.
Después de escuchar este tipo de testimonios, me surge una reflexión que siempre me hago cuando alguien utiliza el tópico de que “este país vive del turismo”: ¿no será el turismo el que vive de este país?
Hablando de tópicos, son cientos los que envuelven al mundo del taxi. Para mí, no se limita a ser la manera de ganarme la vida. También me proporciona las herramientas para intentar comprender la sociedad en la que vivo. En este caso, a diferencia de lo que haría un sociólogo, será el lector el que tenga que sacar sus propias conclusiones.
(*) Pedro Garrido Clares es taxista y afiliado de la entidad ciudadana Granada Republicana UCAR.
http://www.elindependientedegranada.es/politica/sociologia-taxi
En la partida de Arturo Lens Closas
Acabamos de saber que el maldito coronavirus nos ha arrebatado a nuestro apreciado afiliado Arturo Lens Closas (1937-2020), obrero metalúrgico jubilado y veterano militante socialista.
Damos el pésame a sus familiares y amistades, lamentando profundamente la partida del inolvidable republicano que nunca dejó de luchar por la libertad de España y por el progreso de la clase trabajadora.
Junta Directiva de la asociación Granada Republicana UCAR
COVID-19: La sanidad española frente al espejo
Fernando Pleguezuelos Baca (*)
El Ateneo de Granada Republicana UCAR / El Independiente de Granada
28/10/2020
Entre las cuestiones básicas e irrenunciables para poder construir una sociedad republicana, el derecho a una prestación de servicios sanitarios gratuitos y universales se encuentra en un lugar preeminente por su alto sentido social, redistributivo y solidario. Por tanto, una gestión sanitaria sujeta a las leyes del mercado, donde prime el beneficio económico, tal como la que propone el sistema neoliberal, implica la discriminación efectiva de la inmensa mayoría de la ciudadanía, imposibilitando que la sanidad pueda cumplir la función social que se le presupone.
La situación de crisis provocada por el COVID-19 nos ha puesto frente al espejo de la realidad, descubriendo grandes fallos en lo que se nos vendía como uno de los mejores sistemas sanitarios del planeta, tanto más evidentes en los subsistemas regionales más colonizados por conciertos y privatizaciones o dotados de sistemas de gestión público-privados.
Se decía que esta pandemia no entendía de clases sociales, lo que es incierto tal como han demostrado estos últimos meses, ya que el virus ha afectado de forma más agresiva a las clases y a los estamentos más desprotegidos. De ahí la gran trascendencia de medidas de carácter social, laboral y fiscal.
Sin entrar en más debates podríamos hacer unos apuntes de lo que, a nuestro juicio, ha pasado y como se podría estar mejor preparados de cara al futuro, pues es previsible que crisis de este tipo se vuelvan a repetir, dado el deterioro del medio ambiente y los fenómenos de globalización de la movilidad.
Antecedentes
1.-Criminal política de recortes desde muchos años atrás, que dejó el sistema descapitalizado y falto de recursos, cuando no poniendo los medios en manos de la gestión privada, o incluso dando cabida a los denominados “fondos buitre”.
2.-Nefasta gestión de recursos humanos y política salarial: infradotación y contratación de corta duración, lo que afecta a la calidad de atención, por un lado, y por otro, se tradujo en fuga de personal sanitario hacia otros países y desequilibrio entre Comunidades.
3.-Política de formación desequilibrada respecto a las necesidades reales, lo que unido al punto anterior agrava la situación: la inversión formativa beneficia a terceros países.
4.-Atención Primaria, puerta de entrada y contención, se encuentra infradotada de personal y medios, cuando no en vías de desmantelar en alguna que otra Comunidad.
5.-Ausencia de políticas unificadoras y de coordinación jerarquizada de ámbito nacional e interterritorial, así como de legislación de soporte actualizada en lo referente a gestión de estados de alerta o crisis sanitaria.
6.-Poca cobertura pública a la atención institucionalizada de la población geriátrica y nulo control de los establecimientos privados, donde también las aseguradoras y los “fondos buitre” encuentran gran filón de negocio.
