por Granada Republicana UCAR | Oct 26, 2013 | impor
23/10/2013
Miles de españoles y españolas desearían poder indignarse porque la sentencia
de la Corte Europea de Derechos Humanos deja libres a los asesinos de sus seres
queridos después de haber cumplido una condena legal. Pero no pueden. De hecho,
miles de españoles y españolas se conformarían con haber visto juzgados alguna
vez a los verdugos de sus padres, tíos o abuelos, pero nunca los vieron. Incluso
algunos se conformarían con que los criminales admitieran su drama y pidieran
perdón. O, más aún, miles de españoles y españolas se conformarían con saber
dónde están enterradas sus madres, tías o abuelas. Pero no lo saben o no pueden
buscarlas.
No pueden porque aquellos asesinos, que empezaron a matar en 1936 y no
dejaron de hacerlo de forma oficial hasta 1975 (y extraoficialmente algunos años
más tarde), nunca fueron condenados, ni juzgados, ni pidieron perdón, ni
identificaron los lugares donde yacen sus millares de víctimas con el rostro
desencajado por el tiro de gracia. Tragarse todo ese dolor, después de haber
soportado todo aquel terror, fue el sacrificio máximo que se exigió a esos
millares de españoles y españolas en nombre de una concordia cívica sobre la que
levantar una escuálida y amnésica democracia.
Paradójicamente, los mismos que calificaron de modélica transición aquella
abnegación de los perdedores de la guerra civil y de todas las víctimas del
franquismo, los mismos que se niegan a condenar la dictadura, con una altanería
que en Italia o Alemania podría acabar en los tribunales, se encargan hoy de
azuzar el resentimiento a propósito de la sentencia que anula la
doctrina Parot.
Poco importa para ellos que los asesinos hayan sido juzgados y hayan cumplido
con creces su condena legal, ni que ETA haya entrado en la irreversible senda de
la desaparición, ni que la izquierda abertzale reafirme día a día su apuesta por
la vía política, ni que
Arnaldo Otegi –encarcelado sin haber cometido un solo
delito de sangre y dirigente clave en el cambio de rumbo del entorno abertzale-
haya pedido perdón a la víctimas.
En realidad poco importan para algunos, ni tan siquiera, las víctimas. Ellas,
como las víctimas del franquismo, o las de los GAL, el 11M o las del
crimen de Alcácer, tienen todo el derecho individual a sentir rabia, indignación,
resentimiento e, incluso, odio en sus entrañas. Pero cuando esos sentimientos,
humanamente comprensibles, se convierten en material prefabricado para carnaza
en el río revuelto de los pescadores oportunistas, el resultado es nauseabundo.
Y es que lamentablemente para la derecha española, política y mediática, las
víctimas de ETA se han convertido en el salvavidas democrático al que aferrarse
y ocultar su, en el mejor de los casos, ambigua relación con cuarenta años de
dictadura. Peor aún, la violencia de ETA les ha permitido durante estos años
legitimar las contradicciones mezquinas de la propia transición al proyectar y
equiparar éticamente como “victimas del terrorismo” a
Melitón Manzanas,
Carrero Blanco o
Ricardo Saénz de Ynestrillas con
Miguel Ángel Blanco,
Manuel Broseta o
Ernest Lluch. Así, unas veces como reclamo ideológico y otras como reclamo
electoral, las víctimas pueden acabar, cegadas por su dolor, siendo víctimas de
su victimismo.
Hace ya casi cuarenta años miles de españoles y españolas tuvieron que
aceptar una condena de olvido a cambio de un proyecto de convivencia en paz. Hoy
no esperan ver juzgados a los asesinos de sus seres queridos, ni confían en que
el Gobierno extradite a los
torturadores que reclama la justicia argentina. Solo
aspiran a poder reivindicar con orgullo la memoria de sus muertos –asesinados
por defender o aspirar a construir un régimen democrático- y, si es posible,
enterrar sus huesos en una tumba digna. Las llamadas víctimas del terrorismo
nunca han sido olvidadas por el estado ni la mayoría de la sociedad democrática,
han visto juzgados y sentenciados a los responsables de su duelo y nadie
cuestiona su derecho a la memoria. De ellos depende si quieren aportar su dolor
para, como ocurrió entonces, construir esa nueva sociedad democrática que este
país necesita con urgencia.
