por Granada Republicana UCAR | Ene 18, 2014 | impor
Todo apunta a que el pacto en las alturas, de las élites –la esencia de la Cultura de la Transición–, es la opción perseguida por el régimen. Todo apunta a una federación en la que el rey sería el jefe de Estado de varios Estados.
Guillem Martínez*
14/01/2014
1. El proceso catalán nació como una revolución democrática en 2009, en el municipio de
Arenys de Munt, a través de la primera de una serie de consultas municipales, organizadas sin apoyo de partidos políticos. Este proceso era absolutamente rupturista. Es decir, consistía en la reclamación de una democracia directa, sin mediación de partidos, suponía la superación radical, sin intermediarios, del único tema político posible en la
CT (Cultura de la Transición), el tema territorial, y explicitaba la construcción de políticas de abajo arriba, a través del municipio.
Por el mismo precio, era un cuestionamiento del concepto unidad nacional, fijado verticalmente en
1874, y renovado con verticalidad, sin cambios ni participación, en
1939 y
1978. Suponía, en fin, la posibilidad de acabar con el tabú de los temas indiscutibles, problemáticos y aparcados desde 1978. Era, en fin, otra agenda de lo posible, distinta a la gubernamental.
2. En 2012, el Govern de CiU asume, después de la nutrida manifestación del
11S, una parte de ese movimiento ciudadano: el proyecto de realizar una consulta sobre la independencia en Catalunya. Lo hace justo después de haber protagonizado los recortes más radicales en democracia –y de haberse negado, por cierto, a someterlos a consulta–, que sellaron el fin del bienestar en Catalunya. Es decir, un Govern desgastado y desautorizado y desprestigiado asumió una intensificación democrática a la vez que participaba en el desmoronamiento de la democracia, materializado en la reforma constitucional exprés, votada por CiU.
3. El proceso ciudadano y el gubernamental son diferentes y contradictorios. Eso queda patente en las preguntas que proponen. En los referéndums municipales, organizados por la ciudadanía, se optó por la pregunta: “¿Está de acuerdo con que Catalunya sea un Estado de derecho, independiente, democrático y social, integrado en la UE?”.
La propuesta gubernamental, en contra de esta pregunta nítida y directa, es la doble pregunta: “¿Quiere que Catalunya sea un Estado? Y, si es así, ¿quiere que sea independiente?”.
En un momento en el que en el sur de Europa el Estado democrático, social y de derecho hace agua, la pregunta gubernamental –de un Gobierno que ha participado activamente en la formulación posdemocrática del Estado– no supone una intensificación democrática, sino que dibuja la instrumentalización al uso de una demanda ciudadana.
4. Una doble pregunta en un referéndum en el que se plantea la secesión es una devaluación democrática. Consciente. Los promotores de los
referéndums de Quebec han señalado ese hecho, mientras que los promotores del
referéndum de Escocia han mantenido unas distancias llamativas con la propuesta gubernamental catalana.
Eso es un indicativo de que el referéndum carece, pues, de posibilidades para un rigor, validación y prestigio internacionales. Carece aún más de ello la posibilidad de unas elecciones plebiscitarias, opción sin precedentes democráticos internacionales, apuntada por el Govern ante la eventualidad de que el Gobierno no autorice el referéndum –la posibilidad más probable si se observa la cultura democrática del Gobierno–.
5. La consulta catalana, por tanto, tiene pocas posibilidades de verse realizada. El proyecto gubernamental catalán, por tanto, es un producto propagandístico para consumo interno. Tiene funciones políticas internas, la principal de ellas, mantener vivo a un Gobierno.
No es una intensificación de la democracia, es su aplazamiento. Es la apropiación gubernamental de una iniciativa ciudadana, que ya ha supuesto un éxito gubernamental: CiU es el primer partido del sur que, tras recortar la democracia, volvió a ganar unas elecciones.
6. Aparte de sus funciones gubernamentales, puede ser que el proceso no exista. Al menos, desde la firma del pacto de gobierno CiU-ERC, en el que se marcaban los tiempos a seguir hasta la consulta, el calendario se ha cumplido precariamente, salvo en sus tramos propagandísticos.
La Generalitat no ha intensificado, o ha sido incapaz de intensificar, iniciativas diplomáticas de calado. Al frente de los contactos con UE hay personas de bajo perfil. No consta, de hecho, ningún contacto directo con la UE.
