Todo apunta a que el pacto en las alturas, de las élites –la esencia de la Cultura de la Transición–, es la opción perseguida por el régimen. Todo apunta a una federación en la que el rey sería el jefe de Estado de varios Estados.
Guillem Martínez*
14/01/2014
1. El proceso catalán nació como una revolución democrática en 2009, en el municipio de Arenys de Munt, a través de la primera de una serie de consultas municipales, organizadas sin apoyo de partidos políticos. Este proceso era absolutamente rupturista. Es decir, consistía en la reclamación de una democracia directa, sin mediación de partidos, suponía la superación radical, sin intermediarios, del único tema político posible en la CT (Cultura de la Transición), el tema territorial, y explicitaba la construcción de políticas de abajo arriba, a través del municipio.
Por el mismo precio, era un cuestionamiento del concepto unidad nacional, fijado verticalmente en 1874, y renovado con verticalidad, sin cambios ni participación, en 1939 y 1978. Suponía, en fin, la posibilidad de acabar con el tabú de los temas indiscutibles, problemáticos y aparcados desde 1978. Era, en fin, otra agenda de lo posible, distinta a la gubernamental.
2. En 2012, el Govern de CiU asume, después de la nutrida manifestación del 11S, una parte de ese movimiento ciudadano: el proyecto de realizar una consulta sobre la independencia en Catalunya. Lo hace justo después de haber protagonizado los recortes más radicales en democracia –y de haberse negado, por cierto, a someterlos a consulta–, que sellaron el fin del bienestar en Catalunya. Es decir, un Govern desgastado y desautorizado y desprestigiado asumió una intensificación democrática a la vez que participaba en el desmoronamiento de la democracia, materializado en la reforma constitucional exprés, votada por CiU.
3. El proceso ciudadano y el gubernamental son diferentes y contradictorios. Eso queda patente en las preguntas que proponen. En los referéndums municipales, organizados por la ciudadanía, se optó por la pregunta: “¿Está de acuerdo con que Catalunya sea un Estado de derecho, independiente, democrático y social, integrado en la UE?”.
La propuesta gubernamental, en contra de esta pregunta nítida y directa, es la doble pregunta: “¿Quiere que Catalunya sea un Estado? Y, si es así, ¿quiere que sea independiente?”.
En un momento en el que en el sur de Europa el Estado democrático, social y de derecho hace agua, la pregunta gubernamental –de un Gobierno que ha participado activamente en la formulación posdemocrática del Estado– no supone una intensificación democrática, sino que dibuja la instrumentalización al uso de una demanda ciudadana.
4. Una doble pregunta en un referéndum en el que se plantea la secesión es una devaluación democrática. Consciente. Los promotores de los referéndums de Quebec han señalado ese hecho, mientras que los promotores del referéndum de Escocia han mantenido unas distancias llamativas con la propuesta gubernamental catalana.
Eso es un indicativo de que el referéndum carece, pues, de posibilidades para un rigor, validación y prestigio internacionales. Carece aún más de ello la posibilidad de unas elecciones plebiscitarias, opción sin precedentes democráticos internacionales, apuntada por el Govern ante la eventualidad de que el Gobierno no autorice el referéndum –la posibilidad más probable si se observa la cultura democrática del Gobierno–.
5. La consulta catalana, por tanto, tiene pocas posibilidades de verse realizada. El proyecto gubernamental catalán, por tanto, es un producto propagandístico para consumo interno. Tiene funciones políticas internas, la principal de ellas, mantener vivo a un Gobierno.
No es una intensificación de la democracia, es su aplazamiento. Es la apropiación gubernamental de una iniciativa ciudadana, que ya ha supuesto un éxito gubernamental: CiU es el primer partido del sur que, tras recortar la democracia, volvió a ganar unas elecciones.
6. Aparte de sus funciones gubernamentales, puede ser que el proceso no exista. Al menos, desde la firma del pacto de gobierno CiU-ERC, en el que se marcaban los tiempos a seguir hasta la consulta, el calendario se ha cumplido precariamente, salvo en sus tramos propagandísticos.
La Generalitat no ha intensificado, o ha sido incapaz de intensificar, iniciativas diplomáticas de calado. Al frente de los contactos con UE hay personas de bajo perfil. No consta, de hecho, ningún contacto directo con la UE.
Lo mismo sucede con las “embajadas”. No consta ningún contacto de la “embajada” en Berlín con la RFA. Las iniciativas internacionales más llamativas –ejemplo: una circular de Mas a diversos Gobiernos europeos– carecen de valor, itinerario y funciones. Son meramente, lo dicho, propagandísticas.
7. Pero hay otros datos políticos que indican que no existe el proceso: no ha habido pugna entre el Estado y la Generalitat para rivalizar entre sí ofreciendo derechos a la ciudadanía catalana, como sucede en los contenciosos Escocia-UK, o en el de Quebec-Canadá. Más bien, ambos Gobiernos han recortado derechos ciudadanos en direcciones parecidas.
Un Govern virtualmente secesionista no ha defendido a sus ciudadanos frente a los cambios legislativos estructurales que acaban con el bienestar y rebajan la democracia y los derechos, emitidos por el Gobierno Central. De hecho, CiU ha votado en el Congreso el grueso de esos cambios estructurales.