Cuatro años sin más muertos y el adiós a las armas definitivo de ETA supone
una oportunidad irrenunciable para asentar las bases democráticas de un nuevo
país integrador que todos los habitantes de estas tierras, viejas y castigadas,
tanto necesitamos en estos tiempos de zozobra. En cualquier caso, ellos tienen
derecho a no participar de este viaje que podemos iniciar colectivamente. Eso
sí, a quienes no podremos perdonar nunca es a todos aquellos que pretenden
utilizar su luto para frustrar nuestras esperanzas.
por Granada Republicana UCAR | Oct 23, 2013 | impor
22/10/2013
Yo no estaba contra ETA por las cosas que defendía. Algunas de las que defendió retóricamente me parecían bien (el socialismo, el ecologismo…), otras las rechazaba (defiendo la legalización de las drogas y ETA hizo durante un tiempo objeto de sus atentados a quienes acusaba de trapichear con drogas) y alguna muy principal me da bastante igual (no soy independentista, pero tampoco unionista: en todo caso defiendo que esa cuestión la decidan los vascos, los catalanes, o el pueblo que sea). Todo eso da igual. Tampoco me oponía a ETA por a quién mataba, secuestraba o amenazaba. En la mayoría de los casos no los conocía previamente, pero muchas veces los datos de la víctima eran los propios de personas que están en mis antípodas: cargos públicos del PP, miembros de las Fuerzas Armadas… También eso da igual.
No estábamos contra ETA porque defendiera lo contrario que nosotros. Tampoco porque atentara contra los nuestros.
Estábamos contra ETA porque en su lucha violaba gravemente los derechos humanos de sus enemigos. La razón por la que estábamos contra ETA, la defensa de los derechos humanos (el derecho a la vida, a la libertad, a la libertad de expresión…) es la misma razón por la que nos oponíamos a las violaciones de derechos humanos cometidos desde el Estado. No nos oponíamos a los GAL porque los hubiera puesto en marcha el PSOE ni porque quisiéramos tumbar a Felipe González sino porque defendíamos los derechos humanos y mucho más cuando el que los violaba era el Estado. Nos oponíamos al cierre de periódicos, a las torturas, a la ilegalización del tejido asociativo y de partidos políticos, a los encarcelamientos por delitos políticos… porque por mucho que el supuesto fin (que ETA echara el cierre de una vez) fuera compartido era inaceptable que el Estado violase la libertad de expresión, el derecho a la integridad física, el derecho a la asociación, la libertad política, la presunción de inocencia…
Ese mismo motivo, la defensa de los derechos humanos incluye la seguridad jurídica y que por tanto nadie sea castigado a penas superiores a las previstas cuando cometió los delitos. Este es un principio básico de un Estado de derecho, una de las cosas que diferencia un tribunal de justicia de uno de la Santa Inquisición. En España se ha vulnerado este derecho humano. Se vulneró cuando cumplió su condena
De Juana Chaos y se inventó el gobierno y convalidaron los tribunales que dos artículos de opinión en realidad escondían amenazas de muerte tan graves que merecían prolongar su estancia en prisión más de una década. Como no se podía “
construir imputaciones” (
López Aguilar dixit) para todos los criminales que fueran cumpliendo su condena (y por tanto quedando libres según los elementales principios de una justicia liberal) fueron los tribunales los que
construyeron una interpretación de la redención de las penas para detener la excarcelación de quienes habían pasado tanto tiempo en la cárcel (26 años en el caso de
Inés del Río) que según la ley tenían que pasar a la calle. Eso fue la
doctrina Parot: un intento de mantener en prisión a gente durante más tiempo del previsto cuando cometieron sus crímenes. Es decir: una violación de los principios de la justicia moderna, sometida a la razón, no a las vísceras. Era obvio que un tribunal independiente que antepusiera los derechos humanos a las presiones políticas y sociales tumbaría la retroactividad de normas penales desfavorables.
