Tras la muerte del dictador, España pasó a un estado hambriento de libertades, peligroso para el sistema de privilegios que había construido el franquismo durante cuarenta años. Además, la Constitución, aprobada bajo ruido de sables, asumía una forma de Estado que distaba mucho del anhelo republicano, con un monarca puesto literalmente a dedo. Hacía falta una solución urgente para acallar ese clamor. Llegó en forma de golpe de estado el 23 de febrero de 1981. Bastaron unas horas de máxima tensión e incertidumbre para visibilizar la fragilidad de una democracia en ciernes. Coronado el monarca como el salvador de aquella democracia de consolación, la sociedad pasó a un nuevo estado de congelación. La Primera Transacción se había consumado.
Llegó el bipartidismo, que comenzó con la larga legislatura de un partido socialista que rehuía de su republicanismo, encabezado por aquel Felipe González informal que el tiempo desenmascararía. Hubo aperturismo, estableciéndose las bases de un bienestar donde las grandes mayorías seguirían sin poder mandar en su hambre. Llegó el turno del franquismo democrático del Partido Popular, encabezado por un insidioso Aznar. Se inició un periodo de privatizaciones que se camufló con la bonanza económica cortoplacista de la burbuja inmobiliaria. El juego bipartidista funcionaba y cuando había fisuras, ETA se blandía sin pudor desde las tribunas del Congreso como pegamento de cohesión nacional. El atentado yihadista del 11-M, ocasionado por la intervención de España en Irak, cerró ciclo y concedió el turno al PSOE de un moderado Zapatero.
Se produjeron avances sociales, pero la vinculación de la economía a la especulación explotó y, sumada a la crisis mundial de 2008, sumieron a España en una profunda recesión. El bipartidismo, en connivencia con la Corona, modificó el artículo 135 de la Constitución en septiembre de 2011, supeditando el bienestar social al pago de la deuda bancaria. Tras la dimisión de Zapatero, el turno le llegó de nuevo al Partido Popular, esta vez bajo el mandato del insustancial Rajoy. Sin embargo, algo había cambiado meses atrás. El 15 de mayo de ese año se iniciaba un movimiento social sin precedentes que daría lugar al nacimiento, tres años después, de un nuevo partido político, Podemos.
Durante la era Rajoy, la decadencia de la monarquía se hizo evidente, transformándose en un sentimiento que penetró en las movilizaciones. Se empezaba a cuestionar la utilidad y la legalidad de una institución anacrónica, en apariencia simbólica, que había estado nutriéndose de glorias pasadas y que, además, seguía manteniendo privilegios por encima de sus posibilidades. El régimen del 78, en un intento desesperado de salvaguardar la credibilidad de la realeza y de apaciguar a la multitud, forzaba a Juan Carlos I a abdicar en su hijo Felipe en junio de 2014. El lavado de imagen mostraría después que aquel vástago estilizado, con aire aperturista, resultaría reaccionario. El emérito tuvo su jubilación dorada con un patrimonio de más de 2.000 millones de Euros, fortuna que jamás se ha justificado. España entraría en una creciente inestabilidad, donde bipartidismo y monarquía empezarían a tambalearse. Y ETA ya no estaba.
El 20 de diciembre de 2015, tras las nuevas elecciones que ganó Rajoy con escasos apoyos, irrumpieron en el Congreso dos nuevas fuerzas: el partido empresarial de Ciudadanos y aquel conglomerado de corte progresista, Podemos, que representaba el espíritu de los movimientos sociales del 15-M. El bipartidismo se había fracturado, pero no era irreparable. Menos de dos años después, el 1 de octubre de 2017, se celebró el referéndum simbólico en Catalunya, que sería la estocada más dolorosa sufrida por el régimen en los últimos tiempos. Dos millones de personas clamando por su derecho a decidir.