Lo mismo sucede con las “embajadas”. No consta ningún contacto de la “embajada” en Berlín con la RFA. Las iniciativas internacionales más llamativas –ejemplo: una circular de Mas a diversos Gobiernos europeos– carecen de valor, itinerario y funciones. Son meramente, lo dicho, propagandísticas.
7. Pero hay otros datos políticos que indican que no existe el proceso: no ha habido pugna entre el Estado y la Generalitat para rivalizar entre sí ofreciendo derechos a la ciudadanía catalana, como sucede en los contenciosos Escocia-UK, o en el de Quebec-Canadá. Más bien, ambos Gobiernos han recortado derechos ciudadanos en direcciones parecidas.
Un Govern virtualmente secesionista no ha defendido a sus ciudadanos frente a los cambios legislativos estructurales que acaban con el bienestar y rebajan la democracia y los derechos, emitidos por el Gobierno Central. De hecho, CiU ha votado en el Congreso el grueso de esos cambios estructurales.
Por parte de la Generalitat –un Gobierno, se supone, secesionista, es decir, rupturista–, no ha habido la más mínima instrumentalización del hecho de que el régimen agoniza. Así, no se ha cuestionado la Monarquía corrupta y acosada por la Justicia y la opinión pública, no se ha cuestionado el funcionamiento corrupto de la democracia que, a través del
caso Bárcenas –y el
caso Palau/Ferrovial–, ha evidenciado cómo los Gobiernos y partidos venden a las empresas sus políticas.
No se ha denunciado la ausencia de soberanía del Gobierno español, sometido a instancias no democráticas, como la troika. Todo eso no ha pasado porque el Govern es parte de ese régimen y de esa cultura. No dispone de otra. Cualquier proceso que lidere, limita con ese régimen y esa cultura, que es la suya.
8. La doble pregunta –anormal en democracia, y absurda hasta el punto de que aún no se conoce el algoritmo que valide el recuento en un hipotético referéndum–, y la fecha, demasiado lejana para un referéndum del que el Govern ha anunciado que sólo se realizará bajo autorización del Gobierno central, es un indicio de que tanto la pregunta como la fecha son piezas a intercambiar en un deseado pacto intergubernamental.
El PSOE ya ha anunciado su voluntad de una reforma constitucional federal. Informes de
FAES orientan sobre la simpatía del PP por esa reforma. Es la opción que ha empezado a defender el
Grupo Prisa y, recientemente, el
Grupo Godó, muy influyente en la formación de opinión en Catalunya.
El alto empresariado catalán y español, así como entidades financieras españolas y catalanas –las dueñas de la deuda de los partidos, que en las últimas semanas han perdonado pagos a UDC y ERC, por ejemplo–, también se ha inclinado por esa opción. Todo apunta a que el pacto en las alturas –la esencia de la CT– es la opción perseguida por el régimen.
Un nuevo pacto de élites puede volver a aplazar, por generaciones, una democracia real en la península, y ubicar a la ciudadanía en esa minoría de edad de la que no ha podido salir en los últimos 35 años. Esta opción supondrá, todo apunta a ello, cambios aparentes y mínimos en el régimen, salvo un reforzamiento de roles de la Monarquía –el sello de lo indiscutible– en una federación en la que el rey sería el jefe de Estado de varios Estados.
9. En todo este proceso, el periodismo está participando activamente, emitiendo CT. En Catalunya, es común asistir a la defensa informativa de puntos de vista gubernamentales, que avivan, frenan –modulan, en fin–, el proceso, a tenor de los intereses coyunturales del Govern.
Estos puntos de vista se polarizan con otros en los que se defiende una Constitución –ese documento definitivamente sobrepasado tras su reforma exprés, y que no defiende a la ciudadanía de las políticas contrademocráticas del Gobierno– como marco legal infranqueable y garantía de convivencia en una sociedad precarizada a niveles que, por otra parte, no amenazan ya la convivencia, sino la vivencia, la calidad de vida razonable y mínima.
El proceso catalán, instrumentalizado por el Govern, verificable en el periodismo, pero no en la realidad, suple, en los medios que lo defienden o que lo atacan, la información sobre el proceso posdemocrático en el Estado, que está acabando con derechos que han costado generaciones de represión. Una contrarreforma democrática voluminosa, sin precedentes, se desarrolla imparable mientras las tertulias –el gran género informativo español– vociferan por la unidad nacional, por el proceso que lidera un Govern, o por otros mitos culturales sobre los que descansa el régimen.