Y eso hizo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
¿Por qué estábamos contra ETA? Ayer quedó claro que algunos estaban contra ETA porque lo que defendía iba en contra de sus ideas; o porque las víctimas de sus crímenes eran
los suyos. La ola de amenazas de muerte que recibieron
compañeros como Alberto Garzón por alegrarse de que tumbaran la doctrina Parot evidencia que a una buena parte de este país no le importan las amenazas de muerte y los crímenes sino sólo si los cometen
los otros contra los propios. [Cabe recordar, por cierto, que la doctrina Parot no evitaba una impunidad que no se da en ninguno de estos casos: la gente que saldrá a la calle lleva más de 20 años en la cárcel; si alguien busca crímenes impunes que se centre en los crímenes de la dictadura o los de torturadores y asesinos de uniforme]
La defensa de los derechos humanos no se muestra con los afines. Hasta el más sanguinario criminal desea que no maten, secuestren, torturen o encarcelen ilegalmente a sus amigos, familiares, sus afines políticamente o incluso su hámster. Eso no evidencia nada: los derechos humanos se defienden cuando tocan a nuestros enemigos, a quienes están en nuestras antípodas, a quienes el cuerpo nos pediría ver pudrirse en la cárcel pero la cabeza y la conciencia democrática nos muestran que felizmente esa no es la respuesta que damos.
Estábamos contra ETA porque defendíamos los derechos humanos. Oponerse a la retroactividad de las penas más graves no nos acerca a las víctimas de esa retroactividad sino que fortalece nuestra oposición a aquellas violaciones de derechos humanos por las que nos oponíamos a ellos: evidencian que reivindicamos los derechos humanos no porque en tal o cual ocasión afecten a los nuestros sino porque nos creemos que son derechos inviolables para todos los humanos en todas las circunstancias, en todos los tiempos y en todos los lugares.
por Granada Republicana UCAR | Oct 21, 2013 | impor
La realidad y el deseo
17/10/2013
En una de sus confesiones más famosas, poco antes de pegarse un tiro en la cabeza, Mariano José de Larra afirmó que escribir en Madrid era llorar. La frase extendió después su vuelo y cambió con naturalidad sus dimensiones geográficas porque la gente identificó Madrid con la corte, es decir, con los rumbos generales de la política española. Empezamos así a repetir que escribir en España es llorar. Como Larra fue un ejemplo de escritor público, comprometido con los males de la sociedad, no me reprochará que cambie un poco la frase. Ser ciudadano en España es llorar. Llorar de vergüenza.
Es tanta la vergüenza con la que convivimos cada día que, para secarse las lágrimas, no basta con comprar todos los pañuelos de papel que venden los mendigos en los semáforos de las ciudades españolas. Quiero decir que no basta con quejarse. Hay que pasar al ataque político. Hay que tomar el Estado. Aunque la cultura neoliberal intente desacreditar la importancia del Estado, el tejido legal público sigue manteniendo un peso decisivo a la hora de regular la convivencia. Sin un Estado vergonzoso, los ciudadanos no pasaríamos tanta vergüenza cuando se habla del paro, la religión, la vivienda y el régimen bipartidista que sufrimos.
Es para llorar de vergüenza que una vicepresidenta del Gobierno se permita denunciar a 520.000 desempleados por cometer fraude con el subsidio. Lo de menos es la mentira de la cifra. Lo demás es otra cosa: el verdadero fraude que debilita la fiscalidad española tiene que ver con los impuesto de las grandes empresas. Una legislación vergonzosa permite por mil caminos la ingeniería del no pago. Y, por si faltaba algo, los inspectores de hacienda tienen una tradicional obligación de cerrar los ojos ante el fraude de los poderosos. Se facilita hasta el blanqueo del dinero defraudado. Aquí sólo se vigila al sector medio de los autónomos y a los asalariados. Ahora se criminaliza también a los españoles que, por culpa de unos gobiernos sumisos a la especulación y las instituciones financieras, sufren el paro. Es para llorar.