La situación general desembocó en mayo de 2018 en la moción de censura que el PSOE de Pedro Sánchez y Unidos Podemos (coalición de Podemos, Izquierda Unida, Equo, otros partidos y las confluencias catalana y gallega), encabezado por Pablo Iglesias, presentaron un día después del estallido de la sentencia de Gürtel, que demostraba una financiación ilegal del Partido Popular desde su fundación. Poco después se convocaron elecciones anticipadas para el 28 de abril de 2019, las terceras desde la abdicación. El 29 de abril se abrió un halo de esperanza por la posibilidad de que PSOE y Unidas Podemos formaran un gobierno de coalición, oxigenando a una sociedad al borde de la asfixia. La realidad fue diferente. El régimen temía que un sujeto político como Unidas Podemos, izquierdista y ajeno a los consensos del 78, tuviera posibilidades reales de gobernar. Pero ese temor no era nuevo. La maquinaria empezó a funcionar en la sombra tiempo atrás. En 2017 se destapaban las prácticas ilegales de Interior durante el último mandato de Rajoy, que involucraban espionaje y la fabricación de noticias falsas sobre Podemos para destruirlo. En parte se consiguió. La resistencia del régimen se consumó en unas negociaciones esperpénticas fallidas, dando pie a unas nuevas elecciones.
El 14 de octubre de 2019 se dictaba la sentencia vengativa del Procés, condenando a los organizadores del 1-O a un número excesivo de años de prisión. Ese mismo día explotaron las protestas catalanas, que se comenzaron a extender al resto del país. El régimen bipartidista había jugado sus cartas convirtiendo a Catalunya en un nuevo pegamento de cohesión, en una nueva ETA. Se vislumbraba un gran pacto PP-PSOE tras el 10-N. Y mientras Catalunya ardía, el monarca daba paso al primer discurso de la joven heredera a la Corona. Era el preámbulo del nuevo congelamiento de la sociedad, de la infamia, de la Segunda Transacción.
(*) Juan Pablo Segovia Gutiérrez, doctor en Física Aplicada e investigador científico en Alemania, es socio del colectivo ciudadano Granada Republicana UCAR.
Vídeo de la cuarta sesión del ciclo de tertulias Los Lunes Republicanos, celebrada el 30 de septiembre de 2019 en el Ateneo Libertario de Granada. El acto, titulado Bebés robados: herencia franquista en la Monarquía del 78, fue protagonizado por la activista María Bueno, presidenta de Alumbra (Asociación por la Lucha de Madres de Bebés Robados en Andalucía) y de la Plataforma Foro Internacional de Víctimas por Desapariciones Forzadas Infantiles “Te Estamos Buscando”.
El acto fue organizado por la asociación ciudadana Granada Republicana UCAR. Su presentadora y moderadora fue la compañera Mª Ángeles Yagüe, socia de nuestro colectivo.
Nuevamente están convocadas las elecciones generales en nuestro país. Dicen que por la incapacidad de los partidos políticos de conformar un gobierno, aunque creo más acertado decir que se repiten las elecciones en gran medida por la incapacidad de nuestro sistema político, una Monarquía Parlamentaria con un sistema electoral determinado, de permitir conformar un gobierno que no responda a resultados electorales con mayorías absolutas de algún partido. Un sistema donde la Jefatura del Estado la ostenta el monarca de turno.
Se ha puesto en evidencia la contradicción entre dos términos: “Monarquía” que define un régimen hereditario y vitalicio, al margen de la voluntad del pueblo, y “Parlamentario” que define un régimen democrático donde el poder político reside en el parlamento elegido y que es expresión de la voluntad de la ciudadanía.
Nuestro régimen político, producto de la “Transición” pactada de 1977-1978 y en el que se impuso, por el poder oligárquico que apoyó el franquismo, el mantenimiento de la monarquía heredera de la dictadura, ha vuelto a demostrar su inutilidad para abordar soluciones estructurales en nuestro país; y lo que es peor, supone una restricción del poder ciudadano democrático, ya que la monarquía española está fuera del control y jurisdicción de los órganos legislativos y judiciales emanados de la voluntad popular.
Claro que es mejor (desde el punto de vista democrático) una monarquía parlamentaria como la nuestra (sin que el rey ostente ningún poder político), que una monarquía donde el rey tuviera algún poder político. Eso sí lo limitaron y acotaron las fuerzas de izquierda en la Constitución de 1978, pero no deja de ser un régimen claramente anacrónico, y que, en mi opinión, la actual situación política de nuestro país, con varios meses de gobierno interino, ha puesto de relieve en estos días.