10. El régimen de la Transición sólo puede reeditar la Transición. Y eso es lo que está haciendo. Posiblemente, el final del proceso catalán puede ser el broche de oro formal, la génesis de otra Constitución que selle, a través de una forma federal de bajo perfil, los cambios que se está verbalizando el régimen a sí mismo: un Estado corporativo –en el que la empresa es voz determinante–, sin una separación nítida de poderes –como está quedando patente en los casos judiciales por corrupción que se está llevando a cabo–, sin soberanía –como atestigua la reforma exprés y otras leyes estructurales dictadas por instancias foráneas–, confesional –como apunta la ley del aborto–, autoritario –como dibuja la Ley de Seguridad Ciudadana–, con derechos laborales, sociales y personales en retroceso dramático, con una Monarquía blindada –en lo que es una metáfora del blindaje de la clase política– y con el tema territorial como único asunto de discusión posible, otra vez.
Desde 2011, partes llamativas de la sociedad están en la calle contra todo eso. El proceso catalán ha sido la única reclamación de la calle recogida por un Gobierno, instante preciso en el que dejó de ser un elemento de ruptura. La ruptura, en Catalunya, es un referéndum con pregunta clara sobre la independencia, y luego una catarata de referéndums para determinar el nuevo Estado –entre otras cosas, también para decidir su posible federación o no–. La ruptura, en España, también es una catarata de referéndums. Parece ser que eso no se producirá. O no se producirá a través del proceso catalán.
Fe de errores: En la versión inicialmente publicada de este artículo, se podía leer este fragmento: ‘Lo mismo sucede con las “embajadas”. A modo de ejemplo, la de Berlín está dirigida por una sobrina de una consellera, que ni tan siquiera habla alemán’. Contrariamente a lo publicado en diversos medios catalanes, que interpreté como fuentes, la “embajadora” no es sobrina de ninguna consellera y habla fluidamente alemán, si bien sigue sin constar ningún contacto oficial con la RFA para un Proceso de Soberanía.
por Granada Republicana UCAR | Ene 12, 2014 | impor
El Mundo
12/01/2014
Un español cualquiera enfrenta el insomnio. Durante un rato ha estado viendo la televisión y en ella ha aparecido un juez proclamando que el sistema está completamente podrido, que el país se está saldando de mala manera y que los responsables de la corrupción y de la ruina, esas dos primas cercanas, están amañándolo todo para salir de rositas. El juez investigó a un ex alto banquero, le intervino el correo electrónico y leyéndolo sacó petróleo acerca de cómo se manejaba el dinero y se tomaban decisiones estratégicas en una entidad financiera que acabó exigiendo un rescate multimillonario y, de rebote, la puesta en almoneda del país y de los derechos de sus habitantes.
El juez, que envió al ex banquero a prisión preventiva, está encausado por tal motivo, y el español cualquiera se pregunta si se halla ante un hombre acorralado que trata de salvarse como puede de un error que cometió, que es como lo presentan sus adversarios, o si por su boca estará diciéndose la gran y ominosa verdad que muchos intuyen, que alguna voz musita y a veces grita la calle, pero nadie acierta, en fin, a hacer valer.
Si lo que el juez dice fuera cierto, el español cualquiera piensa que se habría llegado a una terrible disyuntiva: o la ciudadanía acata ser burlada, estafada y despojada, por incapacidad para impedirlo, o de lo contrario, si no está dispuesta a pasar por ahí, busca una forma efectiva de revolverse contra quien, siempre según ese relato, le habría enajenado la soberanía. No hay tercera vía, tal y como se plantea el conflicto: limitarse a seguir tuiteando el descontento equivale a resignarse a que sus causas permanezcan intactas. Los tuits, al final, no mueven otra cosa que la facturación de las operadoras telefónicas.
En el silencio de la madrugada, el español cualquiera sopesa el delicado concepto que se ha colado en su pensamiento: revolución. En el pasado, no cabe duda, las revoluciones tuvieron sentido e incluso éxito. Algunas de ellas se veneran como fundacionales de estados de primer orden: desde los Estados Unidos (que llaman Revolution a su lucha por la independencia) hasta la República Francesa. Pero hoy, cuesta imaginarlas. Y menos en España, un país que hizo tantas y al que tan mal le salieron, con más sangre que logros. La mansedumbre del español se alimenta de su indolencia y del miedo genético a la algarada estéril y a su posterior represión, a los que viene a sumarse la distracción característica del hiperinformado ciudadano occidental.
