21/01/2020
Un pilar básico del Estado de Bienestar es una Sanidad Pública, Universal, de Calidad y Accesible a toda la ciudadanía, donde el que más tenga aporte más para su mantenimiento, en favor de quien lo necesite.
Nuestra Sanidad, a pesar del deterioro que supuso el Real Decreto-ley 16/2012 del Partido Popular (parcialmente corregido con el RD-ley 7/2018 del primer Gobierno Sánchez), sigue estando calificada como una de las mejores del mundo tanto en términos de calidad como en coste/eficiencia, con unos indicadores excelentes.
Pero en los últimos tiempos, tras la crisis, como consecuencia de la poca fe en sus principios de algunos partidos políticos y por el afán privatizador de la Sanidad de otros, esa excelencia se está viendo deteriorada a pasos agigantados, muy especialmente en Andalucía en el último año.
Es cierto que, dentro de nuestro Sistema Sanitario Público, existen posibilidades de mejora como la racionalización del gasto farmacéutico a través de la utilización prioritaria de medicamentos genéricos, la compra centralizada de medicamentos, vacunas y otros suministros médicos, cuya implementación se ha visto muchas veces dificultada por los propios lobbies empresariales. Pero aún es más cierto que se han producido muchos recortes en el gasto sanitario y la mayoría se han producido de forma indiscriminada, afectando a aspectos claves del Sistema como son las infraestructuras y la gestión de los recursos humanos.
En concreto, en Andalucía, la mala accesibilidad al Sistema manifestada en las largas listas de espera o demoras para la realización de pruebas diagnósticas, para realización de intervenciones quirúrgicas programadas, o para ser atendidos en consultas de especialistas, o en las propias urgencias o para obtener cita con tu médico de atención primaria, hace que muchos ciudadanos recurran a opciones distintas a la Sanidad Pública, como así lo demuestra el gasto de las familias en sanidad privada, que en Andalucía ha crecido en la década 2007-2017 un 40,3%, mientras que el crecimiento medio en el Estado es de un 19,1%.
Todo ello es consecuencia de la falta de recursos e inversiones en Sanidad Pública de los sucesivos gobiernos, siendo especialmente grave en Andalucía en el último año. En 2017, según datos del propio Ministerio de Sanidad, el Gasto Sanitario por habitante y año en Andalucía fue de 1.110 euros, el más bajo con diferencia de todo el territorio nacional, cuyo gasto medio era de 1.332 euros/habitante/año.
Nuestra Comunidad, por tanto y de forma reiterada, ocupa el último lugar en gasto por habitante en Sanidad Pública, incrementándose así año tras año la diferencia de salud dentro del territorio nacional. Cabría decir a esos políticos, que luchar contra las desigualdades también es hacer “Nación”.
Andalucía ocupa el grupo de cabeza en recortes salariales a sus profesionales y en recortes de plantillas. Tenemos las tasas por mil habitantes más bajas de profesionales de enfermería o médicos, tanto en atención primaria como en atención especializada con la consiguiente sobrecarga laboral para sus profesionales. Con todo ello la calidad de la atención se está viendo seriamente afectada.
Y para abundar más en el problema, no basta ya con medidas como el copago farmacéutico instaurado con el RD-ley 16/2012 que hizo que muchos pacientes dejaran de adquirir medicamentos necesarios por falta de poder adquisitivo, o la falta de cobertura sanitaria en atención odontológica, atención óptica, salud mental, etc., situaciones en las que los ciudadanos tienen que recurrir, si su situación socioeconómica se lo permite, al mercado privado. En nuestra Comunidad se recurre ahora a promocionar los conciertos públicos-privados, que en definitiva lo que suponen es un trasvase de los exiguos recursos de la Sanidad Pública a la privada. También, en nuestra Comunidad se recurre a eliminar el complemento de exclusividad en la remuneración de los profesionales en el Sistema Público generalizándolo a todos, lo que significa incentivar la práctica privada simultánea y todo lo que ello implica.
No se nos olvide que el limitado acceso a los recursos sanitarios es causa generadora de desigualdad y que la exclusión generada por la desigualdad es a su vez fuente para una peor salud.
Hasta ahora, las políticas sociales aplicadas desde 2008, han sido dirigidas principalmente a la reducción del déficit público y de la deuda y de una forma muy secundaria a mejorar el bienestar social y la vida real de la ciudadanía. Toda esta situación genera una importante desafección de la población hacia sus políticos y la Democracia, favoreciendo actitudes individualistas para solucionar los problemas. Mal se nos presenta el futuro si no se antepone el interés general de la sociedad sobre lo que dictan el mercado y los poderes financieros.
Necesitamos un nuevo modelo de Estado para poder protagonizar nuestro destino entre todos y todas. Esa aspiración se llama III República.
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