Hugo Martínez Abarca*
“Lo que sea España es una decisión que no le corresponde a ningún
Gobierno, ni partido, ni a ningún Parlamento. Corresponde a todos
los españoles”. Mariano Rajoy, 14 de diciembre de 2013
No se puede entender lo que está sucediendo en Cataluña sin partir de la quiebra del sistema institucional, político, social, cultural y económico vigente en España desde la Transición. Una quiebra que empezó antes de la crisis económica (el Estatut catalán y el cerrojazo judicial a la memoria democrática mostraron los límites de la Transición), pero que la crisis, el saqueo, el desnudo de la corrupción estructural han venido a profundizar quizás hasta un punto de no retorno. Las propias élites políticas y económicas están respondiendo a tal quiebra institucional con un giro profundamente antisocial y de tendencia autoritaria que rompe el marco del 78: la reforma del artículo 135 de la Constitución es el ejemplo más obsceno.
En Cataluña hemos visto una respuesta independentista al agotamiento del régimen del 78. Más allá de los análisis pormenorizados de tal respuesta, lo interesante es cómo ha cuajado una movilización popular amplísima en torno a una propuesta de país que rompe con las instituciones vigentes. Es en primer lugar una respuesta política rupturista en clave democrática: derecho del pueblo a tomar la decisión. Además es una propuesta que ha engullido (parcialmente) a las fuerzas políticas de orden (las encuestas están señalando inéditas caídas de CiU, PSC y PP). Es una propuesta cuya fuerza está en la movilización popular y que por tanto ha escapado a las élites políticas (incluidas las que intentan simular estar al frente) aunque tiene su claro reflejo político, electoral e institucional. Por otro lado es una propuesta que no está resultando incompatible con la aplicación de recortes neoliberales, represión policial, corrupción estructural… Es decir, que en una parte importante (no en todo) del imaginario independentista catalán aparece una ruptura lampedusiana: un nuevo estado pero en esta misma Europa y compatible con la peor cultura política del Estado español con el que se quiere romper.
En todo caso tiene una importancia mayúscula el triunfo de la idea de que rompiendo el marco institucional Cataluña saldrá de la crisis. Es una idea en parte cierta y en parte falsa: bajo este marco institucional no hay salida a la crisis, pero el mero hecho de cambiar de marco no garantiza tal salida. Sustituir La Moncloa de Rajoy por el Palau de la Generalitat de Artur Mas es la definición de cambiarlo todo para que nada cambie.
¿Tenemos en el resto del Estado algo equivalente a la independencia que permita visualizar de golpe una ruptura con las instituciones del saqueo? ¿Algo que esté hablando de proceso constituyente recurriendo a propuestas fácilmente intuibles por los sectores menos politizados pero igualmente hartos, que sufren la crisis? Mi respuesta (provisional y abierta a sugerencias mejores) es que tenemos el imaginario de la República que nos podría permitir un movimiento que aprenda de los logros de otros movimientos rupturistas y también de sus carencias. La República en España tiene la ventaja de alcanzar todo un repertorio identitario que puede resultar muy útil a la hora de movilizar: sobre todo la bandera y la memoria democrática son factores emocionales imprescindibles para un gran movimiento de masas; asimismo la oposición a los borbones tiene un gran potencial movilizador de las vísceras de un pueblo harto de corruptos que han vivido a nuestra costa llevándonos a la crisis. No es difícil vincular a los borbones con el saqueo, la corrupción y los privilegios y por tanto de alguna forma la República permitiría, con un trabajo comunicativo orientado a tal efecto, ser asociada con la salida de la crisis: frente a las élites del saqueo, República.
La República en España está asociada en una parte notable de nuestro imaginario a los logros de la II República. Incluso en algunos casos el imaginario colectivo atribuye a la II República logros mayores de los que tuvo (por ejemplo en el modelo territorial). Así, es relativamente sencillo asociar a la propuesta republicana demandas constituyentes que trascienden la jefatura del Estado y que incluyen profundas conquistas democráticas, sociales y culturales. Resulta interesante, por ejemplo, que en Salamanca una alcaldesa del PSOE haya decidido izar la bandera republicana y que el PSOE haya decidido responder expulsándola del partido: da una pista de que la propuesta republicana tiene potencial para romper las fuerzas del régimen y sustituir el eje de enfrentamiento bipartidista por un eje república vs. régimen del 78.