Sin poder dormir, el español cualquiera acaba curioseando, por debilidad, lo que se cuece en ese Twitter que tanto contribuye a la dispersión y la inercia. Y ve que en Burgos, por
segunda noche consecutiva, los vecinos del barrio de
Gamonal se han echado a la calle para plantar cara a la policía. Fotos de contenedores ardiendo, cargas. Los vecinos protestan, dicen los medios, porque no quieren que una calle del barrio se convierta en bulevar. Ocho años atrás ya pararon de esa forma, al parecer, un aparcamiento subterráneo. Así leído, parece una pataleta, una reacción desproporcionada. Busca un poco más y encuentra una octavilla de los manifestantes: lo que les indigna es que la operación tiene un coste de veinte millones de euros y que hay responsables políticos que van a lucrarse, dicen, con una obra que no atiende a ningún interés público perentorio.
La noche anterior ya hubo incidentes, con un saldo de diecisiete detenidos y una decena de policías heridos. Y el español cualquiera vuelve a dudar. La
Primavera Árabe comenzó con la protesta de
un vendedor ambulante. ¿Son esos fuegos de Burgos un primer atisbo de revolución de la España adormecida?
El insomnio, ya se sabe, desdibuja a menudo las cosas.
por Granada Republicana UCAR | Ene 7, 2014 | impor
05/01/2014
Ni la propaganda ni los buenos oficios de los cirujanos pueden obrar milagros. Cuando los responsables de la Casa Real sólo pueden ofrecer como argumento de recuperación el hecho de que el rey podrá reanudar a lo largo de 2014 su “agenda internacional” de viajes es que no hay mucho más margen para actuar dentro de nuestras fronteras. El prestigio de la monarquía continúa cayendo. Lo peor para los monárquicos es que la única alternativa pasaría por un hecho tan dramático y por tanto improbable como la abdicación. Podemos esperar por tanto muchos años de decadencia.
El último sondeo conocido, publicado el domingo por El Mundo, añade un titular más a esa pendiente. Casi el 70% de los encuestados no cree que Juan Carlos I pueda recuperar el prestigio perdido. La opinión pública ya ha dado su veredicto y cerrado el último capítulo de su reinado. A partir de ahí, sólo se puede ir hacia abajo. Por definición, un monarca tiene limitada la capacidad de intervenir en los asuntos de interés público. Eso le beneficia (su imagen no se vio especialmente dañada en épocas anteriores de crisis de la política) y al mismo tiempo le perjudica (en caso de necesidad, tiene pocos instrumentos a su alcance). En la situación actual, es difícil saber qué puede hacer el rey para corregir estos números. Los discursos son una herramienta tan habitual como de escasa efectividad.
En la encuesta, sólo el 41% hace un balance bueno o muy bueno de su reinado. Eso deja un 56% con una opinión regular, mala o muy mala. No es muy aventurado suponer que los primeros miran más al pasado que al presente. Los segundos piensan más en el presente y en el futuro. El deterioro producido en los dos últimos años ha sido espectacular. Entonces el porcentaje de los que le concedían un balance positivo era el 76,4%, según otro sondeo del mismo periódico. Es una hemorragia que no puede deberse sólo al caso Urdangarin. De ahí que pensar que vaya a detenerse cuando se dilucide la investigación penal del yerno del rey sólo sea un ejercicio de imaginación poco creíble.
A la pregunta que el CIS no se atreve a hacer (sobre el apoyo a la monarquía “como forma de Estado”), en este sondeo un 49,9% se posiciona a favor, frente a un 43,3%, “seis famélicos puntos” en expresión de El Mundo. El periódico debe de contar con datos sobre la opinión de los más jóvenes (sobre la abdicación dice que está a favor el 78% de las personas de entre 18 y 29 años), pero prefiere ocultarlos de forma pudorosa. Algunos podrían indigestarse con el roscón de ¿Reyes?