Es para llorar que los máximos representantes del Gobierno de España y de la Generalitat participen en una falsificación histórica como la perpetrada en Tarragona. La beatificación de los mártires de la Iglesia Católica en la guerra civil sólo es posible por culpa de un Estado que lleva años queriendo falsificar la historia de España. Pero la España del suegro de Undargarin no es la España real.
La Iglesia Católica preparó, alimentó, participó y consagró en 1936 un golpe militar feroz contra un Gobierno democrático. Después bendijo durante 40 años los crímenes y las represiones sistemáticas de la dictadura. La mayoría de los sacerdotes muertos en la guerra no fueron víctimas de su fe. Cayeron en su propio golpe de Estado y como luchadores fascistas en un asalto a la legitimidad republicana. Los que no somos partidarios de los golpes de Estado ni de la violencia sentimos cualquier muerte. Pero es para llorar el espectáculo de un país que convierte a los verdugos en héroes. Y es para llorar de vergüenza que un grupo de trabajo de la ONU haya tenido que
denunciar recientemente la dejadez de los gobiernos democráticos españoles a la hora de buscar justicia y reparación para las verdaderas víctimas del golpe militar de 1936.
Da vergüenza también que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo tenga que
paralizar el desalojo de 43 ciudadanos españoles. Da vergüenza
nuestra ley hipotecaria. Da vergüenza nuestra manera de pagar la factura de los bancos y sus malos negocios a costa de empobrecer a la mayoría de la población. Da vergüenza el sometimiento de los partidos mayoritarios a la oligarquía económica.
Es para llorar, pero no basta con llorar. Hay que tomar el Estado, cambiar las leyes que nos condenan a las lágrimas y a la vergüenza. Escribir en Madrid, en España, es hoy contener la rabia, morderse la lengua, no pasarse en la cólera destructiva, no gritar contra los que de una forma u otra, por acción u omisión, han sometido la vida ciudadana a un respirar contaminado y vergonzoso. Más que la inercia negativa, se necesitan ahora optimismo y valor para configurar una nueva mayoría, una transformación del Estado. Eso, o mirarse al espejo como Larra y
pegarse un tiro en la cabeza.
por Granada Republicana UCAR | Oct 19, 2013 | impor
17/10/2013
Decía
Foucault que el
panóptico de
Bentham tenía como principal característica que el sujeto retenido en su interior era plenamente consciente de su exposición constante a la vigilancia del poder y esto hacía que él mismo se auto-coaccionase para evitar el castigo, de tal forma que aunque el poder no se ejerciese deliberadamente, el orden se preservaría de forma automática mediante la efectiva autodisciplina del sujeto.
Ya sé, ya, que hablar del panóptico es un lugar común para algunos y no habría demandado este espacio en
La Marea para hacerlo si no hubiera sido por la profunda desazón que me produjo la columna que
Antonio Fraguas publicó en este mismo medio
hace unos días. La pregunta con la que encabezo este texto “¿a qué tenemos miedo?” es sencilla, pero no es una pregunta inocente en un país en que unos perdieron la misma guerra que
otros ganaron.
Las constituciones son la materialización formal del pacto social, que no es más que el resultado de la correlación de fuerzas entre diversos grupos de interés en un momento determinado, que encuentra una ventana de oportunidad para convertirse en la norma suprema de una comunidad política.
Dependiendo del equilibrio en la correlación de fuerzas la Constitución favorecerá más a unos que a otros y la perdurabilidad de la misma dependerá de diversos factores, pero fundamentalmente de los futuros equilibrios en la correlación de fuerzas así como de la estabilidad del sistema político fundado por la Constitución.
De modo que la idea del marco constitucional neutro es una falacia, todas las Constituciones tienen ideología, como bien dice Fraguas en su columna; los Estados Unidos, epicentro del capitalismo global, son una república con más de 225 años y 27 enmiendas en su Constitución. La cuestión es por qué consideramos que una República que defiende y promueve las instituciones del mercado capitalista sí es neutra y por tanto perdurable, mientras que una que pretenda introducir elementos correctores frente al status quo capitalista, está peligrosamente “escorada a la izquierda”.