Así las cosas, el llamado “Régimen del 78” con un sistema electoral basado en primar y beneficiar partidos mayoritarios ha hecho aguas. Y el sistema de alternancia de mayorías absolutas para conformar gobiernos, el llamado “bipartidismo”, también.
En estos días hemos asistido a una suerte de sainete, donde se esperaba el “sí quiero” de los partidos que podían formar gobierno como si de una telenovela se tratara, radiado y televisado al minuto. Se ha puesto de manifiesto, que un parlamento conformado por distintas fuerzas políticas en que no tienen ninguna de ellas mayoría absoluta, han sido incapaces de formar gobierno precisamente porque nuestro sistema de Monarquía Parlamentaria y su ley electoral a medida, requiere o bien esa mayoría absoluta, o bien la voluntad particular de los partidos políticos de hacerlo; estos últimos, además, sujetos a intereses partidistas y de acceso a cotas de poder. El voto, la voluntad popular, no cuenta. La decisión de la ciudadanía, expresada en las elecciones del mes de abril, y que dio la representación que quiso a las distintas fuerzas políticas ha quedado en nada, en agua de borrajas, pese a lo proclamado por la Constitución del 78 de que la soberanía reside en el pueblo. En nuestro sistema, si no hay voluntad individual de los partidos y actores, no hay gobierno, y el pueblo español, otra vez a las urnas… ¿hasta cuándo?
En este contexto político, vuelve a tomar fuerza la necesidad para nuestro país de un nuevo régimen político, en forma de República, donde pueda caber una Jefatura de Estado electa y democrática, esto es, una Presidencia de la República que, entre otras funciones, juegue un papel decisivo en el impulso y conformación de un gobierno, respondiendo ambos (Gobierno y Presidente) ante el Parlamento democráticamente elegido y el Presidente también ante el pueblo que con su voto lo eligió.
Hay distintos modelos sobre el papel que debe jugar la Presidencia de la República, pero tienen la característica de que su intervención tiene un papel activo legitimado por las urnas.
Hagamos política ficción: en nuestro caso, si estuviéramos en la III República Española, la tarea de nuestro Presidente hubiera sido de búsqueda de soluciones políticas para la conformación de un gobierno, más allá de los intereses partidistas. Su papel en la Jefatura de Estado consistiría en representar al país, velar por sus ciudadanos y las instituciones democráticas, y colaborar activamente en la solución de problemas de gobernabilidad. Ese papel institucional sólo lo puede legitimar el refrendo en las urnas, el ostentar la representación de la ciudadanía más allá de las opciones políticas concretas. Si España fuera una República y tuviéramos un Presidente, nos habríamos ahorrado el desfile por La Zarzuela de los partidos políticos en una suerte de “besamanos” donde el papel del Rey como Jefe del Estado es conocer qué quiere hacer el partido mayoritario y “saber” si va a formar gobierno o no; o si hay acuerdo de otros para formar gobierno. Entonces, realiza el “encargo” de formar gobierno.
Nuestro Presidente de la República Española habría tenido un papel más activo y determinante y quizá no tendríamos que volver a las urnas. Mientras, hasta que se configure el nuevo parlamento, el abordar los problemas de las personas de nuestro país, en stand by.
(*) Rosa de Castro Díaz, gestora de proyectos de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), forma parte de la asociación ciudadana Granada Republicana UCAR.
BEBÉS ROBADOS: HERENCIA FRANQUISTA EN LA MONARQUÍA DEL 78
Invitada:
– María Bueno, presidenta del colectivo Alumbra (Asociación por la Lucha de Madres de Bebés Robados en Andalucía) y de la Plataforma Foro Internacional de Víctimas por Desapariciones Forzadas Infantiles “Te Estamos Buscando”
Presentadora y moderadora: Mª Ángeles Yagüe, maestra jubilada y socia de Granada Republicana UCAR
Fecha: Lunes 30 de septiembre de 2019
Hora: 19:00
Lugar: Ateneo Libertario de la CGT (calle Capote, s/n, junto a la avenida de Francisco Ayala y a la plaza de Europa, Granada capital)
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