Incluso se podría decir que ese 49,9% es una nota demasiado optimista como para creérsela. En diciembre de 2011, El País publicó un sondeo que daba
un porcentaje casi idéntico. Antes de Botsuana. Antes de todas las informaciones que implican a la infanta Cristina en los negocios sucios de su marido. Seamos misericordiosos y pensemos que es difícil comparar encuestas hechas por empresas diferentes con distintas metodologías. Seamos misericordiosos y algo ingenuos.
La Casa Real apuesta todos los números al fin de la instrucción judicial del caso Urdangarin. Eso explica las declaraciones del jefe de la Casa Real,
Rafael Spottorno, que ha reclamado en público al
juez Castro que concluya el sumario fin,
porque es un “martirio”. Es probable que la Zarzuela ya no esté preocupada por la suerte de Urdangarin e incluso que le convenga un castigo en forma de pena de prisión. Pero estos comentarios son una forma evidente de presión, más grave que la defensa hecha hasta ahora de la hija del rey y del
secretario de las infantas.
La mayor parte de la clase política y de los medios de comunicación reaccionará de la forma acostumbrada ante este sondeo (la agencia Efe ni se ha atrevido a enviar a sus clientes un resumen de la encuesta de El Mundo como hace con todos los sondeos que se publican en la prensa nacional). Mirarán para otro lado o se lanzarán como fieles cortesanos contra el juez Castro (ya lo han hecho antes) sin saber que no servirá de nada. Esa defensa numantina de la institución no ha dado resultado. Hay que recordar que periódicos como El País llegaron a decir que era
“estrambótica la suposición de que el rey no tiene derecho a unos días de asueto y ocio, cualquiera que sea la dureza de la crisis económica”, en relación al viaje a Botsuana, o que un directivo de ABC dijo indignado que en ningún caso el rey debía disculparse por tal error, justo antes de que el propio monarca lo pusiera en evidencia. Sus argumentos para atacar a Castro han sido igualmente estériles.
En estos dos años en que el prestigio de la institución ha ido cayendo sin remisión, el rey no ha conseguido librarse de los efectos de la crisis política y económica del país. Sus discursos han acompañado los mensajes del Gobierno, a veces de forma inevitable y otras con declaraciones que no le hacen ningún bien. Si el jefe de Estado cree que puede
convalidar con sus palabras decisiones que no gozan del apoyo de la opinión publica, no es extraño que esta última le pase factura. Además, el discurso oficial ha continuado impertérrito: el rey puede forjar consensos, promover grandes acuerdos y hasta “mediar” (que así tituló ABC
en el titular más nefasto que se pueda imaginar para los intereses de la monarquía).
Todo eso cuestiona su legitimidad porque su implicación en el juego político, por más que se presente en tonos ditirámbicos, resulta en una merma de su neutralidad, sin la cual sencillamente no puede ser rey. Y es increíble que
algunos de sus cortesanos no sean conscientes de esto último.
El discurso de Nochebuena del monarca fue bastante decepcionante al abundar en las generalidades que se esperan en este tipo de mensajes. Sólo una frase destacó del resto: “Para mí, la crisis empezará a resolverse cuando los parados tengan oportunidad de trabajar”. Fue una de las pocas frases que parecían estar escritas pensando en los intereses de los ciudadanos, no de los políticos. Es decir, poner el listón alto en el debate sobre la recuperación económica y no olvidarse de las víctimas de la crisis. Que parezca que te preocupas más por la suerte de los parados que por el impacto de la crisis en las instituciones.
Sin embargo, no se pueden quitar las manchas a un leopardo. En el discurso, el rey insistió en defender las virtudes del sistema político nacido de la Constitución porque hay gente que lo olvida “cuando se proclama una supuesta decadencia de nuestra sociedad y de nuestras instituciones”.
Supuesta decadencia. La Casa Real continúa en el estado de negación de la realidad.
por Granada Republicana UCAR | Ene 5, 2014 | impor
20/12/2013
Durante el último año he contrastado a menudo estados de ánimo con extranjeros hermanos de lengua y con españoles emigrados en cuyos rostros he visto la claridad de la decisión. Ya en el avión de regreso, nada más mirar de reojo la portada de los diarios, las sensaciones empiezan a cambiar de signo. La luz peninsular, graciosamente indecisa, entre europea y africana, proporciona un minuto de ilusión, pero tarda poco en dejar paso a la sombría impresión de retornar a un estado de cosas gris y amenazador, que se confirma con el primer informativo. Las noticias transmiten una sensación de estancamiento insoportable, de recaída en una especie de castigo divino. Me refugio en la distancia de la curiosidad etnográfica para anotar esta observación: la naturaleza en mi país tiene virtudes que se apagan en cuanto alzan la voz sus nativos.