La tan añorada República, o el proceso constituyente que la haría realidad, no es por tanto una forma de cerrar la política, eso es imposible y el siglo XX, tan rico en experiencias como en tragedias colectivas, nos lo debería haber enseñado. La demanda de una República (con toda la carga ideológica de izquierdas que tiene en este país) es una contraposición al proceso constituyente que por la vía de los hechos está imponiendo la derecha gracias a un equilibrio de poder favorable y sin un contrapoder que sea capaz de obligarla a negociación alguna.
Gran parte de la decadencia de las izquierdas frente a la revolución conservadora es consecuencia de la imposibilidad de contraponer marcos políticos alternativos a los de la derecha, más allá de reivindicar el falso paraíso perdido frente al tren arrollador de la derecha del final de la guerra fría. Es hora de construir esos marcos alternativos, y sí, de tener un proyecto de país capaz de aglutinar a una mayoría social en torno a un objetivo político alternativo al de la derecha.
por Granada Republicana UCAR | Oct 15, 2013 | impor
10/10/2013
Últimamente, en las conversaciones entre activistas sociales y políticos, es habitual encontrar un cierto abatimiento, una sensación de impotencia que probablemente no sentíamos desde el 15 de mayo de 2011. Se habla de la dificultad de sostener el ciclo de movilizaciones al nivel de los últimos años y de nuestra incapacidad para construir una alternativa político-electoral unitaria, capaz de llegar a las mayorías sociales y romper el bipartidismo. Se ha convertido en un lugar común hablar de esa ventana de oportunidad, que tenemos abierta de par en par, pero que todos sabemos que no continuará así eternamente.
Es bastante amplio el consenso en torno a que para mantener abierta la ventana necesitamos básicamente dos cosas: fortalecer el ciclo de movilización social y construir una alternativa que nos permita disputar el poder político. Pero, tras el maravilloso
impasse del 15M,
muchos de los peores rasgos de nuestras culturas políticas han vuelto a la superficie. Sabemos que el sectarismo es nuestro principal enemigo para construir un movimiento popular de amplia base y para lanzar una alternativa creíble y mayoritaria. Sin embargo, un cierto fatalismo parece atenazarnos a la hora de encarar problemas que están en nuestras manos superar.
Mi opinión es que no hay razones objetivas para este fatalismo. En cuanto al ciclo de movilización, creo que no está acabado en absoluto y que, si somos capaces de articular una agenda común, al Gobierno le espera un año durísimo en las calles. En lo que toca a la construcción de una alternativa político-electoral están llegando casi a diario noticias positivas a las que quizá no se ha dado suficiente relevancia.
En las últimas semanas se han reunido decenas de organizaciones sociales y políticas en torno a lo que se ha dado en llamar Convocatoria, un proceso que pretende trabajar para una agenda común y un programa político, con resultados por ahora muy esperanzadores. El pasado fin de semana se celebraban las jornadas de
Alternativas desde Abajo en Madrid, con objetivos parecidos. Por otra parte, las conversaciones entre las formaciones políticas de la izquierda han ido avanzando, la posibilidad de articular un frente no excluyente de las izquierdas rupturistas y soberanistas cada vez parece más cerca. Ya hay avances entre IU, ICV, Anova, CHA y Batzarre, entre otros y el proceso sigue abierto para quien quiera incorporarse. En esto, la posición de IU es muy clara: trabajar por la alianza más amplia posible.
Como es sabido, el primer proceso electoral que nos vamos a encontrar son las elecciones europeas. Parece haber dos enfoques de cara a esa cita. Por un lado están los que piensan que al ser unas elecciones percibidas como poco importantes y con un sistema electoral prácticamente proporcional, es buen momento para probar nuevas propuestas políticas e intentar conseguir representación parlamentaria. Por otro, los que pensamos que es la mejor oportunidad de derrotar al bipartidismo: evitar que PP y PSOE sean primera y segunda fuerza. En nuestra opinión
la cita más importante del ciclo electoral es esta, por su sistema electoral y sobre todo por ser la primera, con todo lo que esto puede suponer a la hora de evitar llamadas al voto útil de cara a los siguientes procesos. Además se trata de unas elecciones que tradicionalmente han tenido muy baja participación y, en este contexto, los grandes partidos van a tener muchas dificultades para movilizar sus electorados. En sentido contrario, podemos decir que un resultado mediocre de las opciones rupturistas puede recomponer la dinámica bipartidista y ser letal para los próximos procesos..Sí, crecerá la izquierda, con suerte entrará alguna nueva opción, pero nada sustancial habrá cambiado y, con toda probabilidad, tendremos bipartidismo para otros 30 años.