Por otro lado no podemos engañarnos y pensar que todo es tan fácil. Existe una cierta divergencia de facto entre los movimientos tradicionales republicanos y los nuevos movimientos sociales: es una divergencia que no se da en los objetivos sino en la organización y en el imaginario. Los movimientos apuestan nítidamente por la necesidad de un proceso constituyente y aunque no siempre explicitan el carácter republicano del resultado es una obviedad que tal proceso constituyente es incompatible con la monarquía y que supone una ruptura política cuyo horizonte busca conquistas democráticas y sociales radicales. Asimismo es una obviedad que entre la juventud movilizada y los nuevos movimientos proliferan los símbolos republicanos y se puede comprobar que cada acto público en el que participa cualquier miembro de la familia real es contestado por una movilización republicana cada vez más importante. Pero no se puede ocultar que en relevantes ámbitos sociales existe una compleja vinculación de la República más con la nostalgia que con la ilusión de futuro. Es un obstáculo cierto.
Existen múltiples análisis que demandan la puesta en marcha del proceso constituyente y la necesidad de que éste empiece por la articulación de un poder constituyente: un demos organizado desde abajo que rompa políticamente con las élites del saqueo. Lo que no hemos conseguido es encontrar la forma de articular esa voluntad que entendemos que trasciende con mucho a lo organizado hasta ahora. Existe incluso el riesgo de que las movilizaciones en la calle queden en parte del decorado de la crisis. La protesta en la calle es imprescindible, pero probablemente sea el momento de afrontar la propuesta concreta, lo cual no debe consistir sólo en su enunciado (que está expuesto como proceso constituyente al menos desde el Rodea el Congreso del 25 de Septiembre de 2012) sino en dar pasos efectivos hacia su puesta en marcha.
Hemos visto cómo algunas de las resistencias a las agresiones sociales más duras han utilizado la convocatoria de consultas populares. Así se ha hecho en Madrid en las exitosas protestas contra la privatización del Canal de Isabel II y de la sanidad pública. También en Cataluña se usaron las consultas populares (organizadas muchas veces por ayuntamientos) como primeros instrumentos de movilización. Estas consultas tienen varias ventajas: suponen un trabajo común de múltiples colectivos diversos en una lucha concreta compartida, son una puesta en práctica de la democracia como instrumento de resistencia, permiten la comunicación en la calle con miles de ciudadanos no organizados y articulan la expresión de una demanda justa haciendo partícipe de ella a miles de personas. Las consultas populares que se han organizado desde que empezó la movilización contra el saqueo han evidenciado una potencia muy superior a la prevista.
Una consulta constituyente (con una pregunta que señale los cimientos del marco institucional que queremos superar) permitiría cohesionar y movilizar el movimiento popular que necesitamos para transformar el país. Más que un instrumento de legitimación de lo que no necesita ser legitimado sería un instrumento de movilización, unidad y acción. Por otra parte una consulta hoy no tendría por qué ser sobre la pregunta ¿Monarquía o República? sino quizás sobre si es el momento de poner en marcha un proceso constituyente democrático y social y por tanto republicano. Qué pregunta, en todo caso, sería una de las cuestiones que habría que pensar y acordar si resulta interesante la propuesta de organizar consultas populares constituyentes por todo el Estado.
A partir de estas consideraciones ¿por qué no nos proponemos que el 9 de noviembre de 2014 –día fijado para la consulta soberanista en Cataluña– sea también la fecha en que desde los movimientos y organizaciones sociales, políticas, sindicales, culturales, a los foros, frentes y espacios de convergencia, a asambleas populares y grupos de trabajo del 15M y cuantos espacios rupturistas quieran llenen el país de urnas para una gran consulta popular? Para ello no sólo habría que consensuar una pregunta que ilustre la propuesta rupturista y transformadora. Habría que lograr la redacción, lo más participada posible, de muy pocos puntos de marco democrático, social y cultural de lo que entendemos por la República que proponemos conquistar mediante un proceso constituyente democrático y popular. Tendrían que ser puntos de importancia radical (derechos humanos, auditoría e impago de la deuda ilegítima…) que sean condición necesaria para que el proceso constituyente suponga un cambio real.
Cuando el viejo Marx hablaba de las “condiciones objetivas de la revolución” no podía referirse a algo muy distinto a lo que estamos viviendo. En Cataluña han canalizado las condiciones subjetivas hacia un ideal, la independencia, cuyo potencial transformador intentarán neutralizar las fuerzas conservadoras. Es en todo caso una grieta más (de las más intensas) que ha vivido el régimen del 78. Quienes no somos conservadores sino que queremos transformar la sociedad no podemos vivir el 9 de noviembre como una amenaza, sino como una oportunidad. Como decía Rajoy, lo que sea España es una decisión que corresponde a todos los españoles. En nuestra mano está. ¿Nos ponemos a ello?
* Hugo Martínez Abarca es miembro del Consejo Político Federal de IU y autor del blog Quien mucho abarca.
** Instantánea del fotógrafo Juan Carlos Lucas.
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