Al caudal obtenido por procedimientos ilegítimos, puesto a salvo en paraísos fiscales y ratificado por el apaño legislativo, la negra avaricia de nuestras élites puede añadir en la columna de su haber el desánimo completo de la sociedad española. La especulación que se apodera del bien común no solamente ha desangrado la economía y aflojado el pulso del cuerpo social, sino que, al pretender hacer pasar por bueno un estado corrupto, ha dejado al país sin espíritu, literalmente desalmado. He aquí el efecto más temible de la crisis. En otras latitudes la maldad actúa sin máscara, pero en España aspira a ser bendecida por un carcomido derecho de señorío, a justificar el sometimiento de las clases populares y la apatía de los jóvenes con una democracia de cartón piedra que se publicita en imágenes digitalizadas.
La pérdida anímica de la sociedad española tiene sobrados precedentes históricos: en el bandolerismo primitivo, en la corrupción de la nobleza aliada con la delincuencia, en el anhelo de fortuna desmedida, en el
desprecio por los oficios manuales, en el ideal imposible de la
limpieza de sangre, en la exaltación de la fe reducida a espectáculo. Pero está a punto de consumarse precisamente cuando los españoles parecíamos haber llegado por primera vez a un consenso para poner remedio a nuestros males atávicos. Un falseamiento paulatino de los artículos de la Constitución relativos al estado social libre y de derecho, a la soberanía popular, a la separación de poderes, a la nación de naciones, está al cabo de lograr lo que no pudieron siglos de absolutismo, la cansina alternancia en el gobierno de los partidos burgueses y las dictaduras militares.
La explicación de estos hechos es simple, aunque de intrincada apariencia, y debe ser urgentemente compartida con las jóvenes generaciones tanto en casa como en la escuela. El sistema de partidos ha protegido la alternancia excluyente de la derecha tradicional con la socialdemocracia, garantizándose el beneplácito inicial de los nacionalismos conservadores, que luego acaban por pasar factura. El predominio de los partidos de gobierno, tanto a nivel estatal como autonómico, se sostiene sobre dos pilares fundamentales: la especulación financiera y la manipulación de la opinión pública. Los especuladores financian a los partidos de los que obtienen contratos prometedores, los partidos favorecen a los grupos mediáticos afines, los grupos mediáticos aprovechan su influjo para engrosar las cuentas de sus directivos.
Esta circulación del poder no constituido influye poderosamente sobre el voto, que es el único modo de participación democrática, y secuestra la soberanía popular, obligándola a pasar por el aro de la filiación clientelar. No hace falta perder mucho tiempo en discusiones sobre formas del estado que son mero decorado de teatro: vivimos sometidos a una oligocracia financiera, partidista y mediática. Quien no participa en el reparto de favores económicos, de cargos públicos o de horas de entretenimiento deportivo, está virtualmente fuera del sistema. Si todavía dispone de un puesto de trabajo, gracias a un oficio ajeno a la especulación, a la política de ámbito nacional o local, a los operadores de comunicación, está seriamente amenazado de perderlo, por muy liberal y respetable que sea su profesión.
Algo parecido ocurre en la mayoría de los países occidentales que nos han proporcionado el modelo, pero aquí el cerco que amenaza a la democracia se estrecha rápidamente debido a algunos factores determinantes: la apropiación de las estructuras sociales por parte de las élites más voraces y la calculada dependencia de la judicatura o de la Agencia Tributaria respecto del ejecutivo agravan las consecuencias de la cesión de la soberanía popular en manos de los partidos mayoritarios, de quienes los financian ilegalmente, de los medios que encubren la manipulación de la opinión pública bajo un ligero y pegajoso barniz de independencia informativa.
La mentira se ha convertido en sinónimo del quehacer político, justificada por las técnicas de imagen y por los índices de audiencia. Son incontables los casos en que los responsables públicos mienten sin recato en los medios de comunicación o en las audiencias judiciales y, cuando sus mentiras son puestas al descubiertο, prosiguen tranquilamente en sus cargos. Cada vez es más difícil que la verdad se abra paso en la política española. Los jueces que se atreven a plantar cara a la corrupción se ven obstaculizados o apartados de sus funciones. En particular quienes ponen el dedo en la llaga de la banca que ha servido para expoliar y endeudar a las comunidades locales, corrompiendo a sus funcionarios, extendiendo la red de la infamia por las cuatro esquinas del mapa.