Es legítimo probar nuevas opciones y creemos que es muy probable que las haya. Pero -teniendo mayor o menor éxito- no nos parece que, por separado, vayan a aportar mucho al que debería ser nuestro objetivo común: la construcción de un frente de las izquierdas que abra el campo político, que se erija como un instrumento efectivo para la disputa del poder y la soberanía popular. Pues sólo la apuesta valiente por un proceso de convergencia de este calado permitirá que PP y PSOE salgan derrotados de las elecciones europeas. No se trata de medirnos o recomponer relaciones de fuerzas entre las distintas opciones alternativas, sino de convertir las elecciones europeas en un plebiscito sobre el régimen político español, situando en esta operación un nuevo marco de accionar político desde nuestro mejor terreno, desarmando las tácticas tradicionales del bipartidismo. No se vea aquí una llamada al voto útil de la izquierda en torno a IU, más bien se trata de una apelación a la unidad de fuerzas distintas pero que tenemos un objetivo común: la ruptura democrática y la apertura de un proceso constituyente.
¿De qué tipo de alternativa estamos hablando? De la que entendemos que es posible hoy y aquí. Una candidatura que vincule al mayor número de organizaciones políticas de la izquierda y que tenga un fuerte componente social. Una alternativa que cuente con los nuevos y viejos movimientos sociales, con lo mejor de nuestro sindicalismo y con las izquierdas políticas. Y, por supuesto, una candidatura con caras nuevas y referentes sociales y políticos que puedan representar el ciclo de luchas sociales que estamos viviendo. Los partidos debemos tenerlo claro, la inclusión de referentes sociales en puestos relevantes en esta candidatura no es una opción, es una obligación. Es fundamental presentar una candidatura que sea percibida como ganadora y que permita situar en el horizonte la posibilidad de un gobierno de las izquierdas y los movimientos sociales.
Se puede decir que esto que se plantea no es nada nuevo. Puede que sea así, pero sería mucho más de lo que hemos hecho nunca. Si es posible hacerlo ahora, se debe al contexto económico y social, pero muy especialmente a las trasformaciones positivas que han sufrido las fuerzas de izquierdas tras años de crisis, movilizaciones y con la irrupción del 15M. Los procesos latinoamericanos, experiencias como
Syriza o el
Front de Gauche y algunas más cercanas como
Alternativa Galega,
Izquierda-Ezkerra o
La Izquierda de Aragón pueden sernos muy útiles a la hora de construir ese nuevo sujeto político capaz de ganar.
Puede parecer un planteamiento en exceso electoralista, pero en nuestra opinión la formación de esta alternativa electoral puede ser muy beneficiosa también para reactivar el ciclo de movilización social. Ante una situación de bloqueo institucional total, en la que es casi imposible conseguir que el Gobierno ceda en nada, es importante que cada movilización particular adquiera un carácter general también, que a la reivindicación sectorial concreta se le sume la voluntad de acumular fuerzas para derribar a este régimen caduco. La esperanza de una derrota electoral del bipartidismo es clave para sostener un nivel fuerte de movilización en este contexto.
No estamos en un momento histórico cualquiera, tenemos por delante una tarea titánica: construir un movimiento popular, capaz de poner encima de la mesa un nuevo proyecto de país. Nos va la vida en ello. No nos jugamos el futuro, lo que se está disputando es el propio presente.
Una revolución al fin y al cabo se hace con
lo que se tiene a mano. Hombres viejos para
construir jóvenes sociedades. Si tienen algo
mejor que nosotros, avisen
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