Por parte de la Generalitat –un Gobierno, se supone, secesionista, es decir, rupturista–, no ha habido la más mínima instrumentalización del hecho de que el régimen agoniza. Así, no se ha cuestionado la Monarquía corrupta y acosada por la Justicia y la opinión pública, no se ha cuestionado el funcionamiento corrupto de la democracia que, a través del caso Bárcenas –y el caso Palau/Ferrovial–, ha evidenciado cómo los Gobiernos y partidos venden a las empresas sus políticas.
No se ha denunciado la ausencia de soberanía del Gobierno español, sometido a instancias no democráticas, como la troika. Todo eso no ha pasado porque el Govern es parte de ese régimen y de esa cultura. No dispone de otra. Cualquier proceso que lidere, limita con ese régimen y esa cultura, que es la suya.
8. La doble pregunta –anormal en democracia, y absurda hasta el punto de que aún no se conoce el algoritmo que valide el recuento en un hipotético referéndum–, y la fecha, demasiado lejana para un referéndum del que el Govern ha anunciado que sólo se realizará bajo autorización del Gobierno central, es un indicio de que tanto la pregunta como la fecha son piezas a intercambiar en un deseado pacto intergubernamental.
El PSOE ya ha anunciado su voluntad de una reforma constitucional federal. Informes de FAES orientan sobre la simpatía del PP por esa reforma. Es la opción que ha empezado a defender el Grupo Prisa y, recientemente, el Grupo Godó, muy influyente en la formación de opinión en Catalunya.
El alto empresariado catalán y español, así como entidades financieras españolas y catalanas –las dueñas de la deuda de los partidos, que en las últimas semanas han perdonado pagos a UDC y ERC, por ejemplo–, también se ha inclinado por esa opción. Todo apunta a que el pacto en las alturas –la esencia de la CT– es la opción perseguida por el régimen.
Un nuevo pacto de élites puede volver a aplazar, por generaciones, una democracia real en la península, y ubicar a la ciudadanía en esa minoría de edad de la que no ha podido salir en los últimos 35 años. Esta opción supondrá, todo apunta a ello, cambios aparentes y mínimos en el régimen, salvo un reforzamiento de roles de la Monarquía –el sello de lo indiscutible– en una federación en la que el rey sería el jefe de Estado de varios Estados.
9. En todo este proceso, el periodismo está participando activamente, emitiendo CT. En Catalunya, es común asistir a la defensa informativa de puntos de vista gubernamentales, que avivan, frenan –modulan, en fin–, el proceso, a tenor de los intereses coyunturales del Govern.
Estos puntos de vista se polarizan con otros en los que se defiende una Constitución –ese documento definitivamente sobrepasado tras su reforma exprés, y que no defiende a la ciudadanía de las políticas contrademocráticas del Gobierno– como marco legal infranqueable y garantía de convivencia en una sociedad precarizada a niveles que, por otra parte, no amenazan ya la convivencia, sino la vivencia, la calidad de vida razonable y mínima.
El proceso catalán, instrumentalizado por el Govern, verificable en el periodismo, pero no en la realidad, suple, en los medios que lo defienden o que lo atacan, la información sobre el proceso posdemocrático en el Estado, que está acabando con derechos que han costado generaciones de represión. Una contrarreforma democrática voluminosa, sin precedentes, se desarrolla imparable mientras las tertulias –el gran género informativo español– vociferan por la unidad nacional, por el proceso que lidera un Govern, o por otros mitos culturales sobre los que descansa el régimen.
10. El régimen de la Transición sólo puede reeditar la Transición. Y eso es lo que está haciendo. Posiblemente, el final del proceso catalán puede ser el broche de oro formal, la génesis de otra Constitución que selle, a través de una forma federal de bajo perfil, los cambios que se está verbalizando el régimen a sí mismo: un Estado corporativo –en el que la empresa es voz determinante–, sin una separación nítida de poderes –como está quedando patente en los casos judiciales por corrupción que se está llevando a cabo–, sin soberanía –como atestigua la reforma exprés y otras leyes estructurales dictadas por instancias foráneas–, confesional –como apunta la ley del aborto–, autoritario –como dibuja la Ley de Seguridad Ciudadana–, con derechos laborales, sociales y personales en retroceso dramático, con una Monarquía blindada –en lo que es una metáfora del blindaje de la clase política– y con el tema territorial como único asunto de discusión posible, otra vez.
Desde 2011, partes llamativas de la sociedad están en la calle contra todo eso. El proceso catalán ha sido la única reclamación de la calle recogida por un Gobierno, instante preciso en el que dejó de ser un elemento de ruptura. La ruptura, en Catalunya, es un referéndum con pregunta clara sobre la independencia, y luego una catarata de referéndums para determinar el nuevo Estado –entre otras cosas, también para decidir su posible federación o no–. La ruptura, en España, también es una catarata de referéndums. Parece ser que eso no se producirá. O no se producirá a través del proceso catalán.
Fe de errores: En la versión inicialmente publicada de este artículo, se podía leer este fragmento: ‘Lo mismo sucede con las “embajadas”. A modo de ejemplo, la de Berlín está dirigida por una sobrina de una consellera, que ni tan siquiera habla alemán’. Contrariamente a lo publicado en diversos medios catalanes, que interpreté como fuentes, la “embajadora” no es sobrina de ninguna consellera y habla fluidamente alemán, si bien sigue sin constar ningún contacto oficial con la RFA para un Proceso de Soberanía.
http://www.eldiario.es/zonacritica/puntos-Catalunya-Espana_6_217738235.html
* Guillem Martínez es periodista y guionista de televisión. En 2012 coordinó el ensayo coral “CT o la Cultura de la Transición. Crítica a 35 años de cultura española” (Debolsillo).
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