Por si esta barbarie que ha desangrado el país fuera poca cosa, el partido en el Gobierno —principal responsable, aunque no único, en el diseño de esa estructura dispuesta para el saqueo— pretende no solo quedar impune modificando las leyes a su medida, sino extender definitivamente el alcance de la especulación privada a las áreas más sensibles del bien común. Imaginemos el porvenir de la sanidad y de la educación en manos de empresarios como los que han saqueado las cajas, a los que hay que rescatar mientras multiplican sus ingresos millonarios, prestos a vender a la primera de cambio su mercancía a intereses foráneos, aún más voraces y experimentados en hundir empresas en aras de la libertad de mercado.
La reforma laboral nos engaña al pretender que va a crear nuevo empleo. Su objetivo principal es aligerar los costes del despido libre, el secundario repartir empleo precarizado. La destrucción masiva de empleo se debe al estallido de la
burbuja inmobiliaria, que lo creó de forma artificial, pero también al hecho de que las nuevas tecnologías tienden a suprimir tareas y oficios tradicionales. Para crear empleo saneado y durable habría que inventar empresas nobles, abrir para las energías jóvenes cauces prometedores, más anchos que el deporte de élite, si bien no exentos de pagar impuestos. La ciencia y la tecnología tendrían que aliarse con las humanidades y las artes —que representan nuestra mejor tradición sin que la Constitución las reconozca— y atraer estudiantes extranjeros hacia nuestras viejas universidades. Eso no parece entrar en las miras de la nueva ley de educación. El país no tiene energía para inventos. Ni para reconocerse a sí mismo.
No es exagerado decir que nuestro país está, más que desanimado, desalmado por la falsedad, por la falta de conciencia social e histórica, por una apariencia de democracia que amenaza con derrumbarse, que intenta sostenerse con medidas autoritarias dictadas por el miedo. Miedo al reflujo de la verdad, a las previsibles reacciones populares, a la inmigración proveniente de los países más pobres. Se desvían del alcance de los jueces sanciones desmesuradas contra la libertad de expresión, en nombre de la seguridad exclusiva de los servidores de la plutocracia; se arman barreras crueles en las fronteras, que no pretenden sino contentar a los señores de Europa con el llamativo color de la sangre. Tanto celo se pone en proteger los privilegios de las élites que los propios arietes de las finanzas tienen que corregir el ardor de sus cancerberos.
Una temible arrogancia de larga tradición en España proclama que es natural la desigualdad entre los hombres, mientras hace todo lo posible por aumentarla artificial e ilegalmente. Privatiza el bien común, pero nacionaliza agujeros bancarios e infraestructuras deficitarias. Habla sin respeto de «izquierda indigente» y encarece la inteligencia de un sistema de mercado que funciona por automatismos más bien primarios. Su orgullo de casta se apoya en un razonamiento bastardo, que falsea la prueba concluyente. Su concepto de sociedad consiste en fortalecer a la minoría dirigente en edad productiva y en mantener a la mayoría cerca de un umbral de pobreza graduable a voluntad. Es un concepto de sociedad sin futuro.
Esto ya no es un asunto de izquierdas o de derechas. La posibilidad de buscar otro horizonte está en manos de todos, pero principalmente en las vuestras, chavales, cualquiera que sea la educación que hayáis recibido. Tal vez podáis evitar, con un nuevo concepto de generosidad respetuosa, que nuestros lares pierdan el ánima para siempre. Vuestros hermanos mayores ya están buscándose la vida en el extranjero, son el renovado exilio de la ilusión, de la creación y del pensamiento hispanos. Cuando me encuentro con ellos en ciudades del Viejo o del Nuevo Mundo, me reciben con la misma alegría cualquiera que sea su comunidad de origen. Eso me hace pensar que quizá un país que pierde el alma pueda empezar a rehacerse en la imaginación de los que se han visto obligados a marcharse. La pregunta, chavales, es si vosotros queréis crecer en un país desalmado. Si respondéis que os da lo mismo, yo también emigro. Y si me viera atrapado por el hechizo de las luces y de las sombras peninsulares, emigro al menos con el pensamiento, me quedo como ausente entre vosotros.
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