7.-Visión partidista en la gestión de cargos y nombramientos, incluso a niveles básicos, que no garantiza eficacia y aptitud.
8.-Nula infraestructura industrial en la producción de bienes y servicios de carácter estratégico, con dependencia del mercado exterior.
9.-Brecha social en aumento, tras la anterior crisis no resuelta aún, y las políticas neoliberales aplicadas en economía, empleo, etc.
Sin ser “técnico en pandemias”, profesión mediática que prolifera en los últimos tiempos casi tanto como la de entrenador de fútbol, se hace evidente que analizando los síntomas encontraremos algunas soluciones, solo que, caminando en sentido contrario.
1.-Medidas presupuestarias
-Presupuesto sanitario finalista en términos porcentuales de PIB, con tendencia a igualar a los países de nuestro entorno (6’34 < 9’55).
-Revertir los recortes sufridos.
-Reparto Primaria / Especializada garantizando al menos un 20/80.
2.-Medidas organizativas
-Reforzar la Atención Primaria.
-Recuperar la cohesión territorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), dentro del marco competencial de las Autonomías.
-Gestión sanitaria no sujeta a los avatares electorales y los ciclos políticos.
-Paralizar privatizaciones y recuperar lo privatizado.
-Plan integral de residencias geriátricas.
-Política de personal y formación acorde a las necesidades. Desarrollo de una carrera profesional de la gestión sanitaria y acceso por mérito y capacidad.
-Plan estratégico de producción y autoabastecimiento de bienes y servicios sanitarios esenciales, con especial atención a la industria farmacéutica y el constante chantaje que ejerce sobre el propio Estado.
-Investigación debidamente presupuestada. Potenciar las Escuelas de Salud Pública.
-Creación de una estructura oficial, transparente y permanente para el asesoramiento científico gubernamental.
3.-Medidas legislativas
-Cambios normativos que permitan, de forma inequívoca, la aplicación y delimitación de las medidas necesarias en las distintas áreas competenciales.
-Modificaciones legislativas que garanticen la prestación de atención sanitaria universal y gratuita.
-Desarrollar normativa que permita al Estado, en caso de crisis, supeditar al bien común los medios necesarios de cualquier titularidad.
-Establecer un blindaje legal de salvaguarda de las bases del Sistema Sanitario Público.
4.-Medidas sociales, laborales y fiscales
No es pretensión de este artículo incidir en los aspectos de vivienda, laborales y económicos en general que afectan directamente a la salud de las personas y, por consiguiente, al desarrollo de esta crisis. Sin embargo, no se nos escapa la gran importancia de acciones de protección social y de apoyo al sistema productivo, por lo que la instauración de un salario mínimo de subsistencia, la mejora de la protección por desempleo, la regulación del mercado laboral o la protección del derecho a la vivienda, entre otras, pueden ser tan vitales como las estrictamente sanitarias.
Así mismo, estimamos necesarias medidas fiscales que colaboren en la financiación de la sanidad española, comenzando por las orientadas a lograr que las grandes fortunas y los grandes patrimonios (incluido el eclesiástico) tributen debidamente y de forma uniforme en todas las Comunidades, sin descartar un impuesto extraordinario, tal como se hizo en algunos países tras la Segunda Guerra Mundial.
Reivindicamos, no obstante, que “la Salud va por delante de la Economía”, sin que exista contradicción, si tenemos en cuenta que el concepto neoliberal, imbuido a la sociedad actual, entiende Economía como instrumento al servicio de la cuenta de resultados, y no como actividad al servicio de la sociedad para el desarrollo armónico de sus miembros, tal cual es el fin de la misma en un contexto republicano.
(*) Fernando Pleguezuelos Baca es enfermero recientemente jubilado del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y miembro de la asociación Granada Republicana UCAR y de la Mesa para la Defensa de la Sanidad Pública de Granada.
https://www.elindependientedegranada.es/politica/covid-19-sanidad-espanola-frente-espejo
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